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Publicado: Viernes 25 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
El director general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Andrés Rebolledo, inició ayer -y extenderá hoy- las primeras reuniones con cerca de 30 organizaciones gremiales y representantes de la sociedad civil, ligados a los sectores de propiedad industrial (farmacéutico, semillas y denominación de origen), acceso a mercado y derechos de autor e internet, en un esfuerzo que busca transparentar el proceso de negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP), a través de la conformación del denominado “Cuarto Adjunto Amplio”.
Esta iniciativa, dijo Rebolledo, “es fundamental ya que permite ir conformando nuestra posición país al negociar en las rondas”.
Asimismo, manifestó que en dicho marco “se está haciendo un balance general de lo que se está negociando en el TPP, es decir, se está transparentando cuáles son las áreas más sensibles, y también se está informando cuál ha sido la visión de Chile en las tratativas”, indicó.
El “Cuarto Adjunto Amplio” es una instancia de transparencia y participación lanzada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que tiene como objetivo propiciar la activa participación de gremios y entidades de la sociedad civil de forma permanente, tanto durante las reuniones de negociación del Acuerdo, como en la entrega de información necesaria para la preparación de dichas reuniones.
Esta intensa agenda de reuniones que se inició ayer, se suma al encuentro realizado hace un par de semanas con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en cuyo marco se generó un diálogo acerca del capítulo laboral del TPP.
En la oportunidad, además, se hizo la presentación de Daniel Álvarez Valenzuela, abogado y ex director legal de ONG Derechos Digitales, quien desde el 1 de abril se desempeña como Asesor en Transparencia y Apertura de la negociación del TPP en la Direcon, y se lanzó un sitio web que entrega información detallada de la negociación.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.