Luego de que el Gobierno presentara su proyecto de negociación colectiva multinivel, al interior del mundo empresarial se activó toda una ofensiva contra la propuesta, la cual, acusan, no se hace cargo de los problemas actuales del mercado laboral.
A las críticas que ya han entregado entidades como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), su sumó la mirada de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) entidad desde la cual cuestionaron las implicancias del proyecto de ley.
A través de un análisis, el gremio comenzó criticando el momento en el cual se presentó la propuesta. Así, apuntaron a que el proyecto ingresó al Congreso en un contexto de ciclo histórico marcado por incrementos del salario mínimo.
“Entre 2022 y julio de 2024, el salario mínimo pasó de $ 350.000 a $ 500.000, lo que implica una variación acumulada de 42,86%. Con los ajustes ya legislados para 2026, la variación total supera 53,7%. La absorción de estos costos es significativamente distinta entre grandes empresas y mipymes, y no puede analizarse de manera aislada de un proyecto que agrega obligaciones de negociación y potencial estandarización sectorial”, advierte María Teresa Vial, presidenta del gremio.
El diseño
Con relación al contenido del proyecto, acusan que este no solo impone la figura de la negociación sectorial y subsectorial, además de la de nivel intermedio, sino que reformula “drásticamente la arquitectura de la institucionalidad laboral chilena, haciéndola retroceder décadas, complejizándola y recargándola de instituciones intermedias, mayores dotaciones de funcionarios fiscales, procedimientos judiciales y burocracias procedimentales”.
En esa línea, ejemplificaron que se crean consejos sectoriales laborales y comisiones subsectoriales para cada sección del clasificador chileno de actividades económicas del INE, así como la comisión de diálogo social, el consejo superior laboral, secretarías técnicas consultivas de cada consejo y comisión, y una secretaría técnica ejecutiva.
Adicionalmente, criticaron que el diseño reconoce a ciertas confederaciones sindicales y gremiales como “más representativas”, otorgándoles una llave institucional para regular estándares mínimos sectoriales. Una representatividad que se certificará administrativamente y se completará vía reglamento.
Para el gremio, en los hechos, esto implica que se delega poder normativo en un grupo acotado de actores privados, sin los contrapesos claros y suficientes, con riesgos evidentes de captura, politización e intercambio corporativo.
Para el gremio, este foco no promovería los acuerdos, sino que los impondría.
“Presiona a empleadores a someterse a una institucionalidad que no eligieron, con consecuencias sobre la inversión, innovación y dinamismo empresarial. Tampoco se hace cargo de la heterogeneidad productiva del país: el tejido empresarial chileno está compuesto mayoritariamente por mipymes con márgenes estrechos y una productividad significativamente más baja que los grandes actores con los que eventualmente se fijarán los pisos sectoriales”, plantea Vial.
Para la CCS, lo anterior parece “inaplicable” en una economía en que más del 80% de los trabajadores no están sindicalizados y en que la afiliación gremial empresarial apenas supera el 5%. En teoría, dicen, “acuerdos que asuman esas minorías serán obligatorios para la mayoría de las empresas y los trabajadores del país”.
“Menos del 2% de las pequeñas empresas tienen sindicatos, comparadas con más de la mitad de las grandes empresas. Inevitablemente, los acuerdos sectoriales tenderán a asimilar la realidad de las grandes empresas y sus sindicatos, estableciendo normas que resultarán inviables para las pequeñas, forzando a la desaparición de una parte de ellas, a la disminución del empleo formal, aumento del desempleo y de la informalidad”, advirtieron desde el gremio.
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