Luego de que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos informara que llegó a acuerdo con Juan Bilbao y Tomás Hurtado, la duda que quedó en el mercado es qué va a pasar con el caso en nuestro país.
Esto debido a que si bien la Corte del Distrito Sur de New York, aprobó el pago de US$ 13,2 millones por parte Bilbao, lo cierto es que en Chile hay un proceso pendiente.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) continúa su propia investigación, y si bien consigna que sólo se trata de un proceso fiscalizador, existe la posibilidad de que se aplique una sanción. Eso al menos se desprende de las palabras del superintendente Carlos Pavez, tras participar de la Cumbre Hemisférica de Seguros, FIDES 2015, organizada por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).
"En términos generales, sin referirme al caso en particular, claro que se puede (sancionar)", sentenció Pavez al ser consultado por el tema, enfatizando que aún faltan las conclusiones de la investigación.
"Lo mencioné hace un par de semanas. Evidentemente, pueden haber algunas relaciones entre las operaciones que se investigaron allá y las que nosotros podemos analizar, pero efectivamente, hay que ver el detalle de lo que nosotros estamos evaluando acá", dijo.
Y agregó que "ahí hay un tema que nosotros respetamos y entendemos perfectamente, que tiene que ver con el principio de non bis in ídem, de no juzgar dos veces una misma conducta". Pero para eso, explicó, "hay que ver si efectivamente se da y, en definitiva, entendemos que son los tribunales de justicia los que definen si se está dando un mismo caso".
El superintendente declinó seguir profundizando acerca del llamado caso Bilbao, y afirmó que prefiere esperar a que finalice el proceso fiscalizador que lleva adelante el organismo, ya que luego de que se den a conocer los resultados, podría comentar con más detalles su postura.
Reestructuración de Enersis
Otro de los temas que se ha tomado la agenda es la reorganización de Enersis.
De hecho, el ex SVS, Fernando Coloma, afirmó hace unos días que él hubiera aplicado el título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, porque a su juicio, existe un conflicto de interés. Es decir, la hubiera regulado como una Operación entre Partes Relacionadas (OPR).
"Una opinión muy legítima, muy valorada del profesor", comentó Pavez al ser consultado por esta declaración.
"Tenemos una opinión distinta. Evidentemente creemos que se resguarda (el interés social). Es parte de nuestra preocupación", explicó.
Asimismo, señaló que la decisión de no declarar la OPR, fue consecuencia de un proceso de análisis profundo, "y en el convencimiento, como lo hemos dicho, de que están todos los elementos de protección hacia los inversionistas".
"Es lo que corresponde, además, desde el punto de vista de la ley", añadió.
Seguros y los cambios demográficos
Por otro lado, el regulador expuso respecto de los cambios demográficos y el negocio de los seguros. Consultado por cuál sería el impacto de las nuevas tablas de mortalidad, advirtió que hay que esperar que concluya el actual proceso de definición.
No obstante, destacó que ya existen estimaciones avanzadas, de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones.
Además, señaló que desde el punto de vista de la seguridad, el sistema previsional en los seguros ha funcionado bien. "Afortunadamente, nosotros no hemos tenido casos de incumplimientos (...) Tenemos bastante tranquilidad de que las compañías han estado incorporando e implementando una serie de medidas que apuntan efectivamente a resguardar adecuadamente los recursos. De ahí a que se puedan hacer otros cambios, insisto, son decisiones de política pública que escapan al ámbito de las labores de la Superintendencia", aclaró a la prensa tras su presentación.
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