El fin de semana pasado, el presidente electo José Antonio Kast presentó al elenco de la segunda línea que tomarán las riendas del país el próximo 11 de marzo. Se trata de 39 profesionales –en su mayoría independientes- de entre los cuales hay 15 abogados; pero sólo cinco de ellos dará el salto desde el mundo privado a la administración pública, sin escalas.
Según la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado es deber de él o los subsecretarios de cada cartera ministerial coordinar la acción de los órganos y servicios públicos del sector, actuar como ministros de fe, ejercer la administración interna del ministerio y cumplir las demás funciones que señale la ley.
Mientras la mayoría de los otros diez abogados ya tiene la experiencia de haber transitado, mayoritariamente en más de una ocasión, por la función pública, se han dedicado a la academia, se han asentado en fundaciones, o por la razón que sea, nunca han practicado el derecho desde un estudio, casi todos estos profesionales entran a un mundo nuevo, salvo el subsecretario de Trabajo.
Si bien Gustavo Rosende deberá dejar el estudio donde es socio, Rosende & Hauach Abogados, no es un novato en el mundo público, ya que antes –durante el segundo período de Sebastián Piñera- se desempeñó como jefe de gabinete de la subsecretaría que en el Gobierno de Kast le corresponderá liderar. Con todo, su foco en la práctica privada ha estado orientada a dirigir un grupo especializado en materias laborales, corporativas y de familia, principalmente.
El desafío del mundo público
Otro de los profesionales, que hasta ser designado en el cargo trabajaba ejerciendo el Derecho desde el mundo privado, en este caso, sin un paso previo por la administración del Estado, es quien liderará la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler (49). Hasta su nombramiento, era socio senior en el estudio internacional Dentons, al que ingresó hace poco más de 18 años y cuyas áreas de práctica pasan por el derecho corporativo, fusiones y adquisiciones; y litigación civil, comercial y laboral, entre otras.
Mientras que su par de Obras Públicas; Nicolás Balmaceda (53), deberá dejar de lado una larguísima carrera de casi 31 años en Barros & Errázuriz, donde había alcanzado también el estatus de socio. Sus áreas de práctica estaban en infraestructura, banca y finanzas, y, fusiones y adquisiciones, materias que se relacionan con la cartera a la que fue invitado. El estudio que deberá dejar publicó, este 11 de febrero, una breve despedida: “De parte de todo el equipo de B&E, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Esta designación reconoce una sólida trayectoria y la decisión de poner esa experiencia al servicio del país, desde el Ministerio de Obras Públicas”.
La única mujer de este grupo es la abogada Romina Garrido (43), quien aterrizará en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En su caso dejará el estudio Prieto, donde dirigía la práctica de protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, cargo que lideró por más de dos años.
Y, por último, José Ignacio Vial (39), llegará a la Subsecretaría de Medio Ambiente. Hasta ser designado en la cartera ejercía el derecho como asociado senior en el estudio Barros Silva Varela & Vigil, donde sus áreas de práctica pasaban por el derecho público, regulatorio y ambiental. Por lo que parece una designación ajustada a las necesidades de esta secretaría de Estado.
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