Los cinco directores multados por la SVS -Juan Antonio Guzmán, Wolf von Appen, Hernán Büchi, el ex presidente de la compañía, Julio Ponce Lerou y el ex director Patricio Contesse Fica-, por no haber informado a tiempo al mercado sobre los montos que se habrían destinado a pagos de campañas políticas y no contaban con respaldo, presentaron sus respuestas ante los tribunales civiles, pidiendo que se deje sin efecto la sanción.
Los directores reclaman que la información de esos pagos por US$ 11 millones no constituían un hecho esencial, puesto que era información preliminar.
Además, varios de ellos acusan que la SVS no consideró sus descargos en la etapa probatoria ni los llamó a declarar.
Sanción voluntarista
"Resulta paradojal que se multe a los miembros en ejercicio del directorio de SQM de la época, en circunstancia que, de acuerdo al propio relato de los hechos que hizo la Superintendencia (...) ellos fueron los primeros en hacer sus mejores esfuerzos por esclarecer el origen y alcance de los mencionados gastos sin respaldo", dice la reclamación de Julio Ponce, presentada por Pedro Hernán Águila.
Ponce agrega que "es impropio de una autoridad fiscalizadora que, para arribar a ciertas conclusiones predeterminadas e instrumentales a la sanción aplicada, se tome la licencia de especular sobre cuáles habrían sido las causas de un hecho", indica en relación a la baja de las acciones de SQM tras la renuncia de tres directores. "Se trata sin duda de una sanción voluntarista", agrega la defensa. "No es menor que la SVS funde su resolución en sus solos dichos y en definitiva, resuelva aplicar una sanción contra prueba rendida en el proceso administrativo sin haber acreditado los hechos que sustentan sus afirmaciones", agrega.
Artificial y sin pruebas
"Resulta del todo artificial y carente de toda prueba lo sostenido por la SVS, en orden a que la baja en la cotización bursátil de la acción de SQM no tuvo por causa la renuncia de los tres directores (...) sino la incertidumbre en el monto de los gastos sin respaldo", es uno de los argumentos de la defensa de Hernán Büchi, Ramón Cifuentes, para descartar los efectos en el mercado que acusa la SVS.
Además, reclama que "la formulación de cargos se practicó sin haber escuchado (a Büchi) y sin tomarle declaración, mínima exigencia de ecuanimidad y que la SVS en su resolución pretenden soslayar".
La SVS tiene un sesgo
Finalmente, Sebastián Oddó, defensor de Patricio Contesse Fica, además de rechazar que la información debía ser considerada como hecho esencial, agrega que "la resolución de la multa recurre a una serie de argumentaciones que carecen de todo fundamento, extremando interpretaciones completamente inverosímiles de las normas aplicables". A ello agrega que la resolución del regulador "se permite 'establecer' hechos que no son tales, careciendo absolutamente de pruebas para ello y soslayando además, de la contundente y sólida evidencia que demuestra lo contrario".
Además, acusa que "la SVS resolvió contra la evidencia rendida, demostrando una vez más su sesgo".
Presiones políticas
Felipe Vial, abogado de Wolf von Appen, es más dura y acusa "falta de este principio de objetividad por parte de la SVS", lo que se ve reflejado "que ante hechos idénticos ocurridos con SQM no haya tenido la misma actitud que la adoptada respecto de los directores de SQM. (... ) Otras empresas siguieron el mismo camino que SQM respecto de la formulación de rectificaciones tributarias en caso de existencia de gastos sin respaldo (...) que tampoco fueron objetos de declaración de hecho esencial por dichas empresas o sus directores sin que la SVS haya ni siquiera hecho una formulación de cargos ni menos que dichos hechos hayan significado una sanción". En este caso, cita la publicación de una revista sobre un pago del grupo Angelini, que se cree fue para financiar política.
Además, acusa que la actitud de la SVS se debió a la "fuerte presión que debe haber sentido por sancionar en una causa mirada con atención por diversos actores políticos". Agrega "con todo respeto, a la SVS le faltó coraje para simplemente absolver a los imputados de toda responsabilidad".
Le falta legitimidad
La defensa de Juan Antonio Guzmán, el abogado Paulo Montt, pide que se rechacen los cargos, argumentando cinco aspectos. El primero es que a Guzmán le faltaría legitimidad, puesto que "el obligado a informar de acuerdo con las disposiciones pretendidamente infringidas por el regulador es el emisor (este es SQM)".
Segundo, porque al sancionar a los directores de forma individual, se podría crear procedimiento paralelos y la imposición de varias sanciones por una misma y única infracción. Luego, reclama que existirían defectos en los cargos formulados, los que afectan el derecho a defensa. Finalmente, indica que la información que reclama la SVS se debió haber entregado no puede ser calificada como un "hecho relevante".
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