En medio del proceso constituyente y ante la posibilidad de que en unos meses Chile se vea enfrentado a elaborar una nueva Constitución, ha llevado a comenzar a explorar si no sería mejor optar por una estructura minimalista, frente a la desarrollada, como es en la actualidad. Lo que según expertos tiene muchos que ver con la cultura de cada pueblo y el debate sobre el tamaño de la Carta es fundamental, no se puede hacer de manera abstracta.
Es lo que opina la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña, "el tamaño de la Constitución tiene que ver con la cultura de cada pueblo" y, a su juicio, no se puede ignorar que Chile forma parte de las naciones latinoamericanas que, tradicionalmente, han optado por Constituciones desarrolladas.
Argumenta que ello se debe a que a "una gran parte de la población le da tranquilidad que los principios esenciales del pacto que rige su convivencia estén asegurados en la propia Constitución y no queden entregados al vaivén de mayorías circunstanciales presentes al despachar las leyes".
Sin embargo, la constitucionalista cree que, desde una perspectiva de realismo político, la regla de los 2/3 prevista para la aprobación de una eventual nueva Constitución dificultará alcanzar consensos sobre todos los aspectos. De allí que "creo que, dada la forma cómo está planteada la elaboración de una nueva Carta Fundamental, es realista pensar que se concuerden principios y contenidos esenciales".
En cuanto a estos últimos, la constitucionalista explica que, en el aspecto orgánico, hay que considerar la regulación de las funciones clásicas del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial), como también las nuevas funciones esenciales para la plena de vigencia de un Estado de Derecho, como las de control y seguridad.
Desde el punto de vista de los derechos fundamentales se deberían considerar también algunos nuevos derechos sociales, como el derecho a la vivienda y los derechos de la niñez. A lo que agrega los principios fundamentales en materia de orden económico, financiero y de posicionamiento internacional del Estado.
Falso dilema
Con Peña coincide el constitucionalista Francisco Zúñiga, quien plantea que el debate entre una Constitución minimalista y desarrolla es, a su juicio, un falso dilema, porque los países se dan las constituciones de acuerdo a su historia y proceso político que han tenido y "no hay ninguna razón ni teórica ni práctica que abone la bondad de una Constitución mínima o de una máxima o desarrollada".
Según el constitucionalista lo que se debiera esperar de una nueva Carta Magna es que resuma las tres tradiciones constitucionales –liberal, democrática y social- y que responda a los requerimientos de gobernabilidad y democracia del presente, porque –enfatiza- que "las constituciones no están concebidas para durar eternamente, sino para al menos para disciplinar la vida colectiva de una generación".
En este sentido, lo usual es que los dos grandes componentes de las constituciones sean –explica Zúñiga-la parte dogmática, que contiene los principios de la organización estatal, derechos, deberes y garantías constitucionales; y parte orgánica, sobre las reglas acerca de la constitución y funcionamiento del Estado.
De ahí que en su aspecto dogmático, la Constitución debe tener algunas definiciones básicas como la relativa a un Estado social de derechos; una república democrática representativa y participativa con paridad; un Estado regional distinto al tradicional Estado unitario; un encaje de los pueblos originarios en el Estado de cuenta de su identidad como naciones y sus derechos colectivos; y, la definición de Chile como un Estado laico.
En lo que respecta a la parte orgánica, Zúñiga hace hincapié en que "debe pensarse en una reforma del régimen político y del tipo de gobierno y pasar a un régimen semipresidencial y, al mismo tiempo, darle un tratamiento distinto a algunos poderes públicos como el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y a las autonomías constitucionales también". Es decir, darle un marco común a autonomías como el Ministerio Público, Defensoría penal Pública, Contraloría General de la República y/o Servicio Electoral, "poniendo énfasis en los mecanismos de control social y político de esas autonomías y en los temas de responsabilidad de quienes sirven en esas autonomías constitucionales".
Derechos sociales
Una mirada similar a sus predecesores tiene el constitucionalista y académico de la Universidad Andrés Bello, Eduardo Bofill, quien señala que si bien la Constitución actual es "extensa", ello se debe a que "tiene mucha regulación que, quizás, en otros estados se encuentra entregada a la ley"; pero aclara que el debate acerca de si es necesaria una Constitución minimalista surge a raíz del cuestionamiento acerca de si esta debiese contener los derechos sociales, como la salud, educación, vivienda o seguridad social, entre otros.
En su calidad de académico, diec que la Carta Fundamental "sí debiese incorporar los derechos sociales y, en tal sentido, una Constitución minimalista iría en contra de lo primero", ya que "los derechos sociales implican avanzar en autonomía y, creo, que el estallido social, de alguna manera, fue un reclamo de más libertad, más igualdad y más autonomía; entonces, va por ahí".
Y abunda en recordar que en el aspecto dogmático, la Constitución actual contiene un catálogo de derechos fundamentales y dado que la disciplina habla de gradualidad y progresión, siempre hay que ir avanzando en estos; en ,lo que respecta a la parte orgánica, se deberían resguardar y regular "todas las relaciones de poder y los poderes del Estado", y la idea es que estas dos partes –sostiene- conversen entre sí, de manera que hayan los contrapesos necesarios que permitan que haya una democracia sana.
Y coincide con Zúñiga en que uno de los temas básicos a abordar es si se continúa o no con el actual sistema híper presidencialista, algo que ya han planteado diversas figuras políticas de distintos sectores, o sí se varía hacia un sistema semipresidencialista o parlamentarista. A su juicio, hay que pensar en ello, pues en la actualidad el Presidente tiene muchas facultades sin los necesarios contrapesos. En la misma línea habría que resolver el tema de los pueblos originarios.
En lo que respecta a derechos como el de propiedad, Bofill señala que la Constitución actual lo protege como un derecho fundamental y bajo el concepto de la progresión no existe la idea de volver atrás. Y aclara que "la propiedad está regulada por la Constitución vigente y también por los tratados internacionales, por lo que la eventual convención no sería soberana para eliminar completamente la propiedad. Lo que sí se podría discutir, por ejemplo, su función social, cómo la propiedad puede conversar con otros derechos fundamentales, etc.".
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