El reloj está corriendo para el actual modelo administrativo que rige a la Zona Franca de Punta Arenas. Con el contrato de la actual concesionaria, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), vigente hasta 2030, en Magallanes ya está creciendo el debate sobre las bases de la nueva licitación para la empresa que se adjudique la operación durante los próximo 30 años, un hito que redefinirá el futuro comercial y económico de la zona extrema.
Mientras autoridades regionales y la actual administradora han destacado el millonario aporte al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los trabajos de expansión del recinto, algunos consejeros regionales han planteado cuestionamientos. Por su parte, el senador Karim Bianchi acusa que el recinto perdió su espíritu original, convirtiéndose en un "centro comercial", con elevados costos operativos que encarece los precios para los consumidores.
"El cheque" zona franca
Durante su reciente cuenta pública, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, entregó un firme espaldarazo a la actual gestión del recinto. “Quienes conocen la Zona Franca de Iquique saben que no tiene comparación”, señaló la autoridad, destacando el continuo crecimiento del espacio, que en los próximos meses incorporará un paño de 11 hectáreas adquirido a la Fuerza Aérea.
Flies valoró lo que se ha dado en llamar como el "cheque de Zona Franca", el pago que hace la concesionaria al gobierno regional, y que en 2025 superó los $ 4.500 millones. “Quien contrata gente es Zona Franca, es uno de los principales inversores. Todos los procesos productivos de la región pasan por aquí”, afirmó, adelantando que ya están en análisis los pasos a seguir de cara al término del contrato, donde la meta es lograr incorporar el ámbito de los servicios.
Karim Bianchi, senador por Magallanes
Quién paga
Uno de los más críticos a la actual operación ha sido el senador por Magallanes, Karim Bianchi, quien cuestiona el peso financiero que deben asumir los emprendedores para operar en el recinto y ahora está llamando a una participación activa de todos los actores para elaborar las nuevas bases de la licitación.
“Hay muchas cosas que se cobran hoy día para quienes son usuarios y que, en definitiva, encarecen los costos” comentó en entrevista con DF Regiones. “Los negocios más chicos van rotando porque simplemente no aguantan la presión de los cobros que tienen hoy día con esta empresa inmobiliaria, en gastos operativos de guardias, publicidad y aseo”, advirtió el parlamentario.
Para Bianchi, el millonario aporte que destacan la concesionaria y el gobernador tiene una lectura muy distinta. “Ese cheque que se entrega al Gobierno Regional lo termina pagando la gente; no es ninguna donación. Los costos se van hacia lo que la gente compra”.
En esa línea, el senador aboga por replantear de raíz la figura para los próximos 30 años, sugiriendo evaluar un modelo público-privado o una administración estatal directa a través de Corfo, similar a la experiencia en Iquique (Zofri), para evitar que las ganancias se queden en manos de un rentista inmobiliario.
“Tenemos un gran centro comercial, pero no tenemos una Zona Franca en cuanto a regular los precios. Hay que avanzar hacia una de servicios para poder competir con Uruguay o Panamá, pero bajando los costos. Es un lindo mall, pero no es una Zona Franca”, concluyó.
$4.713 millones aportó la Zona Franca al gobierno regional en 2025.
SRI reivindica transparencia
Por su parte, en SRI responden a los cuestionamientos con cifras y defienden la vigencia del actual formato. La concesionaria argumenta que el recinto triplicó sus visitas, con más de 10 millones de personas en 2025, y que la superficie arrendada creció 2,27 veces, alcanzando los 223 mil metros cuadrados.
Según sus balances, el aporte fiscal en 2025 llegó a $ 4.713 millones, con un acumulado de más de $ 43.500 millones desde 2008, y las ventas de los locales anotaron un récord histórico de $ 300 mil millones, multiplicando por cuatro el registro inicial de la concesión.
Frente a las exigencias de transparencia y fiscalización, SRI recalca que su estructura de costos responde a una metodología objetiva, sujeta a la revisión de la Comisión de Seguimiento del GORE. "La transparencia no es una aspiración sino que una obligación contractual que ya se cumple", señalaron a DF Regiones desde la empresa administradora, destacando que hoy generan 2.775 empleos directos.
Para el próximo ciclo, la concesionaria presiona por un cambio legislativo fundamental. Desde 2018 impulsan la creación de una "Zona Franca de servicios", lo que implicaría reformar el DFL N°2 de 2001 para ampliar el giro hacia la tecnología, servicios profesionales, salud y trading de commodities, elevando la competitividad del modelo frente a otros regímenes francos internacionales.
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