Este lunes, el Gobierno presentó finalmente la agenda proinversión, que contempla 28 medidas para impulsar el crecimiento de la economía.
El anuncio se realizó en una actividad en el aeropuerto de Santiago que contó con la participación del Presidente Gabriel Boric y los titulares de las carteras de Economía, Hacienda y Obras Públicas.
Según se especificó en una minuta del Ejecutivo, las medidas se desarrollarán en seis ejes, entre los cuales están: estímulos tributarios para la inversión; mejoras al acceso al financiamiento; infraestructura para el desarrollo; promover la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.
De esta manera, la agenda apuntaría a que la inversión crecería cinco puntos porcentuales e incluiría nuevas medidas para la reforma tributaria, implicando un gasto de US$ 1.500 millones para las inversiones que se ejecuten durante 2023.
Partiendo con las medidas tributarias, la agenda considera postergar la reducción del Impuesto de Primera Categoría a las Pyme por dos años, para converger de manera gradual a la tasa de primera categoría permanente de 25%. Hoy, la ley establece que las pequeñas compañías pasarán de tributar con una tasa de 10% este año a 25% el próximo, en el marco de una normativa aprobada en la pandemia y que buscaba entregar alivios tributarios para el sector. Así, en 2023 la tasa se subirá a 15% y luego a 20% el 2024.
Otra de las medidas ya había sido anunciado y contempla modificar la base del impuesto al diferimiento de la tributación de las utilidades acumuladas. En la reforma tributaria, la base eran las utilidades acumuladas en sociedades de rentas pasivas, y ahora serán las rentas del capital acumuladas y pendientes de tributación.
Adicionalmente, se crea un fondo de US$ 500 millones en créditos tributarios que las empresas podrán utilizar en contra del Impuesto de Primera Categoría, asignados a proyectos de inversión que tengan un alto efecto multiplicador y que se ejecuten durante el 2023.
Otra de las medidas relacionadas con impuestos será la ampliación del mecanismo de depreciación instantánea, mediante los cuales los empresarios podrán descontar de impuestos de forma acelerada el valor del gasto realizado en activo fijo. Esto implica que el 50% del monto de las inversiones en activo fijo que se lleven a cabo durante 2023 en nuevos proyectos de inversión serán reconocidas inmediatamente como gasto para el cálculo de la renta líquida imponible, mientras que el 50% restante contará con depreciación acelerada.
También se posterga la entrada en vigencia de la restricción del uso de las pérdidas tributarias para reducir la base de impuestos. De esta manera, hasta 2024 podrán imputarse pérdidas por la totalidad de la renta líquida imponible (RLI), pero en 2025 podrán utilizarse pérdidas por hasta el 80% de la RLI, el 2026 por el 65%, y desde 2027 en adelante entrará en vigencia el límite del 50% que considera la reforma tributaria.
Un punto que beneficia al sector financiero seán los ajustes a la tributación de los contratos de leasing. La reforma tributaria del 2020 restringió el mecanismo, no permitiendo que el arrendatario rebajara como gasto deducible las cuotas pagadas o devengadas dentro del ejercicio, y el arrendador ya no tendría la posibilidad de depreciar aquellos bienes que estén registrados como activo. Ambos cambios se revierten.
La mayoría de los temas relacionados con impuestos serán parte de las indicaciones a la reforma tributaria que prontamente presentará Hacienda.
Además, se proponen iniciativas para la adquisición de primeras viviendas, como una garantía estatal del 10% del financiamiento del pie del crédito hipotecario y US$ 74 millones destinados al programa de créditos de segundo piso de Corfo, para el refinanciamiento de créditos para proyectos de Pyme.
En el caso de la inversión pública, se proyecta que su gasto base crezca un 10% para el próximo año y se creará un Programa de Infraestructura para el Desarrollo de US$ 1.840 millones, en el cual la inversión pública total acumulará un crecimiento de 30% en 2023, en comparación al año pasado.
En cuanto a las regiones, desde el próximo mes de noviembre se firmará un acuerdo de trabajo entre los gobiernos regionales y central para planificar la ejecución de inversiones públicas cada año. También se dará una cooperación técnica entre CAF y los gobiernos para evaluar su capacidad de gestión, identificación de las brechas técnicas de la ejecución de la inversión, fortalecer las competencias y desarrollar capacidades.
A nivel de inversión extranjera, se promoverá la reapertura de agregadurías de inversión en el exterior durante este año, con enfoque en Europa y América del Norte para el cuarto trimestre de este año. También, durante septiembre, se finalizará el ajuste de la estructura institucional y principales funciones de la agencia de promoción de inversiones.
Además, para incentivar la implementación de grandes proyectos estratégicos para la descarbonización de la matriz energética, se le darán mayores recursos a la digitalización de los procesos en la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía. En conjunto a la creación de un fondo especial para apoyar la tramitación de permisos necesarios para las inversiones -que estará en el Presupuesto 2023- y la creación de una agencia coordinadora que implemente la ventanilla única para permisos sectoriales.
En cuanto a la alianza público-privada, se convocarán cuatro mesas de trabajo sectoriales en construcción, energía, transporte y minería, y una mesa permanente de trabajo entre los ministerios de Energía, Minería, Economía, InvestChile y la División de Fomento e Inversión de cada Gobierno Regional.
Cambios al royalty
Por último, y también en el marco de la reforma tributaria, el gobierno anunció que propondrá postergar la entrada en vigencia de algunos ajustes al nuevo royalty a la minería.
Así, se establece que los nuevos proyectos de minería del cobre estarán exentos del componente ad-valorem del royalty (que establece una escala de tributación según el precio del cobre) por cinco años, "evitando impactar en el margen las decisiones de inversión", dice el gobierno.
Así, esperan que se incentiven los nuevos proyectos y los proyectos de expansión de yacimientos, "a la vez que se mantiene una tributación en que la renta del cobre se reparte de manera justa entre el Estado y los privados".
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