Chile posee un cumplimiento “limitado” de medidas que permitan combatir la corrupción y el soborno. Así lo reveló el ranking sobre la materia elaborado por Transparencia Internacional (TI) -con el apoyo del capítulo chileno-, el cual repara en las falencias del país para enfrentar malas prácticas en la función pública y en los negocios.
Bajo el título “Exportando Corrupción 2022”, el reporte se hace eco del planteamiento de la OCDE -grupo que integra Chile-, que a través de la Convención contra el Soborno a Funcionario Público Extranjero, exige a las partes que prohíban y apliquen las acciones necesarias para prevenirlo, detectarlo y sancionarlo.
“Lamentablemente en nuestro país solemos hacer reformas importantes en esta materia cuando hay casos de corrupción que impactan a la opinión pública”.
María Jaraquemada.
De esta forma, el análisis distingue cuatro peldaños de aplicación de las medidas: activo, moderado, limitado y poco o ninguno.
La puntuación se basa en los resultados de la aplicación de la ley en diferentes etapas, es decir, el número de investigaciones iniciadas, acusaciones presentadas y casos concluidos con sanciones, durante cuatro años (2018-2021), y se asignan diferentes ponderaciones según las fases de aplicación y la relevancia de los casos.
Dentro de los 47 países líderes en exportaciones, el cumplimiento “limitado” de Chile responde a que presenta deficiencias principalmente en la falta de un registro público central de la propiedad efectiva de las empresas y los fideicomisos; requisitos inadecuados de contabilidad y auditoría; sanciones inapropiadas; carencia de un marco jurídico acorde para establecer mecanismos de cooperación entre ministerios públicos de diversos países (denominados MLA); y ausencia de un marco correcto para la protección de los denunciantes.
Además, señala que no existen criterios claros y transparentes para utilizar las resoluciones no judiciales, ni para garantizar unas sanciones efectivas proporcionales y disuasorias en las resoluciones no judiciales por soborno extranjero.
Pasar a la acción
La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, sostiene que el reporte concluye que en la mayoría de las naciones medidas “hay una falta de transparencia en datos y resultados de los casos, muy pocos ejemplos de indemnizaciones a las víctimas de soborno en el extranjero, aunque ha habido una serie de avances positivos en este sentido”.
Sobre Chile, dice, que “no es una excepción y presenta un estancamiento desde la última medición”.
En los últimos años estima que no ha habido esfuerzos gubernamentales en esta materia que se hayan concretado.
Jaraquemada recuerda que la falta de un marco adecuado de protección de denunciantes es algo que ya ha sido recalcado por otras instancias internacionales, como la OCDE, la OEA y la ONU.
Y aunque hay un proyecto de ley sobre el tema en último trámite en el Congreso, considera que “lamentablemente no avanza lo suficiente en la materia”, de forma de otorgar los suficientes resguardos a quienes puedan conocer estos hechos y denunciarlos tanto en el sector público como privado, ni de indemnizar a quienes sufran represalias.
De ahí que valora la propuesta incluida en la reforma tributaria que crea un registro único y centralizado en poder del SII de beneficiario final. Sin embargo, precisa que “no es completamente público”.
Jaraquemada enfatiza que “lamentablemente en nuestro país solemos hacer reformas importantes en esta materia cuando hay casos de corrupción que impactan a la opinión pública”.
Dado lo anterior, considera clave pasar de la reacción a la acción para tener una institucionalidad lo suficientemente fuerte.
Sobre el sector privado, la ejecutiva estima que hay avances y “cada día hay más conciencia de lo clave que es la transparencia y rendición de cuentas también de este sector” y de que “los modelos de compliance deben no solo tenerse, sino que cumplirse, lo que es una importante consecuencia de la sentencia y condena por el caso Corpesca a dicha empresa”.
Recomendaciones
para el medio local
Recoger y publicar estadísticas detalladas sobre solicitudes de cooperación entre ministerios públicos e investigaciones y casos de soborno en el extranjero.
Crear un registro público centralizado de información sobre la propiedad efectiva.
Legislación exhaustiva para los denunciantes que garantice protección y confidencialidad, y ofrecer incentivos para promover denuncias de corrupción.
Aumentar la transparencia y la responsabilidad de las suspensiones condicionales y los procedimientos abreviados.
Publicar directrices sobre modelos de prevención eficaces para las empresas.
Proporcionar más conciencia y formación sobre el delito de soborno a funcionarios públicos extranjeros, especialmente entre los fiscales, los jueces y el personal diplomático.
Incluir a las empresas en los debates sobre la política anticorrupción.
El Gobierno debería avanzar hacia una compensación proporcional a las víctimas, de acuerdo al daño infligido, y una lista de derechos y protecciones procesales para las víctimas y los denunciantes.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
economía internacional
