El Gobierno de Bolivia identificó a 15 empresas estatales en "estado crítico" por sus pérdidas acumuladas y prepara un plan de reestructuración para frenar el costo que estas compañías representan para las finanzas públicas, en medio de la recesión económica que atraviesa el país.
De acuerdo con un informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) -dependiente del Ministerio de la Presidencia-, el conjunto de empresas públicas acumula pérdidas patrimoniales por 12.700 millones de bolivianos (unos US$ 1.257 millones). De ese total, 5.100 millones de bolivianos (cerca de US$ 505 millones) corresponden a las 15 compañías consideradas de mayor riesgo.
Entre las firmas con la situación más delicada figuran, según las autoridades, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la operadora de transporte Mi Teleférico, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Siderúrgica del Mutún y el ingenio azucarero San Buenaventura, además de otras compañías creadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2025.
"Estafa histórica"
El informe de la OFEP también consigna que las empresas públicas recibieron 26.000 millones de bolivianos en créditos y aportes de capital. El jefe de gabinete y ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó esa inversión como una "gran estafa" para el país.
"Más que un error histórico, fue una estafa histórica para el país (…) Son cifras inimaginables y si ponemos eso en términos de hospitales, de educación, de programas de lucha contra la pobreza, es algo que realmente es inaceptable; ha sido una gran estafa", afirmó el ministro.
Reestructuración, capital privado y cierres
Lupo precisó que las empresas consideradas estratégicas -como YLB- seguirán bajo control del Estado, aunque serán sometidas a procesos de reestructuración, y que un grupo reducido podría incorporar capital privado mediante esquemas de asociación público-privada.
Respecto del resto, sostuvo que las compañías deficitarias constituyen una carga para las finanzas públicas y que aquellas sin viabilidad deberán cerrarse. Cada ministerio -explicó- ejecutará el plan de acción correspondiente a las empresas bajo su administración.
El futuro de las empresas públicas se ha instalado como uno de los principales ejes de la discusión económica en Bolivia, en un contexto de crisis fiscal y escasez de recursos. El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que el Estado ya no puede seguir financiando compañías deficitarias y plantea una transformación del aparato empresarial público, con el argumento de que esos recursos podrían destinarse a áreas como salud o educación.
En la vereda contraria, organizaciones sociales y sectores afines al MAS defienden la continuidad de las empresas estatales como fuente de empleo y de provisión de bienes y servicios en regiones con baja presencia de la iniciativa privada. Advierten, además, que los cierres podrían traducirse en despidos y en una mayor dependencia del capital privado en áreas sensibles de la economía.
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