Tener una Constitución formal parece un requisito para un país moderno y democrático. Es el documento en el que la mayoría de los países ha consagrado la garantía de los derechos humanos.
Y sin embargo, 30 de las constituciones vigentes hoy en día no fueron redactadas en períodos democráticos. Una de ellas es la chilena, de 1980. El texto, hoy cuestionado en su origen, es categorizado por Tom Ginsburg como una "Constitución autoritaria transformadora". Es decir, un texto nacido en dictadura, pero que tenía como fin ordenar (limitar, dirán algunos) la transición, y que ha sobrevivido el cambio de régimen político.
Ginsburg, experto constitucionalista y profesor de la U. de Chicago, cree que el problema de legitimidad que se le atribuye al texto chileno es más bien simbólico, pues el documento que rige actualmente ha sido transformado desde 1980 por numerosas enmiendas.
¿Constitución de Pinochet?
Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, especifica que del texto original sólo queda una veintena de artículos sin reformar o reemplazar. El único capítulo que se mantiene casi intacto es el que hace referencia a la independencia del Banco Central.
Es más, Alvarado, autor de "La Ilusión Constitucional", recuerda que la Constitución sí ha tenido instancias de legitimación democrática, en los plebiscitos de 1988, 1989 y finalmente la reforma de 2005. "Esta no es la Constitución de Pinochet. Esa esa una caricatura", afirma.
En el plebiscito de 1989 se sometieron a votación 54 reformas, que consolidaban la transición a un régimen democrático y que fueron aprobadas por una contundente mayoría (91% de los votos). Durante los años 90 las reformas continuaron, hasta culminar con la de 2005 y la promulgación del texto con el que Ricardo Lagos pretendió dar por terminado el proceso de legitimación y democratización de la Constitución.
Decir que la actual es la misma firmada en 1980 sería desconocer tres décadas de transformaciones políticas. "Sería tratar de desconocer lo que ha pasado y lo que ha avanzado Chile en los últimos 30 años", puntualiza Alvarado.
Para Ginsburg, parte del problema de legitimidad que todavía hoy se acusa a la Constitución se hubiese solucionado si la reforma de 2005 hubiese concluido con un plebiscito. Aunque duda que eso hubiera frenado el deseo por un cambio más radical. "Ahora estamos en un momento generacional diferente", y recuerda que las constituciones no sólo son un manual operativo del Estado, sino también el marco que da forma a las aspiraciones de una sociedad, "a la dirección en la que se quiere avanzar".
Eso explicaría por qué Panamá, que también tiene una Constitución en la misma categoría que la chilena, pero que data de 1972, también está discutiendo una reforma amplia.
En el caso panameño, el intento inicial de reforma se encargó a un Consejo de Desarrollo, y luego quedó en manos del Congreso. Ahora, tras manifestaciones en rechazo a las modificaciones realizadas por los legisladores, se buscará incorporar un proceso más participativo de consulta ciudadana.
Se agotó un modelo
Alvarado no ve en la legitimidad la verdadera razón de la 'molestia' con la Constitución. El problema radicaría en el agotamiento del modelo de la transición. "El problema es que sea la constitución de la transición, la manera en que se fueron acordando las reformas, en base a las negociaciones políticas, ese modelo se agotó, es ese modelo el que ha perdido legitimidad ante la gente", explica.
Un descrédito que se evidencia en los resultados de la encuesta CEP, publicada la semana pasada, donde los partidos políticos apenas si marcan un 3% de confianza de la ciudadanía.
Esta tesis implicaría que la presión por un cambio no se acabará, si la opción "rechazo" gana en el plebiscito de abril. Por eso, señala Ginsburg, aunque el argumento de falta de legitimidad de origen sea algo más bien simbólico, no deja de ser importante. Ambos autores coinciden en que se percibe la demanda por un nuevo contrato social, a la que se deberá dar respuesta, incluso si en el plebiscito del 26 de abril gana la opción "rechazo". "La derecha debería pensar en qué hará, no solo si pierde, pero también si gana el plebiscito", apunta Alvarado.
Parte importante para que una reforma constitucional sea exitosa, y tenga legitimidad, es que sea apoyada por una mayoría importante de la población. "El resultado del plebiscito será muy importante. Yo he dicho que Chile transitará por un puente muy estrecho de aquí al 2022", señala Ginsburg, en referencia a la presión social y el delicado momento que vivirá el país en el proceso.
Derechos sociales, en la medida de lo posible
Una de las tendencias en las últimas reformas constitucionales latinoamericanas ha sido ampliar el catálogo de derechos sociales a los que se obliga al Estado. Ante diferencias teóricas e ideológicas, se optó por incorporar los derechos sociales en un documento separado a la Declaración Universal de DD.HH.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue elaborado en 1966, ratificado por Chile en 1972, y entró en vigor en 1976. El documento da categoría de derechos a la igualdad de género, la educación, asistencia médica, el trabajo y un ingreso mínimo, así como un "nivel adecuado" de alimentación, vestido y vivienda. Eso sí, a diferencia de los Derechos Humanos (políticos y civiles) no tienen un carácter mandatorio inmediato. En el artículo 2 del Pacto se establece el carácter progresivo y "hasta el máximo de los recursos de que se disponga" para lograr la plena efectividad de estos derechos.
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