Forma parte del equipo liderado por el historiador Juan Luis Ossa del CEP, que trabaja en un nuevo relato político para la candidatura presidencial de Sebastián Sichel. Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, participa junto a otros integrantes del instituto, como Pablo Ortúzar y Josefina Araos, aunque el abogado y magíster en Derecho Constitucional de la UC ha dicho que en las primarias no votó por el independiente. A su juicio, la centroderecha necesita repensarse con miras al nuevo ciclo político
"Tiene la oportunidad de ofrecer un horizonte de cambios sociales significativos, que entregue un camino de esperanza luego de las múltiples crisis que han azotado a nuestro país. Para esto se requiere un diagnóstico propio y diferente al de la nueva izquierda, lo que en el IES hemos denominado una reivindicación crítica de los últimos treinta años. Pero sobre todo, lo que se necesita hoy es un proyecto de futuro que entusiasme a las grandes mayorías y que luego sea capaz de traducirse en prioridades políticas muy claras a la hora de gobernar", asegura Alvarado, que acaba de publicar el libro "Tensión constituyente. Estado, gobierno y derechos para el Chile postransición".
– Justamente, sobre la Convención... ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría en su primer mes de funcionamiento?
– Ha sido positiva la institucionalización de la Convención, reflejada en el funcionamiento de algunas comisiones y la elección de las vicepresidencias. Lo más negativo, me parece, ha sido la tentación de extralimitarse en sus funciones que se vio en las primeras semanas y, sobre todo, la poca seriedad o intolerancia de ciertos convencionales. En ese sentido, lo más grave fue que Jorge Baradit celebrara en su minuto la agresión a sus adversarios. Afortunadamente, sus dichos fueron criticados de manera muy transversal.
– ¿Cómo valora el papel que han jugado Elisa Loncon y Jaime Bassa?
– Han tenido algunas actuaciones positivas y dignas de destacar. Por ejemplo, cuando se la jugaron por una forma de elección de vicepresidentes que permitiera dar cabida a representantes de las diversas fuerzas políticas. En otros momentos, sin embargo, ellos parecen dominados por un fuerte ánimo de revancha política y cultural. Loncon tildó de dictatorial al quórum de 2/3 fijado en el acuerdo de noviembre, mientras Bassa asimiló en una entrevista televisiva el régimen de Pinochet a los años de la transición y del Chile posdictadura. Hace pocos días, Loncon fue incapaz de distanciarse de la violencia en la Araucanía.
– ¿De qué entregó luces el debate sobre la labor de la prensa en la convención?
– El hecho confirmó que las minorías políticas, la centroderecha en este caso, típicamente mirarán con buenos ojos el escrutinio que pueden efectuar los medios. Esto nos deja una lección más amplia, que aplica para la redacción del nuevo texto constitucional, pero también para cualquier proceso político: no conviene pensar las reglas del juego de manera partisana. Como sugirió hace poco el constitucionalista español Pereira Menaut, siempre hay que ponerse en el lugar de que gane el adversario más rudo. Hay que pensar las reglas pensando en ese escenario.
– ¿Existe tolerancia al disenso político?
– En diversos sectores sí existe y así lo prueba el funcionamiento de algunas comisiones, y también la elección de vicepresidentes como Lorena Céspedes, electa con apoyos que van desde un par de convencionales de la Lista del Pueblo hasta varios constituyentes de RN. Sin embargo, no se percibe la misma actitud en otros sectores como el PC o la mayoría de la Lista del Pueblo. El peligro de esto es que, en vez de discutirse los argumentos, se descarte a priori tal o cual idea simplemente a partir de quién es su emisor. Esto hace muy difícil el diálogo que requiere una deliberación constitucional y, en general, el régimen democrático.
– Quedan como máximo 11 meses. ¿Cuáles serían los desafíos pendientes para el segundo mes y los que siguen?
– El principal desafío es transitar desde este primer mes de instalación al debate de contenidos estrictamente constitucionales. Y para lograr eso, los constituyentes debieran comenzar a conversar sobre cuáles son los propósitos, los objetivos del nuevo texto constitucional que se propondrá al país. Sólo articulando acuerdos y precisando disensos en torno a esos objetivos es que podrá tener lugar, posteriormente, la discusión sobre un entramado de principios, reglas e instituciones.
– Usted se ha referido a que uno de los principales desafíos de una nueva Constitución será acercar la política a la ciudadanía...
– Efectivamente, me parece que uno de esos objetivos debería ser intentar hacerse cargo de la fractura entre política y sociedad. Para rehabilitar ese vínculo es crucial el modo en que se desarrolle el proceso constituyente, pero también es muy importante el diseño institucional que se proponga. Pueden ayudar algunos mecanismos de democracia directa que complementen las instancias representativas tradicionales, pero lo más relevante pasa por rehabilitar estas instancias. Es decir, por dotar de eficacia y legitimidad al sistema político.
– ¿Podría ejemplificar?
