Cada año es materia de debate en el Congreso, en el marco del Presupuesto de la Nación, la distribución de recursos hacia programas estatales deficientes o con mala evaluación. Y cada año, los respectivos gobiernos anuncian planes que buscan subir la vara para que las instituciones públicas accedan a recursos si sus programas no han mostrado los resultados esperados.
En este escenario también se ha discutido la pertinencia de entregar fondos a organismos o planes con metas de desempeño bajas. Más aún considerando que año a año un alto porcentaje (sobre el 90%) de los servicios obtiene la máxima bonificación por desempeño.
El Observatorio del Gasto Fiscal entró a esta discusión y elaboró un análisis en que compara la distribución de recursos en el Presupuesto del 2023 -despachado a ley por el Congreso a fines de noviembre pasado- con las metas por desempeño de los respectivos programas.
El equipo de la entidad logró levantar información de desempeño y presupuesto de 112 de los 180 servicios considerados en el erario fiscal de este nuevo año, midiendo sólo los indicadores de continuidad. Es decir, los que son comparables a través del tiempo.
Y los hallazgos no son menores. Un 63,6% (56 de 88) de los servicios que expandió su presupuesto 2023 mantiene o disminuye sus metas de desempeño; mientras que apenas el restante 36,4% (32 de los 88 organismos) que enfrentó un alza de recursos para el presente ejercicio aumentó su vara de desempeño.
Ahora, tomando como parámetros las entidades que vieron reducirse sus fondos para este año, un 56,5% (13 de 23) mantiene o reduce sus metas de desempeño, en tanto que el 43,5% (10 de 23) incrementó su exigencia para acceder a la bonificación por rendimiento.
Adicionalmente, el 75% de los servicios analizados tuvo un cumplimiento de desempeño superior al 90% en 2021.
Sin embargo, analizando los 343 indicadores propuestos en la Ley de Presupuesto 2023 y que tuvieron medición en 2021, en un 73% de dichos organismos se estableció metas iguales o menores a los de ese periodo.
Lo que falta: vincular recursos con desempeño
Entre los servicios que disminuyen metas pero reciben mayores recursos, destaca la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Instituto Nacional de Deportes y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
En el otro extremo -o sea, que aumentan exigencia y suben sus recursos- sobresalen la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), el Serviu de la región de Aysén y la Subsecretaría del Deporte.
En el documento, el Observatorio del Gasto Fiscal recalca que es importante que la definición de indicadores estratégicos se centre en los servicios prestados a los usuarios, y por tanto, las metas correspondan al valor que signifique un servicio “adecuado” para los ciudadanos.
Así, ponen como ejemplo el indicador 13.314 de la Subsecretaría de Salud Pública, denominado “Tiempo promedio de tramitación de licencias de pago directo”, que tiene una meta de 22 días para 2023, cuando el registro efectivo del 2021 era de 17 días.
“Esto muestra un claro detrimento del servicio prestado por el organismo público, y su definición está pensada sólo en términos de cumplimiento más que en la experiencia de usuario”, señala el documento.
El analista de datos de la ONG pro transparencia fiscal, José Mora, agrega que al contrastar las evaluaciones de desempeño de 2021 y las expansiones de presupuesto 2022-2023 a nivel de servicio publicadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres), “nos parece que debe existir una mayor vinculación entre el desempeño y la asignación presupuestaria”.
“Esto, porque la meta definida para varios de los indicadores que medirán el desempeño en 2023 (160 de 343) disminuyen en su nivel de exigencia, aún cuando hay expansiones de presupuesto, lo cual es una contradicción y, por sobre todo, un problema que empeora la calidad del servicio prestado por los órganos del Estado”, recalca el experto.
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