Plenamente confiado en que el Programa de Integración Social y Territorial anunciado hace dos semanas cumplirá su propósito de generar un impulso reactivador de la economía, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu) Cristián Monckeberg, señala que esta iniciativa cuenta con una “ruta despejada” para dar curso a la construcción de 15 mil nuevas viviendas, un horizonte de inversiones por US$ 1.034 millones y 45 mil empleos directos e indirectos.
En efecto, el titular de la cartera explica que, dado que ya se realizaron los llamados al concurso de integración social de la zona centro-norte y sur, ya cuentan con proyectos suficientes para concretar ese objetivo en el plazo de los próximos seis meses, ya que las iniciativas que postularon superaron con creces los cupos disponibles.
Al respecto, detalla que frente a un total de 20 mil unidades -a las que se suman 5 mil guardadas para el llamado que se realizará próximamente para construcciones en terrenos del Serviu- en definitiva se presentaron proyectos para más de 60 mil viviendas. Asimismo, destacó que un 70% de esas iniciativas calificaron como adjudicables.
“Somos muy buenos socios para generar acciones concretas en materia de reactivación, y estamos preparados para impulsarla de manera expedita, ya que tenemos una muy buena ejecución presupuestaria (99,8%) y somos uno de los ministerios que más empleos genera”, enfatiza.
En esta línea, el ministro adelanta que están conversando con la Dipres para adelantar la planificación presupuestaria, con lo cual se busca que los proyectos cuya ejecución está programada para 2020 se realicen a contar de enero de ese año, y no en junio como ocurre hasta ahora.
Junto al trabajo desplegado para poner en marcha la agenda pro inversión, el secretario de Estado detalla las principales líneas de acción en curso para estimular la actividad en el sector de la vivienda, agilizar las inversiones y despejar los obstáculos que frenan los proyectos.
En este propósito, Monckeberg anticipa que se está poniendo en marcha una oficina especial que busca “destrabar y descomprimir proyectos de inversión que digan relación con este ministerio y que estén por alguna razón rezagados, complicados, enredados o sin resolución”, precisando que este proyecto replica la unidad de GPS de Economía, cartera con la cual “estamos haciendo un trabajo importante en la materia”
-¿Cuál es el universo actual de proyectos que están en esta oficina?
-Lo vamos a dar a conocer pronto, pero es una larga lista.
-Uno de los temas más importantes pendientes para el sector privado es resolver los reparos de la Contraloría a un gran número de proyectos. ¿En qué va ese objetivo?
-Estamos haciendo un importante trabajo con la Contraloría para ir avanzando en modificaciones que son importantes y que van a dar mayor certeza en temas urbanísticos .
-¿Cuál es su expectativa?
-Yo creo que vamos a tener un buen resultado.
- ¿Cuál es el cambio que se debe lograr para generar una mayor inversión en el sector construcción?
- Evidentemente se han tomado decisiones que han generado ciertos grados de incerteza jurídica. Pero el trabajo colaborativo y bastante silencioso que hemos llevado a cabo hasta ahora, ha permitido ir avanzando en dar mayor certeza al desarrollo de la ciudad y a la inversión inmobiliaria.
-¿Ud. ve que están en un momento distinto en relación a las tensiones que hubo con la Contraloría anteriormente?
-Hay una institucionalidad vigente y nadie es dueño de la pelota. Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de acuerdo y ha sido un trabajo muy colaborativo con el Contralor. A mí no me sirve para nada pelearme con la Contraloría y tener 20 proyectos de inversión inmobiliaria detenida producto de una pelea que no va a llevar a ningún destino, prefiero buscar acuerdos, interpretaciones más acordes entre las dos instituciones .
-En este trabajo con la Contraloría, ¿cuáles son los principales problemas que han identificado?
-El gran problema que todos conocen se refiere a los planos reguladores y es que se admitieron como válidas ciertas condiciones que a juicio de la Contraloría no lo eran. Vale decir, que los municipios se excedieron en su planificación y exigieron más cosas que lo que la ley les permitía exigir en el desarrollo de las ciudades. Y por lo tanto, eso hizo que se congelaran y detuvieran muchos proyectos. Ese es el problema mayor: que los planos reguladores excedieron, a juicio de la Contraloría, la legalidad existente, el espacio de planificación que la ley les permite y por lo tanto la Contraloría dictaminó que no eran válidos.
-¿Cuál es el camino de solución para esto?
-Lo que estamos buscando es tratar ese y otros puntos y creo que vamos a llegar a buen puerto, en eso soy más positivo que negativo.
-¿Cuáles son los cambios específicos, especialmente en las comunas que han tenuido mayores problemas?
-No puedo decirlo. Hay ciertas interpretaciones a las normas urbanísticas que yo creo van a dar certeza a quienes quieren invertir en las comunas y evidentemente a los directores de obras que tienen que entregar los permisos de edificación para que esto se concrete. Estamos en pleno proceso de avance de esas modificaciones, entonces es mejor no decir mucho de eso todavía falta para eso.
-Destrabar los proyectos parados por US$ 7000 millones que reclaman los privados ¿Ayuda a la reactivación?
-De todas maneras. La reactivación económica no sólo significa inversión y mano de obra, sino que también es un mejor clima, ambiente y ánimo. La economía no solo funciona por recursos y normas claras, sino que también por confianza, y si temas como estos se empiezan a destrabar, genera un mejor clima en quienes invierten y por lo tanto se entusiasman más en la inversión en este caso en proyectos inmobiliarios y desarrollo de ciudad, esa es la gracia de las medidas de reactivación, que generan mayor ánimo, más confianza y más entusiasmo para desarrollar proyectos.
-¿Se pueden esperar buenas noticias para proyectos emblemáticos como Territoria?
-Lo que buscamos es justamente eso, que proyectos emblemáticos, e importantes en términos de inversión inmobiliaria, primero cumplan con la normativa vigente, pero a su vez se puedan destrabar prontamente.
-¿Se busca aumentar la certeza jurídica?
-La certeza jurídica es para los dos lados, para las inversiones y para las constructoras e inmobiliarias, pero también para los vecinos y que ellos tengan también un margen de acciones que les permita reclamar para que no empeore su calidad de vida.
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