El esperado dictamen respecto de la fusión de Cuprum y Argentum llegó. La Contraloría General de la República finalmente se pronunció sobre la operación, señalando que se trata de algo “impracticable”.
El negocio fue polémico porque implicó un beneficio tributario de US$ 130 millones para el controlador de la AFP, Principal Institutional Chile.
La Contraloría determinó que la fusión no es admisible, ya que supone la existencia de dos o más sociedades cuando sólo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum. Además, el dictamen señaló que no es admisible que en el proceso de constitución de una administradora se acompañen los antecedentes de otra, aún cuando aquella sea su controladora. Lo anterior es evidente, según el organismo, ya que la propia Superintendencia de Pensiones afirma que Principal era una empresa sin experiencia en administración de fondos de pensiones.
La entidad, además, sugirió avanzar en materia legislativa para precisar y/o no dejar lugar a dudas en operaciones en las que estén involucradas las administradoras. “A fin de precaver situaciones como las que se plantean en las presentaciones del rubro, esta Contraloría General se permite sugerir al legislador un estudio de reforma normativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial que involucre la participación de las AFP”, dijo el dictamen.
“La Contraloria ha hecho un informe lapidario. Las actuaciones de la superintendenta (Tamara Agnic) no están en el marco de la ley”, comentó el diputado DC Fuad Chahín. Añadió que hoy solicitarán al Consejo de Defensa del Estado la nulidad de derecho público tanto de la fusión de Cuprum-Argentum como la de Provida-Acquisition, dado que a su juicio, el dictamen también puede aplicarse en ese caso. Chahín reiteró que también pedirán la renuncia de Agnic.
El diputado Leopoldo Pérez (RN) afirmó que es “grave porque estaríamos frente a una imputación de un acto administrativo que tendría que ser revocado”.
Visión de la SP
La Superintendencia aseguró que el dictamen “no establece ningún tipo de sanción a la SP respecto de su actuar en este proceso, lo que reafirma que no se existen irregularidades” y que “no declara ilegal la operación y solo emite una opinión interpretativa”.
Anunció que hará uso de su derecho de presentar un recurso de reposición administrativo.
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