“Esto es muy impactante, remeció profundamente no solo al mundo jurídico, sino que pienso que a todo el país”. Así de categórica es la expresidenta del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Marisol Peña, ante la repercusión del caso Audios en la Corte Suprema.
Y, de inmediato, la abogada enfatiza que todo lo relacionado con el sistema de administración de justicia impacta en la defensa de los derechos fundamentales, porque cuando cualquier persona se siente vulnerada en lo primero que piensa es en recurrir a un juez para que lo ampare. “De forma tal, que el impacto no se reduce solo al mundo de los abogados o de la judicatura”, subraya.
“La principal obligación de un juez es el deber de ingratitud, es decir, no quedar supeditado a quien lo nombra y menos a quien haya hecho gestiones para su nombramiento”.
- ¿Qué se puede sacar en limpio considerando que hay consenso en que el sistema de nombramientos debe cambiar?
- Rescato que la Corte Suprema -antes del episodio reciente referido a la ministra Ángela Vivanco- ya había dado a conocer una propuesta sobre el sistema de nombramiento de los jueces, que a mí me parece bastante razonable. Aunque toda propuesta es perfectible, me parece razonable en su médula, que significa colocar la responsabilidad de nombramiento en un tercero, un órgano distinto al Poder Judicial, aun cuando pueda estar integrado por jueces, quienes puedan decidir sobre la base del mérito de los candidatos guardando condiciones de estricta transparencia.
Creo que habiéndose generado la preocupación por el tema y habiéndose adelantado la Corte Suprema a lo que ahora ha quedado en evidencia, la pregunta es ¿cómo articular un sistema que evite la politización de los jueces y también evite el tráfico de influencias? Este es el gran desafío que tenemos como país.
- ¿Y qué podría implicar?
- Eso podría significar que, por ejemplo, cuando las personas postulen a un concurso público para ser juez, tengan que manifestar anticipadamente todas sus inhabilidades o redes de contacto, a quienes han asesorado y todo lo que pudiera denominarse su nivel de influencias. Porque así al final del día logramos un sistema en que no solo evitemos la politización -contrarrestando los cuoteos políticos que hemos conocido en los últimos años-; y ponemos el acento en el perfil de un juez, cuya principal obligación es el deber de ingratitud, es decir, no quedar supeditado a quien lo nombra y menos a quien haya hecho gestiones para su nombramiento.
- ¿También se debe poner énfasis en la formación valórica de los futuros abogados?
- Quiero destacar en este punto la carta pública de un grupo de decanos comprometiéndose a renovar los esfuerzos para la formación ética de los futuros abogados. Es evidente que acá hay una lección y no porque en las facultades de derecho no tengan cursos de ética, sino porque los tienen, pero quiere decir que tenemos que reformularlos. Y, más importante, es que los cursos deben ser la actitud de vida de los profesores, cuando los docentes somos capaces de mostrar una consecuencia de vida en el ejercicio de la profesión de acuerdo con los principios y valores de cada proyecto educativo, ahí hincamos el diente en la esperanza de que futuros abogados no incurran en conductas como las que hemos conocido.
- ¿Lo anterior es relevante porque hay indicios de que la desconfianza en los sistemas de justicia ha aumentado en diversos países?
-Exactamente, porque una cosa es entregar cursos de ética, pero la credibilidad de las instituciones pasa fundamentalmente por la integridad de vida y la consecuencia.
No puede ser que los jueces o las personas que desempeñan roles públicos tengan vidas distintas públicas y privadas que se contaminen. Al contrario, la vida privada de los jueces debe ser consecuente con la responsabilidad que el cargo público demanda para ganarse la confianza de la ciudadanía.
- ¿Los cambios al sistema de nombramientos deben ser asumidos con celeridad o tomarse un tiempo?
- Este martes asistí a la comisión de seguridad en la Cámara de Diputados y aquí se aplica el dicho que a la misma razón la misma disposición. Se ha fijado que el proyecto de infraestructura crítica está desde el año pasado, el que hace operativa la reforma constitucional que se tramitó.
Entonces, aquí pasa lo mismo. Se han detectado casos que son objeto de investigación y respetamos el principio de inocencia, pero sí hay dudas de casos de falta de probidad y corrupción, ahí sí que esto es urgente. No puede ocurrir que sea un proyecto urgente que pide la ciudadanía, y que quede empantanado por años en el Congreso. Es importante que esto se haga de aquí a fin de año.
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