Los representantes del empresariado se mostraron sorprendidos por la decisión del gobierno de ingresar al Congreso el próximo 31 de marzo el proyecto de reforma tributaria.
Y es que tras la reunión de la semana pasada entre el comité ejecutivo de la CPC y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, los dirigentes del sector privado entendieron que se abría una puerta para poder analizar en conjunto los alcances de la reforma. Sin embargo, la fecha impuesta por el Ejecutivo quita espacio a la posibilidad de intercambiar posiciones.
Según el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, “esto nos obliga a realizar un trabajo político que no nos acomoda. Nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que teníamos al menos 105 días para poder analizar la reforma. Nuestra aspiración era poder contribuir, sin pautear, entregando la sensibilidad del mundo empresarial, entonces nos fuimos tranquilos y esperanzados de que era posible un diálogo entre ambos sectores”.
Para el titular del Agro la decisión del gobierno atenta directamente contra las expectativas de los empresarios, calificándola como “una bofetada a nuestra muy buena disposición a colaborar”.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, señala que los nuevos plazos “obligan a apurar el tranco” para poder presentar algún tipo de propuesta. “Cuando se le informó al ministro (de Hacienda) que íbamos a entregar un documento, esperábamos que, tal como él señaló, escuchara a todos los sectores. Obviamente, hay un grado de decepción, porque esperábamos que viera nuestras propuestas antes de enviar el proyecto”, señaló Mewes.
La discusión en el Congreso
Tras conocer la fecha de ingreso del proyecto de reforma tributaria, el empresariado está consciente de que el Congreso será el lugar donde finalmente deberán asumir el debate de las propuestas y dar a conocer sus posturas.
Sin embargo, el titular de la SNA reconoce que ese no en un escenario cómodo para el sector privado. “Ir al Congreso es entenderse con gente que tiene otras motivaciones. Es mucho más complejo, es un diálogo con códigos que no son los códigos del empresariado, por lo que es más complejo transmitir las sensibilidades asociadas, ya que sus preocupaciones son de más corto plazo e influidas en gran medida por la calle”, advierte.
Para el presidente del comercio, si bien esta instancia no resulta completamente ajena, reconoce que aumenta la incertidumbre respecto de los alcances del debate. “Los parlamentarios en general son lo suficientemente técnicos, cuentan con sus asesores, y es ahí donde se debiera centrar la discusión.Obviamente nos interesa ser parte de la discusión y vamos a pedir que nos inviten”, adelanta.
El informe de la CPC
Respecto al informe que está preparando la CPC, cercanos al grupo de expertos explicaron que está “prácticamente listo” y que debería presentarse a la entidad gremial “a más tardar la próxima semana”. En ese contexto, conocedores de dicho análisis señalan que la entidad no presentará una alternativa de reforma que aumente o baje los montos a recaudar de la propuesta de Bachelet -alrededor de US$ 8.000 millones-, sino que se enfocarán en las medidas que tienen que ver con el impuesto a la renta. “El diagnóstico es que una modificación de las actuales distorsiones que tiene el FUT tendría un efecto menos drástico en el ahorro y en la inversión que eliminarlo”, dice un cercano a la preparación del documento. “No está en discusión la reforma, el monto recaudado o el fin al que se destinará, sino que los mecanismos para hacerlo y que éstos generen el menor efecto en la economía”, acota otra fuente.
Apoyo a la oposición
En un trabajo que será clave de cara a la discusión parlamentaria, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) se preparara para apoyar la postura de la oposición. Fuentes cercanas a este trabajo, reconocen que es positivo que el proyecto se presente lo antes posible, pero recalcan que el escenario perfecto era que el gobierno hubiese socializado previamente el texto para así iniciar un debate con más tiempo.
UDI pide que Reforma Tributaria rebaje impuesto específico a los combustibles
Debido a las constantes alzas experimentadas durante las últimas semanas en el precio de las bencinas, los diputados de la UDI hicieron un llamado al gobierno a dialogar para incorporar una disminución del Impuesto Específico a los Combustibles en el proyecto de Reforma Tributaria que será enviado al Congreso este 31 de marzo. En este contexto, el diputado gremialista, Ernesto Silva (en la foto), pidió a Michelle Bachelet como medida transitoria que durante seis meses el impuesto específico baje de 6 a 3 UTM. "La UDI ha planteado que su preocupación es que esta reforma tributaria esté focalizada en la clase media, por eso queremos pedirle a la Presidenta una nueva propuesta que incluya cuatro ejes fundamentales: rebajar permanentemente el impuesto, reformular el SIPCO, hacer que los vehículos que más contaminan paguen más y reincorporar criterios de tarificación vial", precisó. Además, señaló que la clase media ha sido postergada en el proyecto tributario que presentará el gobierno.
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