Para el próximo 30 de mayo de 2024, se fijó un nuevo remate del millonario proyecto inmobiliario a medio construir en Pucón. Se trata de un complejo de tres edificios con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%), que ya ha vivido dos procesos de subasta sin éxito.
El proyecto -emplazado en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200, Pucón- es propiedad de la Inmobiliaria La Poza S.A., ligada al empresario Alfonso Fuenzalida, que inicialmente intentó sacar adelante un proceso de reorganización judicial, pero finalmente se decretó su quiebra.
El primer remate se efectuó el 25 de enero de este año, con un mínimo de 500 mil UF (unos US$ 20 millones); luego, fue el 25 de abril recién pasado, con un mínimo de 400 mil UF (US$ 16 millones). En ambos, no se constituyeron garantías por ningún interesado, informó el liquidador Francisco Javier Cuadrado, en la Sexta Junta Ordinaria de Acreedores de la Liquidación Concursal de la empresa deudora, realizada el pasado 25 de abril.
En la misma cita, los acreedores aprobaron bajar el monto mínimo para el nuevo remate, y lo fijaron en 300 mil UF (US$ 12 millones), el que deberá ser pagado en su totalidad al contado, en un plazo que no exceda de 60 días corridos a contar de la fecha de licitación-remate.
Además, el liquidador señaló que el único interesado que ha existido a la fecha formuló una oferta de compra directa por 235 mil UF (US$ 9,3 millones), la cual, dijo, fue rechazada en su oportunidad.
“Un acto lesivo”
Días antes del segundo remate, el abogado de la inmobiliaria, Gonzalo Bulnes, solicitó a la justicia suspenderlo. “Ese acuerdo ha sido acordado, a pesar de encontrarse pendiente la vista y fallo del recurso de apelación de esta parte en contra de la sentencia que decreta la liquidación, y a pesar de haber expuesto esta parte en junta que dicha decisión sólo tiene como fin generar una situación de hechos consumados que dificulte retrotraer los efectos de ser acogido el recurso de apelación pendiente”, sostuvo el jurista.
El mismo día del remate, el 13º Juzgado Civil de Santiago rechazó en primera instancia la solicitud y, tras la insistencia de la inmobiliaria, el tribunal accedió a suspenderlo, sólo cinco minutos antes de iniciarse la subasta.
El liquidador dejó constancia que, previo a la suspensión del remate, el martillero concursal designado informó que no se rindió ninguna garantía por ningún interesado para poder participar en la subasta que se iba a efectuar.
El apoderado de la empresa deudora, Gonzalo Bulnes, señaló en la junta de acreedores -en uso de su derecho a voz- que existe nulidad en los actos adoptados. Esto, porque a su juicio, a pesar de no haber remate alguno, se ha bajado el mínimo de 500 mil UF a 400 mil UF y ahora 300 mil UF, lo que -sostuvo- implica abiertamente una violación del Instructivo Nº2 de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
“Es tan grave lo que ha sucedido, que nosotros hemos presentado con fecha de hoy (25 de abril) una denuncia de solicitud de fiscalización a la Superintendencia que ha sido acogida a tramitación, razón por la cual, en los próximos días se le va a pedir al liquidador informe y de ser constatado la veracidad de nuestros antecedentes y que así lo van a hacer porque constan en las actas y entre los antecedentes formales de este procedimiento viciado, probablemente se abrirá un proceso sancionatorio en su contra, que es lo más probable, razón por la cual, quiero dejar constancia en acta que se trata de un acto lesivo para esta parte, abiertamente ilegal “, sostuvo el abogado de la inmobiliaria.
Y añadió: “No puede bajar los mínimos alegando que no hay postores cuando no ha habido remate. Si usted quiere violar las instrucciones expresas de la superintendencia tendrá que darle explicaciones a su superintendente en su momento. Esto no se le puede aceptar y quiero hacerle presente que aquí debe declarar frustrado o desierto el remate para poder hacer las rebajas correspondientes y aquí, simplemente, ni siquiera ha habido subasta, ya que, ambas fueron suspendidas”.
El abogado sostuvo que el objetivo es “acelerar artificialmente” el proceso de liquidación. Esto, agregó, “a fin de que los actuales controladores del Banco Security antes del traspaso del banco al Grupo Matte puedan hacerse del activo de mi mandante y eso yo no lo puedo aceptar”.
En agosto de 2020, la empresa solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización judicial. Sus pasivos superan los $ 17.593 millones, según antecedentes del proceso, en los cuales se precisó que el giro principal de la inmobiliaria es el desarrollo del proyecto La Poza.
A fines de 2020, se aprobó la reorganización judicial, y se nombró como interventor concursal a Patricio Jamarne. La comisión de acreedores quedó conformada por representantes del Banco Security y la Chilena Consolidada Seguros Generales.
Hasta que, en enero de 2022, el mencionado banco solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de 77.633 UF. La justicia decretó la quiebra de la empresa el 22 de junio de 2023.
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