Uno de los instrumentos con los que cuenta el Servicio de Impuestos Internos (SII) para perseguir la elusión es la Norma General Antielusiva (NGA).
La mayoría de los casos detectados por el SII provienen de contribuyentes de la Regional Metropolitana Oriente, como Las Condes, Providencia, Vitacura y Lo Barnechea. La elusión implica el uso de medios legales con el único propósito de reducir el pago de impuestos, lo que puede ser cuestionado ante tribunales.
Dicho mecanismo establece que la autoridad podrá cuestionar operaciones o actos de contribuyentes cuyo único propósito -a ojos del SII- es reducir la carga tributaria, valiéndose de medios legales para aquello.
Esto último es lo que diferencia a la elusión de la evasión, la cual es derechamente ilegal.
Para probar el acto elusivo, el servicio tiene que presentar una denuncia ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), donde el contribuyente podrá defenderse de la imputación del fiscalizador.
Si bien la norma existe desde 2015, fue en la administración encabezada por Hernán Frigolett, entre 2022 y 2024 cuando comenzó a aplicarse de manera más habitual la NGA. Y aquello se ha mantenido durante la etapa de Javier Etcheberry como director.
Acorde con las cifras del organismo, durante el primer trimestre de este año se presentaron nueve requerimientos ante los TTA para calificar actos como elusivos.
Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII. Foto: Julio Castro
Una cifra que tiene como referencia que durante todo 2024 se ingresaron 22.
Asimismo, el perjuicio fiscal involucrado ahora en las denuncias asciende a cerca de US$ 20 millones.
Bajo un prisma de más tiempo, se observa que en los últimos cuatro años se han cursado 63 reclamos ante la justicia especializada, que involucran un perjuicio a las arcas fiscales superior a los US$ 128 millones.
22 denuncias se presentaron en todo el año pasado.
La entidad también ha solicitado a los TTA la aplicación de la sanción establecida en el artículo 100 bis del Código Tributario a los asesores tributarios de los contribuyentes requeridos, que han participado en el diseño y planificación de los actos denunciados como constitutivos de elusión.
La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, explicó que la Ley de Cumplimiento Tributario les permitirá reforzar este trabajo, “al entregarnos nuevas herramientas que permitirán fortalecer los esfuerzos para prevenir y controlar la elusión, como la multijurisdicción y la fiscalización centralizada de grupos empresariales”.
Las causas
Según los datos del SII, los requerimientos presentados en el primer cuarto del presente ejercicio abordan principalmente los riesgos elusivos de dilución patrimonial y la generación de pérdidas de parte de contribuyentes, con el consecuente incremento en las devoluciones de Pago Provisional de Utilidades Absorbidas (PPUA).
US$ 128 millones es el daño al Fisco denunciado vía NGA desde 2021.
En los últimos cinco años, del total de denuncias, lideran el ranking las diluciones patrimoniales que afectan la carga impositiva a nivel de impuesto a la renta o a las donaciones, con 33 casos; las reorganizaciones para evitar la generación de mayores valores, con cinco presentaciones; y la generación de pérdidas que aumentan la devolución de PPUAs, también con cinco ingresos a los TTA.
Los escritos también abordan riesgos elusivos como el traslado de utilidades a jurisdicciones con carga impositiva menor (dos casos); el uso de estructuras de financiamiento para evitar el reconocimiento de utilidades en Chile (tres casos); y la prestación de servicios a través de sociedades en las que el socio que presta los servicios participa con otras personas, sin reconocer la totalidad de los ingresos que genera en el ejercicio de su profesión (un caso).
Zona oriente lidera
Las estadísticas del SII dan cuenta del origen geográfico de los casos reclamados ante la justicia especializada.
Así, 34 de ellos se originan en revisiones de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente (que supervisa a comunas como Providencia, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea), con impuestos adeudados por más de US$ 82 millones, seguido por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur (Independencia, Recoleta y Santiago Centro) con seis requerimientos, y la Dirección Regional de Valparaíso con cinco.
Los casos han sido detectados a partir de diversos procesos que lleva adelante Impuestos Internos, en programas de fiscalización, solicitudes de devolución de impuestos, y revisiones de término de giro, entre otros.
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