Los factores de la nueva ley de quiebras que preocupa a los bancos y acreedores
Personas naturales deudoras ofrecen insuficientes bienes en procesos de liquidación, por lo que la recuperación de la banca es baja.
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Hay bancos y acreedores que no están contentos con la nueva Ley de Quiebras -ahora llamada de Insolvencia y Reemprendimiento-, que permite que, además de empresas, personas naturales puedan acogerse a este proceso.
La razón se encontraría en que, con el nuevo sistema, si no hay acuerdo entre los insolventes y los acreedores, éstos últimos "recuperan cero y el deudor queda sin deudas, si es que éste decidió declarar activos bajos o igual a cero", explicó Alejandro Alarcón, director de empresas y ex gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).
Lo anterior se daría porque se trata de un proceso unilateral, "que obliga a los acreedores a entrar en un proceso de renegociación forzado, donde los deudores pueden ofrecer muy poco a cambio de un proceso de liquidación", agregó.
Desde la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento refutan lo dicho por el ex timonel de la ABIF y argumentan que "los acreedores siempre pueden votar en contra de una propuesta de renegociación". En ese caso, se podrán hacer efectivas sus garantías fuera del Procedimiento Concursal de Renegociación. Además, destacan que los acreedores que voten contra una negociación igualmente pueden hacer efectiva su garantía específica.
Alarcón insiste en que "los bancos están obligados a concurrir porque o si no tienen que aceptar las condiciones que defina el deudor".
Con lo anterior, el economista sostiene que se incrementa el riesgo al sistema financiero, "porque cuando tenemos este tipo de deudores de forma habitual, se le sube el riesgo a todos, por lo que se hace menos asequible el acceso al financiamiento, que es lo mismo que pasó con la baja en la TMC, con el consentimiento explícito; son todas medidas regulatorias que finalmente sacan a personas del sistema financiero".
Con esta nueva ley que lleva seis meses en vigor, Alarcón dice que "se incentiva que los deudores licúen sus préstamos". Además, explica que en muchos casos el deudor no incluye todos sus activos, a todos sus acreedores, lo que implica que los plazos de renegociación sean largos, se hagan condonaciones y que no se aplique la tasa de interés.
"Esta es una ley muy interpretativa, respecto de la cual ya hay bastante consenso en que debe ajustar para beneficio de todos", concluye.
Y al menos varios síndicos estarían de acuerdo.
La mirada de los síndicos
"Creo que en el corto plazo esta ley se tendrá que modificar. Lo de ahora lo tomo como una marcha blanca, pero cuando la ley cumpla un año, la superintendencia y el Ministerio de Economía tendrán que revisar esta nueva ley", indica Patricio Reyes, síndico de quiebras
"No puede una persona casi sin bienes zafarse de todo y decirle a los acreedores que no le cobren nada porque no tiene bienes. Para acogerse a la liquidación voluntaria se tienen que tener bienes, pero a veces casi no existen", revela Reyes, que opina que con esta ley "los bancos van a pensarlo mejor antes de dar créditos de consumo".
Otro síndico de la plaza sostiene que "se debiera modificar la ley para hacerla más realista". Esto porque en las liquidaciones a personas naturales "hay veces que no alcanzan los bienes para liquidar ni si quiera para pagarle los gastos del síndico, quienes tienen que asumir costos que no le corresponden", revela.
OTROs puntos sensibles de la ley
Para los síndicos, los principales problemas de la nueva ley tienen que ver con el hecho de que se han endurecido las sanciones contra ellos y las multas que se le aplican por incumplimientos son más altas. Sin embargo, los plazos que manejan para verificar créditos son más cortos.
Para los tribunales, por otro lado, las complicaciones están en que se les suma carga laboral para sentenciar casos de una nueva ley que aún no manejan a cabalidad. "Los tribunales tienen que resolver todas las impugnaciones de crédito de una liquidación en una audiencia única, de forma oral y dictando sentencia inmediata, y eso, para los casos de insolvencia de empresas o de personas con altas deudas y diversificadas, es imposible", dice una fuente. Algunos actores del mercado creen que con esto "los bancos van a endurecer sus políticas y ofrecerán créditos más caros o pedirán mayores garantías (prendas e hipotecas)".