La presencia de Hacienda. Esa fue una de las principales condiciones de los funcionarios del Registro Civil en paro, para destrabar la movilización que se arrastra ya por 36 días. Y esa condición ayer fue concedida por el gobierno que sumó a Hacienda a las negociaciones que llevaba Justicia.
Así, en horas de la tarde un asesor de Teatinos 120 arribó a las dependencias de Justicia para reunirse con la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz. En la ocasión, el Ejecutivo aumentó la oferta inicial de $1.400 millones anual es para bonos por desempeño y productividad en el servicio y que había puesto sobre la mesa en la primera etapa de negociaciones. La nueva oferta fue rechazada por los trabajadores de la Región Metropolitana, y hoy se votará en regiones, ante lo cual se entregará una respuesta oficial de los funcionarios.
Esta nueva concesión del gobierno -la primera fue negociar mientras continuase el paro- se suma a que Hacienda también se abrió a llevar a cabo de inmediato una mesa de trabajo para analizar la situación de sueldos y sistemas de bonos de los funcionarios y no en diciembre como se había dicho en un comienzo.
Todo ello, cuando asoman los primeros flancos de críticas, tanto desde la Nueva Mayoría como en el mismo gobierno, a la poca presencia que había tenido el ministro Valdés en el conflicto, negándose sistemáticamente a entablar puentes de diálogo, bajo la premisa de la estrechez de la billetera fiscal.
El mismo Valdés fue quien en horas de la mañana de ayer, tras participar del comité político en donde se analizó la coyuntura provocada por el paro, quien dijo que estaba dispuesto a sumarse al diálogo: "Se verán qué cosas se pueden hacer en este diálogo, pero pensamos que no es bueno, como dijo la propia presidenta del gremio (Nelly Díaz), que esto no es sólo un problema de recursos, es bueno dejar de usar a la ciudadanía entre medio de esto, tener un diálogo directo con una mesa de trabajo, pero atendiendo que la ciudadanía necesita que se preste el servicio", y agregó que "siempre hemos tenido un rol activo, porque el Gobierno es uno; ahora nos vamos a juntar con la ministra Blanco para ver los próximos pasos".
En el comité político también se aclaró que no había existido ningún compromiso previo por parte del Ejecutivo, como se insistió por parte de los funcionarios: "El Gobierno informó las propuestas que se han entregado, no ha habido ningún compromiso previo de antes como dijo la presidenta del gremio, eso no es efectivo. La propuesta del gobierno es buena, responde con creces al planteamiento definitivo de los trabajadores", expresó el presidente de la DC, senador Jorge Pizarro. En la cita se concluyó que el gobierno debía redoblar esfuerzos para acabar con la movilización debido al tremendo desgaste que estaba provocando en la ciudadanía.
Negociación sector público
En la cita con los presidentes de partido, Valdés informó que es necesario revisar la regulación que existe en el sector público para las negociaciones salariales, debido a que el marco actual no cumpliría con todas las necesidades, según comentó uno de los asistentes a la reunión.
En el gobierno creen que se podría abrir la posibilidad de que cada administración pueda negociar directamente con sus órganos superiores las demandas que los aquejen.
El portavoz de Palacio, Marcelo Díaz, expresó la necesidad de que bajo este contexto se inicie un debate técnico: "Las movilizaciones que hemos visto en el último tiempo, en particular la del Registro Civil, plantean la urgencia del debate, que es complejo. Llegó el momento de abrir una discusión sobre la regulación de la negociación en el sector público, porque lo que hemos visto es que la ausencia de una regulación apropiada terminan pasando la carga y la factura a la gente", expresó tras la reunión.
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