Dar mayor acceso a los funcionarios públicos para desempeñarse de manera remota fue el tema que ayer se tomó una parte importante de la discusión del proyecto que establece el reajuste salarial de los empleados fiscales.
¿La razón? Algunos parlamentarios ingresaron indicaciones al proyecto para facilitar la modalidad de trabajo a distancia entre los trabajadores estatales, propuestas que fueron duramente criticadas por sus pares de oposición, quienes cuestionaron que si bien debe existir la posibilidad, debe ser con ciertos límites y condiciones.
Inicialmente, el proyecto ingresado por el Gobierno facultaba a los jefes superiores de servicio de las subsecretarías y de los servicios dependientes de los ministerios o que se relacionen a través de ellos, a los rectores y rectoras de las Universidades del Estado y los Centros de Formación Técnica del Estado, al contralor general de la República y a los gobernadores regionales, para establecer trabajo remoto en sus servicios respectivos.
“Cuando una persona está completamente en régimen de teletrabajo y sobre todo si es una mujer, no tiene posibilidad de poder ascender, no la ven, es invisible”, planteó la ministra Jeannette Jara.
Dicha facultad permite eximir del control horario hasta un 20% de la dotación máxima de personal. Pero para algunos parlamentarios, esta propuesta era limitante para los funcionarios, por lo cual se presentaron algunas indicaciones para ampliar esta modalidad de trabajo a los funcionarios cuidadores.
Los diputados Daniella Cicardini, Andrés Giordano, y otros, por ejemplo, presentaron una indicación que planteaba que el jefe superior deberá ofrecer a la persona trabajadora que durante la relación laboral tenga a su cuidado de un niño, niña o adolescente hasta 14 años o que tenga a su cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, “que toda o parte de su jornada diaria o semanal, pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo remoto o a distancia, en la medida que la naturaleza de sus funciones o permita".
El diputado Henry Leal, UDI, por su lado, criticó al Gobierno por “poner letra chica” en el proyecto respecto a este tema, acusando de discriminar a los funcionarios públicos. “Se está avanzando en un proyecto que le da al mundo privado este derecho. ¿Pero por qué se hace una diferencia con los hijos de trabajadores del mundo público?”, planteó.
Una opinión similar entregó la diputada Marta González, PPD, quien si bien planteó que el trabajo público y privado son distintos, tanto de forma como de legislación, planteó que “eso no puede llevarnos a generar discriminaciones en las madres ni discriminaciones en las familias”, dijo agregando que también presentó una indicación para facilitar esta modalidad en el sector público.
En la vereda contraria, el diputado republicano, Agustín Romero, si bien planteó estar de acuerdo con la modalidad de teletrabajo, planteó que facilitarlo mucho puede abrir una puerta para un “mal uso”.
“Yo no quiero ser cómplice de entregarle una posibilidad a que los gobernadores regionales tengan el 20% de su dotación en la calle haciendo campaña por ellos. No me quiero hacer cómplice. Perdónenme que se los diga, pero pienso lo peor de los Gobiernos Regionales en este minuto”, criticó.
El diputado RN, Miguel Mellado, por su lado, planteó interrogantes respecto a cómo se entragarán las herramientas para que los funcionarios teletrabajen, cómo se verá el tema de los horarios, y qué beneficio en materia de ahorro traería esta modalidad para el erario público.
La respuesta del Gobierno
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue la que respondió primero a los planteamientos de los parlamentarios.
En su intervención, Jara recalcó que el trabajo remoto actualmente sí existe en el sector público, y planteó que si bien es una modalidad que funciona, se debe tener sobre la mesa los otros efectos que genera.
“Cuando una persona está completamente en régimen de teletrabajo y sobre todo si es una mujer, no tiene posibilidad de poder ascender, no la ven, es invisible. Entonces, hay varios elementos aquí en juego. Por eso el Estado tiene el teletrabajo regulado de esta forma”, planteó Jara.
Pero no se quedó allí, y agregó “a los que acusan discriminación entre el sector privado y el sector público, déjenme decirles que el teletrabajo en el sector privado va a ser posible en las funciones que son teletrabajables, al igual que hoy día son los pilotos (del sector público). Pero hay otro elemento en esta discusión, y es que aquí el servicio público da una atención a la ciudadanía y alguien tiene que atender a los ciudadanos que pagan sus impuestos para que nosotros trabajemos para ellos”, agregó.
Con todo, tras varias opiniones y debates, el Gobierno terminó ingresando una indicación en la cual se estableció que, al momento de definir quiénes se desempeñarán de forma telemática, "los jefes de servicios considerarán como criterios de selección los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad del sector público, y la contribuición para mejorar la calidad de la vida laboral, familiar y personal, en particular, en lo relativo a las funcionarias o funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años de edad o una persona con dependencia severa".
Los funcionarios que se encuentren en la situación antes mencionada, deberá acreditarla mediante certificado de nacimiento que acredite la filiación respecto de un niño o niña; o la resolución judicial de un tribunal que otorga el cuidado personal de éstos o éstas; o el certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.
La comisión, finalmente, terminó aceptando y aprobando esta propuesta.
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