– Por ejemplo, necesitamos favorecer las mayorías legislativas que permitan a los gobiernos llevar adelante sus programas y para eso se requiere analizar, a su vez, el sistema electoral. Sin una visión de conjunto de ese tipo será muy difícil avanzar.
– Una de las primeras tensiones de estas semanas fue el debate sobre declaración de los llamados presos de la revuelta. ¿Qué importancia le atribuye? ¿Implica necesariamente una reivindicación de la violencia como método político?
– Esa declaración reveló un problema procedimental, que es la tendencia de ciertos convencionales, en ese caso una mayoría de ellos, a distraerse en tareas ajenas a la Convención. En segundo lugar, el episodio mostró un problema político y conceptual, que es atribuir un significado positivo a la brutal e injustificable destrucción del metro y los demás actos delictivos de octubre de 2019, por el solo hecho de que antecedieron o acompañaron a la protesta pacífica. Y, por último, en tercer lugar, hay una dificultad jurídica. Aquí se busca amnistiar a un amplio elenco de personas condenadas o imputadas por delitos sumamente graves. No hay motivo para ello.
– Con una amplia mayoría opositora, ¿podría describir los papeles que cumplen los convencionales del Frente Amplio, PC, Lista del Pueblo, la exConcertación y los Independientes no Neutrales?
– Lo que han tenido en común esos distintos grupos es que cuesta encontrar en ellos referentes de una centroizquierda más tradicional: los hay, pero son pocos y poco visibles por ahora. Además, tanto en la Lista del Pueblo como en el PC predominan lógicas derechamente intolerantes, reacias a la institucionalidad democrática más elemental. No es casualidad que algunos convencionales hayan renunciado a la Lista del Pueblo: claramente se sintieron defraudados ante las tendencias antisistema que van predominando en ese grupo. En cualquier caso, lo cierto es que ya no se puede culpar ni a la derecha ni a los vetos. Son las izquierdas quienes detentan las mayorías en la Convención y, por tanto, tienen también la principal responsabilidad en cuanto a la conducción del proceso.
– ¿Cómo se ha movido la derecha?
– Cada vez es más claro que hay dos grupos dentro de los convencionales de Vamos por Chile. Por un lado, se observa a la mayoría de los convencionales de RN y Evópoli buscando plantear sus argumentos de manera constructiva, entrando en diálogo con otras fuerzas políticas y asumiendo que la composición de la Convención es como es. Por otro lado, en cambio, se observa a una mayoría de convencionales de la UDI más bien empeñados en agudizar las tensiones, en una actitud más bien testimonial. Curiosamente, parecen seguir operando con la cultura del veto, pero éste ya no existe ni volverá. Si se quiere incidir en la Convención, es la hora del diálogo, los argumentos y la persuasión; de hacer política, en suma.
– ¿Qué liderazgos observa en la convención? ¿Le ha sorprendido la actuación de figuras que no eran conocidas antes de la instalación?¿Le han desilusionado otras en las que previamente recaían altas expectativas?
– Hay muchos liderazgos, dependiendo de cada sector. Por ejemplo, en el mundo del Frente Amplio Amaya Alvez, Jaime Bassa y Fernando Atria parecieran jugar un papel muy relevante. Por la centroizquierda, Agustín Squella intentó hacer lo suyo durante los primeros días y luego han surgido otros liderazgos promisorios, como Lorena Céspedes, electa vicepresidenta con respaldo transversal, y Andrés Cruz, independiente PS que se distanció del resto de la izquierda en la declaración sobre los supuestos presos políticos. Por la centroderecha destacaría a Hernán Larraín Matte, Raúl Celis y Ruggero Cozzi, que han intentado tender puentes con otros sectores.
– ¿Cree posible abrir en algún momento la discusión sobre la necesidad de extender el trabajo de la convención sobrepasando el plazo máximo de julio de 2022?
– No, esto sería inaceptable, lo mismo que discutir los quórums ya establecidos. La legitimidad del proceso depende en gran medida del respeto a las reglas del juego, y cualquier escenario en que se pretenda alterar estas reglas sólo traería problemas. Por eso, es importante que vayan generando puntos de encuentro entre ellos, que faciliten el trabajo posterior. Pero, además, hay otro tema, y es que no existen motivos que justifiquen un eventual atraso: a los convencionales tenemos que exigirles que estén a la altura de las circunstancias, que cumplan su trabajo, tal como le exigimos a los restantes órganos del Estado.
– Dado lo que hemos visto en estas semanas, ¿sería posible anticipar la forma en que se darán algunos debates de contenido, como forma de Estado, de gobierno o derechos fundamentales?
– Es muy poco lo que se puede decir de esos temas hasta ahora. Por eso es tan importante que los convencionales comiencen pronto a debatir sobre los propósitos del nuevo texto constitucional. Como decíamos antes, ese es el único modo de transitar hacia los debates de contenidos. Sin un diagnóstico claro sobre qué se espera del nuevo texto, será muy difícil tener un debate serio sobre los asuntos estrictamente constitucionales.
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