PS amplía querella a Empresas Penta acusándola de no tomar resguardos para evitar delitos de cohecho
El abogado Enrique Aldunate, junto a parlamentarios, presentó la acción judicial. Además, como parte querellante, no estarían abiertos a aceptar un juicio abreviado.
Por: Víctor Hugo Moreno
Publicado: Jueves 8 de enero de 2015 a las 05:00 hrs.
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Un paso más allá dio ayer el Partido Socialista como parte querellante en el caso del fraude al FUT, al ampliar el primer recurso legal presentado en octubre pasado, apuntando , ahora, directamente a la empresa Penta y al ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera Pablo Wagner.
En el primer caso se establece en la querella que la investigación debe determinar si la empresa involucrada tomó o no resguardos para evitar que en el seno de la organización se cometieran eventuales delitos de cohecho o soborno.
Según explicaron desde la parte querellante, la ley ordena que las empresas nombren un funcionario encargado de la prevención de este tipo de ilícitos, y en ese plano- se expone en el texto legal- "la responsabilidad penal de la empresa surge por la conexión entre el ilícito y un modelo de organización que caracteriza a la entidad y que es defectuosa".
En esa línea, el abogado querellante, Enrique Aldunate, explicó las posibles infracciones en las que habría incurrido la firma, como persona jurídica, en el caso que se investiga: "acá Empresas Penta ha faltado a sus deberes de vigilancia de sus funcionarios y ha posibilitado la concreción de los delitos de soborno que han generado los ilícitos que están siendo materia de investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad", Y agrega que lo que se está planteando es que se apele a la Ley 20.393 que establece las responsabilidades penales de las personas jurídicas ante los delitos de lavados de activos, financiamiento del terrorismo, y delitos de cohecho: "La novedad está en que hay antecedentes que no existían, un modelo organizacional adecuado que tomara todas las medidas de resguardos en la empresa", explicó el profesional.
Las penas que arriesgaría la empresa son la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado; la pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado; una multa a beneficio fiscal o la disolución o cancelación de la personalidad jurídica, ésta última en el caso del mayor de los delitos que sería lavado de activos.
Así también, la querella se amplió hacia el ex subsecretario Wagner al acreditarse, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía tras la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que durante varios años había recibido ingresos por parte de las empresas Penta, mientras ejerció como autoridad pública.
Juicio abreviado
La defensa de los imputados en este caso estaría optando por la estrategia de lograr un acuerdo pre judicial entre las partes, o bien un juicio abreviado. Abogados penalistas concuerdan en que lo se busca es conseguir la mayor cantidad de atenuantes, una de ellas la colaboración, y por ello la declaraciones voluntarias que están realizando estas semanas los involucrados. Ahora bien, en el caso de solicitarse un juicio abreviado, explican abogados, las partes querellante pueden oponerse, en este caso el Consejo de Defensa del Estado o el PS. Los mismos profesionales explican que si el CDE se opone, el juez podría rechazar la solicitud de un juicio abreviado, pues el supuesto daño al patrimonio fiscal no estaría siendo reparado del todo. Distinto el caso del PS, el cual- pese a ser parte querellante- no tendría cómo acreditar un daño mayor.
El diputado del PS, Leonardo Soto, adelantó que su partido se opondrá a una salida que no sea un juicio oral y transparente: "creemos que debiera haber juicio oral y público y no estamos de acuerdo con sistemas abreviados, para sacar rápidamente de la escena esta situación. Existen antecedentes suficientes para que exista un juicio y esa es la mirada de nuestra bancada socialista", señaló.
PC pide Inhabilitar a diputados UDI
En medio de las repercusiones del caso Penta y a raíz del correo electrónico que se conoció este martes, en que uno de los socios controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín, le planteaba al timonel de la UDI, diputado Ernesto Silva, sus dudas acerca del proyecto de ley de Isapres, el diputado comunista Daniel Núñez anunció ayer que ingresó una solicitud ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja para que se pronuncie sobre eventuales conflictos de interés que podrían enfrentar los parlamentarios gremialistas en el desempeño de su labor legislativa y la posibilidad de que se inhabiliten de las votaciones cuando sea necesario.
Núñez explicitó que "a raíz de la liberación del expediente judicial, se ha sabido de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente y candidatos que recibieron financiamiento irregular. Ya antes algunos diputados habían reconocido que recibieron aportes reservados de empresas como Banmédica. Lo más grave de todo es que también hemos conocido por correos electrónicos que no son neutros, que pretenden orientar opinión y coludirse entre el presidente de la UDI, Ernesto Silva, y Carlos Eugenio Lavín, para adoptar posturas frente a un debate que afecta los intereses de las empresas Penta. Nosotros encontramos que aquí hay indicios de colusión".
En todo caso, el diputado comunista admitió que esta medida podría no tener resultados, dado que la Comisión de Ética es encabezada por un parlamentario gremialista y otro casos que se le han presentado llevan casi un año en proceso y aún no hay resultado.
fiscal sigue tomando declaraciones
Pasas las 18:00 horas de ayer se retiró de las dependencias de la Fiscalía Regional Oriente, el ex senador de la UDI y asesor de Empresas Penta, Carlos Bombal. El otrora parlamentario había llegado al lugar -un poco antes de las 16:00 horas- acompañado de su abogado Jorge Bofill, para declarar de manera voluntaria ante el fiscal, Carlos Gajardo, a cargo de la causa en la que se investiga al holding por la presunta entrega irregular de dinero para financiar campañas políticas.
Según los antecedentes del caso, el ex director de Penta, Hugo Bravo, habría señalado que un cercano al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, habría gestionado con Bombal que se entregaran $ 4 millones a la fundación Ciudad Justa, vinculada al titular de la cartera.
En horas de la mañana, en tanto, declaró ante Gajardo el gerente general corporativo del Grupo Penta, Manuel Antonio Tocornal.
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