Por Claudia Betancourt M.
De manera sorpresiva, durante una visita a la región de Arica y Parinacota, el presidente Sebastián Piñera anunció que realizará una reforma al Sistema Procesal Penal. Si bien el gobierno venía trabajando este tema desde hace ya un tiempo -con destacados penalistas, entre otros, el considerado “padre” de la Reforma Procesal Penal, Raúl Tavolarí- el anuncio aceleró la presentación de la iniciativa, en circunstancias que el Ministerio de Justicia contaba, al menos, con seis meses más para analizar el proyecto.
De hecho, en uno de los almuerzos del mandatario con el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y los ministros que presiden las respectivas salas del máximo tribunal, Piñera les habría comentado sobre el tema.
Desde La Moneda, en tanto, se plantean algunos reparos al actual sistema al que acusan de ser “excesivamente garantista” y que imposibilita una actuación más rigurosa contra la delincuencia. Postulan que los últimos casos como el del barrista de Colo Colo asesinado el domingo pasado y en el que el autor confeso fue en dejado en libertad provisional, ejemplifica lo anterior. Se supone, señalan, que el Sistema Procesal Penal debiera tener reflexiones de sentido común y no al contrario, donde el más perjudicado termina siendo la víctima en circunstancias que el sistema está para protegerlas.
Por ello, se estarían analizando algunas reformas a las normas procesales introduciendo cambios como la apelación a la formalización, que hasta hoy es de exclusiva competencia del fiscal. También contemplaría restringir la facultad del magistrado en cuanto al rechazo de las pruebas con miras a la preparación del juicio oral, eso será apelable. Por último, se restringirá el beneficio de la libertad provisional. De hecho, fuentes cercanas a este análisis, sostienen que al modificar estos tres elementos, se cambiaría al menos, el 60% del proceso penal en Chile.
“Aplicar la ley con mayor rigurosidad”
El mandatario ubicó el tema en la agenda pública con el fin de reforzar el compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, en un año de elecciones y donde esta materia ha estado en el tapete como una de las deudas de la actual administración.
Durante la cadena nacional referida al presupuesto 2013, Piñera subrayó que “para que esta lucha sea eficaz, tenemos que comprometernos todos, el gobierno, Carabineros, la PDI, los fiscales, los jueces de garantía, los Tribunales de Justicia, Gendarmería y, por supuesto, la ciudadanía”. Agregó que “todos sabemos que si un eslabón de la cadena falla, toda la cadena se debilita”.
Consideración de las víctimas
Por su parte, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en un improvisado punto de prensa en el patio de Los Naranjos de La Moneda, precisó que el mandatario hace algunos meses, viene impulsando la realización de un estudio amplio de la reforma al Sistema Procesal Penal, tanto del funcionamiento de los distintos órganos como de las leyes que sustentan esta reforma.
“Se trata de hacer un balance objetivo y profundo luego de 10 años de funcionamiento en el país reconociendo sus aciertos y reconociendo aquellos elementos que en la práctica, pueden estar generando impunidad”.
Asimismo, Ribera dijo que se debe “establecer un debido resguardo de los derechos ciudadanos y una mayor consideración de las víctimas y sus derechos y la necesidad de castigo de los delincuentes”.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, consultado respecto del anuncio del presidente Piñera manifestó que “cuando uno observa que se producen situaciones incomprensibles, como personas confesas de delitos graves que quedan en libertad sin mayor justificación, y un conjunto de otras decisiones que justifican que, después de más de 10 años, un sistema tan importante como el Procesal Penal sea sometido a revisión”.
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