Fue durante la tercera sesión seguida a la que asistió Carlos Pavez a declarar a la comisión investigadora Soquimich, que el diputado (DC), Roberto León, cuestionó la supuesta falta de detalle en la formulación de cargos, específicamente en las operaciones realizadas por Bancard. En esa ocasión, el superintendente de Valores y Seguros (SVS), respondió haciendo uso de su deber de reserva, lo cual generó molestia en algunos parlamentarios.
Sin embargo, un informe realizado para esta instancia por la Biblioteca del Congreso “Comisiones investigadoras y deber de reserva de información de la Superintendencia de Valores y Seguros” le da la razón al regulador.
En relación a la excepción a la facultad de solicitar antecedentes a organismos que ejercen funciones fiscalizadoras, el documento señala que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece, como regla general, que los órganos que forman parte de la administración del Estado están obligados a proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las comisiones o por los parlamentarios, y que tal información “debe ser proporcionada por el respectivo organismo y, en caso de estar sujeta a reserva o secreto, ésta debe ser mantenida. A la regla anterior, el inciso final del artículo 9º antes citado establece una excepción: no deben proporcionar informes y antecedentes “los organismos de la Administración del Estado que ejerzan potestades fiscalizadoras, respecto de los documentos y antecedentes que contengan información cuya revelación, aun de manera reservada o secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso.”. Al respecto, la SVS se encuentra realizando una investigación sobre operaciones de Sociedades Cascada”.
Actualmente el regulador y el Consejo para la Transparencia están enfrentados en la Corte de Apelaciones. Esto, debido a la decisión del segundo que ordena a la superintendencia a entregar antecedentes que están bajo secreto o reserva, a la defensa de Julio Ponce Lerou, encabezada por Raimundo Labarca.
El caso de la fiscalía
Por otro lado, el informe recuerda la petición del Ministerio Público para que ordene a la SVS la remisión de los antecedentes durante 2013. En ese caso, se cedió a la solicitud debido a que la fiscalía corresponde en forma exclusiva la investigación de hechos que podrían constituir delitos; la información requerida es necesaria para el cumplimiento de sus fines, en materia de su competencia y en el marco de una investigación no judicializada; y a que la naturaleza de la información no impide que sea conocida por éste, ya que dispone de los mecanismos para mantener dicha reserva.
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