El incumplimiento de la meta fiscal en 2024 ha sido un tema que ha dado de qué hablar este mes y es probable que lo siga haciendo dado el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la polémica por los traspaso de recursos desde Corfo a Hacienda en 2023.
La semana pasada el CFA calificó el déficit estructural de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del año pasado como “un desvío de magnitud extraordinaria para un año sin crisis” e hizo un llamado al ministerio liderado por Mario Marcel a presentar medidas adicionales de ajuste de gasto para 2025. Y, de esta forma, cumplir con la meta estructural de este año (1,1% del PIB) y estabilizar la deuda pública.
Esto, ya que el ajuste ya anunciado de 0,2 punto del PIB (US$ 635 millones) resultaría insuficiente y pidieron un ajuste adicional de al menos 0,5% del PIB, unos US$ 1.554 millones).
“Un recorte de esta magnitud, e incluso superior, es absolutamente necesario dada la actual situación de las finanzas públicas. De seguir aumentando la deuda, también aumentará su costo, y tendremos que desviar cada vez más recursos públicos a pagarla”, dijo la economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD), Macarena García.
Pero, ¿es posible? A juicio de la economista la factibilidad de este recorte del gasto dependerá solo de la voluntad política tanto de este Gobierno como de la oposición y no de elementos técnicos.
En su opinión, los menores gastos deben ser permanentes y no transitorios, ya que el gran desbalance “no se espera solo para 2025, sino que por lo menos para lo que queda esta década dado el cada vez más bajo crecimiento del PIB”, agregó.
Desde el área de estudios de Banco Santander, “lo más adecuado sería poder recortar gasto corriente donde se requería un acuerdo con el Congreso, ya que muchos beneficios o gastos están definidos por ley”.
El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco valoró en entrevista con radio Duna el compromiso del ministro Mario Marcel, quien afirmó que están trabajando en medidas para reducir el presupuesto para este año, pero al mismo tiempo advirtió que lograrlo “va a ser muy difícil”.
Bajo la óptica del economista, se “va a requerir mucho capital político, se va a jugar buena parte de su reputación”.
Tanto el jefe de las finanzas públicas como la misma directora de Presupuestos, Javiera Martínez, han mostrado su disposición a hacer los análisis respectivos para cumplir con la meta fiscal comprometida por la actual administración y, de hecho, han buscado apoyo técnico para mejorar las proyecciones de ingresos, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las ideas sobre la mesa
Concretamente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo entregó dos propuestas para lograr reducir el déficit fiscal al año 2029, que se han implementado exitosamente en otros países junto al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En primer lugar, propuso congelar el gasto público en términos nominales. Como muchos programas sociales se reajustan por inflación, esto requiere que el resto de los gastos se reduzcan, explicó.
Segundo, sería congelar la dotación y reemplazo de funcionarios públicos, estableciendo cuotas para servicios críticos (seguridad, salud y educación). A su vez, los funcionarios que jubilan, no se reemplazan. “Así, no hay nuevas entradas en el resto de los servicios, lo que promueve la movilidad entre distintas instituciones del sector público”, precisó.
Según las estimaciones del investigador asociado del CIES-UDD, ambas medidas podrían rendir entre 2,5 y 3 puntos del Producto.
Por su parte, el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, postuló que los ahorros pueden generarse en dos frentes: empleo público (7% del PIB) y programas públicos (10% del PIB).
Primero, congelar todas las nuevas contrataciones y reducir al mínimo viáticos y horas extras. Solo en estos dos últimos ítems se gastan US$ 350 millones al año, dijo Obach.
También planteó que el gasto de funcionarios municipales “es altísimo”, por lo que si se redujera al estándar OCDE (37% del presupuesto subnacional), se recortarían US$ 2.500 millones.
Segundo, del total de 700 programas públicos, si se elimina el total de recursos asignados al 5% de peor desempeño se ahorrarían US$ 2 mil millones. Y si se pone fin a 300 programas cuyo presupuesto anual no supera los US$ 2 millones, se ahorrarían US$ 240 millones.
El director de Incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela, va más allá y llama a hacerse cargo de factores regulatorios e institucionales que dificultan un adecuado manejo fiscal.
“¿Qué explica que mantengamos programas mal evaluados, que no generan impacto y a los que se les destina parte importante del presupuesto nacional? No hay incentivos políticos para cambiar las cosas. Para que los haya deberían haber análisis de impacto regulatorio de alta calidad técnica, imparciales, pero por sobre todo incidentes”, declaró Valenzuela.
En esta línea, el analista criticó la existencia de “un estatuto de empleo público que incentiva la contratación y luego dificulta las desvinculaciones”.
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