Economía y Política

Uriarte: tema ambiental logra jerarquía que Chile necesita

La ministra de Medio Ambiente valoró la promulgación de la ley que rediseña la institucionalidad ambiental en nuestro país.

Por: | Publicado: Martes 12 de enero de 2010 a las 11:26 hrs.
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Más que conforme se mostró la ministra del Medio Ambiente Ana Lya Uriarte luego de la promulgación de la ley de institucionalidad ambiental que crea una serie de organismos a cargo de la materia y que fue firmada por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda.

Lo más destacado de la norma 20.417 es que crea el ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

"Esta institucionalidad que nace va a tener la capacidad de ordenar los temas medioambientales y ser el verdadero defensor y protector de la naturaleza en Chile", señaló Uriarte.

Según explicó la secretaria de Estado algunos de los alcances de esta nueva normativa es que Chile contará con un sistema institucional que le permitirá hacerse cargo del tema ambiental en todas sus dimensiones, ya sea política, de regulación, gestión y fiscalización.

Junto con esto, crea organismos especializados dedicados con exclusividad a las tareas medioambientales, de esta forma existe un único responsable político con competencias específicas, con reglas del juego claras, con un instrumento de gestión ambiental, entre otras competencias.

"Hoy se sella uno más de los compromisos de la presidenta ( Michelle) Bachelet (...) la presidenta comprometió entregarle al tema ambiental la jerarquía que en el Chile de hoy se necesita para construir el desarrollo sustentable que todos quieren", agregó la secretaria de Estado.

La ministra hizo un llamado a las empresas a "estar tranquilas", puesto que aseguró que "nadie va a coartar su derecho a instalarse, pero va a haber una racionalidad que va a hacer que las distintas actividades deben ser compatibilizadas para que todo el país tenga clara conciencia que el medioambiente se cuida, se respeta", dijo.

Asimismo, otro de los puntos que destacó la ministra Uriarte es la participación ciudadana que contempla la nueva ley.

"Hoy las declaraciones de impacto ambiental pasan a tener participación ciudadana en todos los proyectos energéticos, de infraestructura, de plantas de tratamiento que antes no existían (...) Estamos generando la obligación al ministerio del Medio Ambiente de entregar información de manera de generar una ciudadanía que tenga gratuitamente, y en todo momento, la información ambiental", explicó la secretaria de Estado.

Al ser consultada sobre el camino que seguirá el Ministerio frente a un nuevo gobierno, la titular de la cartera señaló que éste "es un camino no sólo trazado, sino que construido y hay una obligación legal que cualquier que sea el gobierno que venga debe asumir la tarea de dar vida al ministerio del Medio Ambiente".

Y junto con esto recordó que la implementación de la cartera también deberá ser asumida por el gobierno entrante.


Nueva institucionalidad



La nueva institucionalidad ambiental está estructurada sobre tres pilares fundamentales e implica la creación de organismos especializados. Entre ellos:

a) El Ministerio del Medio Ambiente, el que define las políticas y las regulaciones ambientales. La ley le entrega las competencias para velar por la protección y conservación de la biodiversidad, de los recursos naturales renovables y del agua.

b) El Servicio de Evaluación Ambiental, encargado de la administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se constituye en un organismo especializado en la evaluación ambiental de proyectos de inversión; tecnifica las decisiones, disminuyendo el grado de discrecionalidad, y genera y administra un registro de consultores ambientales.

c) La Superintendencia del Medio Ambiente, cuya misión será la de fiscalizar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Se trata de implementar un sólo organismo de fiscalización. Además, se incrementan las multas en materia ambiental (hoy la más alta alcanza un millón y medio de pesos, la que se eleva a cuatro mil millones de pesos de acuerdo a la gravedad de los hechos) y facilita las denuncias definiendo la existencia de un lugar al cual acudir y que tendrá el deber de mantener informado al denunciante el curso y resultado del procedimiento.

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