El blanqueo de capitales comenzó a regir ayer y hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de que los contribuyentes, tras exteriorizar la tenencia de dólares sin declarar en el país o en el exterior, ya sea en efectivo o como producido de la venta de bienes, ingresen esas divisas al país y regularicen su situación frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La Ley 26.860 permite exteriorizar dólares no declarados sin tener que precisar el origen de los fondos. La meta es sumar al menos US$ 3.000 millones antes de las elecciones legislativas de octubre. No obstante, las ambiciones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, duplican esa cifra.
Para ingresar al blanqueo, los contribuyentes deberán ingresar indefectiblemente las divisas en el país a través de una entidad bancaria.
Esta opción libera de penalidades cambiarias o tributarias, y de toda otra acción civil, penal y administrativa, salvo lo atinente al régimen que persigue el lavado de dinero.
No se deberán presentar declaraciones juradas rectificativas ante la AFIP, y toda diferencia patrimonial se incorporará en las declaraciones juradas de 2013, que se presentarán entre abril y mayo del año próximo.
La gran diferencia con la anterior “amnistía fiscal”, que se aprobó en diciembre de 2008 y se implementó durante 2009, es que en aquella ocasión había que pagar un impuesto único de hasta 8%, mientras ahora los fondos que ingresen quedan eximidos de todos los impuestos. Incluso el bono Cedin (Certificado de Depósito para Inversión) seguirá exento de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Asimismo, no se pagará el impuesto al cheque por bancarizar el ingreso de los fondos.
Debutan certificados convertibles en dólares
Acciones, bonos, cheques de pago diferido, fideicomisos, todo podrá ser comprado y vendido contra los certificados de depósitos convertibles en dólares (Cedin), el medio de pago que debutó ayer y que promete revolucionar, al menos en una primera instancia, el clásico bimonetarismo argentino producto de décadas de incertidumbre financiera.
Lejos ya de la ambición por pesificarlo todo, la apuesta del gobierno es, ahora, a "cedinizarlo". Según pudo averiguar El Cronista, esta semana, Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantendrá una reunión con las máximas autoridades de los mercados para avanzar en este sentido. Vanoli viene de habilitar, la última semana, la cotización del Cedin en todos los mercados del país. También podrán ser negociados en bancos y casas de cambio.
Por esta vía se busca también sumarle recursos al mercado bursátil local, diezmado en los últimos años por la desaparición de las administradoras de fondos de pensiones como inversionistas institucionales y también la aplicación del encaje a los capitales golondrina que sigue vigente. Hoy 90% de las operaciones con acciones argentinas se realizan en el exterior, principalmente en Nueva York.
Incentivos en juego
Si bien los estudios tributarios medianos y grandes recibieron hasta ahora pocas consultas de interesados en el blanqueo, ya se perfila que recurrirían a la exteriorización quienes tienen problemas ante la AFIP, ya sea porque enfrentan una fiscalización o porque saben que tienen, por ejemplo, por salidas no documentadas “ventas en negro” y quieren tener la seguridad de que, ante una inspección, podrán optar por aplicar lo blanqueado a esa evasión.
Lo que se puede blanquear es solamente dólares, ya sea que se tengan en el país o depositados en el extranjero, en ambos casos al 30 de abril de 2013. También se pueden blanquear dólares por bienes que se hayan tenido en negro en el exterior y que se vendan luego de ser exteriorizados, aunque sea después del 30 de abril pasado.
A cambio del ingreso de los dólares, se deberá optar por la suscripción de dos bonos nominados en dólares: el Cedin y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (Baade), que también cuenta con una versión denominada Pagaré.
Los Cedin buscan impulsar la construcción y el sector inmobiliario, mientras los Baade intentarán captar fondos para la inversión pública, principalmente por infraestructura en el sector energético.
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