La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado y que terminó con la destitución de la senadora socialista Isabel Allende, tiene de cabeza al oficialismo, ya que a esta situación se sumó el verdadero escándalo que generaron las declaraciones de la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya.
La profesional admitió, en el marco de la comisión investigadora de la Cámara que analiza la truncada compraventa, admitió que conocía la norma que inhabilita a los parlamentarios y sostener contratos con el Estado.
Pues bien, los dichos de Moya generaron no sólo una virulenta reacción en las filas opositoras, sino también en el propio oficialismo, particularmente en el Partido Socialista (PS), desde donde algunos dirigentes y parlamentarios han pedido abiertamente la salida de la abogada.
Sus declaraciones no sólo podrían concluir con su paso por La Moneda, pese a la defensa que ha hecho el Gobierno a través de los ministros del Interior, Álvaro Elizalde, y de la Segpres, Macarena Lobos –interpelados ambos por el senador socialista Alfonso De Urresti sobre el tema-, sino también afectar más directamente al presidente Boric, de quien Moya sería muy cercana, según comentan en el Congreso.
No descartamos ninguna opción y en la medida que el Presidente de la República no tome, con la determinación que requiere, las decisiones políticas de apartar de su cargo y sanciona, porque ni siquiera se hizo un sumario en Segpres a quienes participaron de esto, nosotros no renunciamos a ninguna herramienta constitucional.
Ello, porque desde Renovación Nacional (RN), el diputado Andrés Longton, no descartó utilizar la acusación constitucional en contra del mandatario, justamente a partir de las declaraciones de Moya. Consultado al respecto, el legislador opositor, señaló que “nos sorprende que ella sigua en su cargo, a pesar de que dos ministras y una senadora abandonaron su cargo”; por lo que “no descartamos ninguna opción y en la medida que el Presidente de la República no tome, con la determinación que requiere, las decisiones políticas de apartar de su cargo y sanciona, porque ni siquiera se hizo un sumario en Segpres a quienes participaron de esto, nosotros no renunciamos a ninguna herramienta constitucional”.
De hecho, para Longton “es poco admisible y poco creíble que su círculo cercano no haya sabido respecto de esta inhabilidad constitucional (…), entonces, creemos que si aún no ha dejado su cargo es porque hay otras implicancias que ni ustedes ni yo aún conocemos”.
¿Los costos los paga el PS y no Moya?
Dados los costos que ha pagado particularmente el Partido Socialista (PS) en esta crisis, muchos de sus representantes se han sumado a la presión sobre Boric para que pida la renuncia a Moya, en lo que se han sumado a la oposición. Con la destitución de la senadora Isabel Allende, la tienda sufrió un duro golpe del que, por lo que comentan algunos de sus representantes en privado, esperan resarcirse de algún modo. De ahí que el tono de algunos parlamentarios de la colectividad vaya en alza con el paso de los días, incluso con críticas directas a Boric.
Este mal ánimo en el socialismo estaría influyendo en la decisión de las filas opositoras de avanzar o no en una acusación constitucional.
Es así como el diputado socialista Marcos Ilabaca denunció que “Francisca Moya encarna el rol de la negligencia absoluta al interior de la Segpres”, por lo que “yo esperaría que diera un paso al costado o que el Gobierno le pidiera la renuncia”, sentenció.
Incluso planteó que lo ocurrido en la comisión investigadora de la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende en relación con las declaraciones de la profesional, “solamente demuestra el actuar doloso que existió detrás de todo este proceso”; ya que, desde su punto de vista, “no es posible que la principal asesora legislativa de la Segpres haya tenido conocimiento de las implicancias que podría arrastrar un contrato de estas características y no haya hecho nada”.
Cuando dicen que no van a sacar a la señora Moya, que tiene claras vinculaciones con lo que ocurrió, con esta crisis, quiere decir que prima más el amiguismo y eso es negativo. Un presidente siempre tiene que gobernar con leales no con incondicionales. Ese es el problema que tiene este Gobierno.
Ilabaca contextualizó que por el actuar “negligente”, incluso “doloso”, de Moya han “pagado las consecuencias por parte del Gobierno” dos ministras y una senadora “de la talla de Isabel Allende que ha sido destituida”, por tanto, fue categórico en cuanto a que la jefa de la División Jurídica de la Segpres “no puede seguir ejerciendo su rol y debería dar un paso al costado, así como todos aquellos que se vieron involucrados dentro de esto”.
Por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza lamentó que tanto los ministros Lobos y Elizalde hayan ratificado a Moya en su cargo, valorando su trabajo, dado que “teniendo conocimiento claro de las inhabilidades no puso las alertas correspondientes”, a lo que añadió que por ello “es inaceptable que (Moya) continúe en el cargo”.
Y fue un paso más adelante, pues dijo esperar el Gobierno sepa “ponderar” la situación tan “dolorosa” por la que ha pasado el PS, en alusión a la destitución de Allende; pero aclaró que “todavía no la ponderan, yo no he visto una autocrítica del Presidente, lamentablemente. Yo quiero y respeto mucho al Presidente Boric, pero aquí tiene que haber una autocrítica”. Acto seguido advirtió que “cuando dicen que no van a sacar a la señora Moya, que tiene claras vinculaciones con lo que ocurrió, con esta crisis, quiere decir que prima más el amiguismo y eso es negativo. Un presidente siempre tiene que gobernar con leales no con incondicionales. Ese es el problema que tiene este Gobierno”.
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