El acuerdo en materia de pensiones alcanzado entre el Gobierno y Chile Vamos no ha dejado a nadie indiferente en el país, y tampoco a agentes del extranjero.
Este miércoles, el banco estadounidense JP Morgan publicó dos reportes con respecto al proyecto, cuyas indicaciones se presentaron la semana pasada en el Congreso.
En un informe elaborado por los analistas Diego Celedón, Emy Shayo Cherman y Adrian E. Huerta, del equipo de Latam Equity Research, los autores resaltan que “las medidas actualmente esbozadas parecen más ortodoxas que las inicialmente propuestas hace casi un año”.
En el documento, JP Morgan analiza los impactos de posibles aumentos del 1%, 4% y 6% en las cuentas de capitalización individuales.
Los resultados indican que tales aumentos darían lugar a entradas mensuales adicionales al sistema de aproximadamente US$ 70 millones, US$ 280 millones y US$ 420 millones al sistema de pensiones, respectivamente en cada caso. En consecuencia, las entradas netas anuales aumentarían en US$ 850 millones, US$ 3.400 millones y US$ 5.100 millones, respectivamente, lo que “supondría un apoyo para los mercados de capitales”, dice el reporte.
A su vez, JP Morgan resalta que la industria de pensiones en Chile “ha desempeñado durante mucho tiempo un papel crucial en el desarrollo de los mercados de capitales locales, proporcionando inversiones a largo plazo en diversas clases de activos”.
A diciembre de 2024, el sistema gestiona ahorros por un total de US$ 186.400 millones.
“Según nuestras estimaciones, bajo el sistema actual con una tasa de cotización del 10%, los fondos de pensiones reciben aproximadamente US$ 710 millones mensuales, mientras que alrededor de US$ 390 millones salen del sistema cada mes para el pago de pensiones. Esto se traduce en unas entradas netas mensuales de unos US$ 320 millones”, se lee en el informe del banco estadounidense.
Y destacaron el alto apoyo que mostró la reforma en la última encuesta Cadem.
“Un logro significativo”
En otro informe, el economista jefe para el Cono Sur de JP Morgan, Diego Pereira, señaló que el reciente acuerdo sobre la reforma de las pensiones entre el Gobierno y la oposición de centro-derecha “constituye un logro significativo, especialmente teniendo en cuenta el polarizado clima político de los últimos años”.
Y aunque ningún sector está plenamente satisfecho con el resultado, “ambas partes pueden señalar ciertos logros que justifican el compromiso”, agregó.
De acuerdo a Pereira, “el acuerdo de reforma de las pensiones incluye varios aspectos positivos”.
En primer lugar, el economista destacó que el proyecto aumenta el ahorro para futuras pensiones, mejorando las tasas de reemplazo hasta cerca del 70%, así como el tamaño y la profundidad del mercado de capitales nacional, resentido tras los retiros de fondos aprobados durante la pandemia.
En segundo lugar, Pereira dijo que el régimen sigue confiando a la administración profesional del ahorro intertemporal la mayor parte del aumento marginal de las cotizaciones, manteniendo la titularidad de los trabajadores. Además, los jubilados actuales se beneficiarán de pensiones más elevadas gracias a la cotización a la seguridad social y al aumento de la Pensión Universal Garantizada (PGU) a $ 250 mil, mencionó.
“Sin embargo, algunos aspectos podrían afinarse, sobre todo en lo relativo a la sostenibilidad fiscal de la reforma”, declaró Pereira.
A la larga, la propuesta “requerirá una contribución fiscal anual de aproximadamente US$ 3.200 millones, con unos costos totales potencialmente superiores si se tiene en cuenta la disminución de los ingresos. Asimismo, registrar los flujos del Tesoro por debajo de la línea como pasivos contingentes, en lugar de incorporarlos como deuda del Tesoro, parece una decisión más centrada en evitar que la deuda del Tesoro supere el umbral del 45% del Producto Interno Bruto (PIB)”, añadió.
Además, aunque no se incluye en el proyecto de ley, la posible creación de una administradora de fondos de pensiones estatal “podría alterar significativamente las implicaciones de las subastas de contribuyentes, socavando potencialmente el papel de los administradores privados”, reparó el economista uruguayo.
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