44 días lleva el conflicto entre trabajadores y el Puerto Coronel, ligado a los grupos Angelini, Von Appen y Belfi. El saldo es pérdidas económicas por más de US$ 75 millones, incumplimientos de contratos, interrupciones en la cadena logística, atrasos para importadores y exportadores y un daño en la imagen de las empresas usuarias del terminal y en la competitividad del país, alertaron ejecutivos del sector portuario, forestal y frutero.
La disputa -que ya saltó a la justicia, con la interposición de varias querellas por la violencia en la zona de parte del ferrocarril Fepasa y de Puerto Coronel- tiene varias aristas: la implementación del reglamento de alcohol y drogas; la polémica “nombrada” (sistema por el cual los sindicatos designan quién hace el trabajo en el puerto) y el aumento de la productividad de los trabajadores, que se traduce en eliminación de 30 mil turnos al año.
Puerto Coronel señaló que “nuestra política en relación con el consumo de alcohol y drogas es innegociable”.
Drogas y alcohol
El 23 enero de este año, un trabajador tuvo un accidente: cayó al mar con un tractocamión. Se le hizo el test correspondiente y dio positivo en alcohol y drogas, por lo cual fue despedido. El presidente del sindicato Nº 1 marítimo portuario, Guillermo Jaque, dijo que “la empresa arbitrariamente ejerció un castigo que dejaba de lado todo lo acordado previamente, en el sentido que no le dio la opción de rehabilitación antes de despedirlo”.
En marzo, otro incidente que enturbió las relaciones fue el vinculado a una trabajadora que fue suspendida por 10 días por dar positivo en un examen aleatorio, aunque ella dijo que tomaba medicamentos por su estado de salud. Jaque indicó que la trabajadora en cuestión dejó de tomar sus medicinas para poder volver a sus funciones, lo que a juicio del dirigente desencadenó su deceso a los pocos días.
Se activó una mesa de negociación, pero la empresa denunció que los trabajadores recurrieron a la práctica de las “ruedas cuadradas” y se quebraron las tratativas el 26 de marzo: “Como empresa no podemos avalar acciones tales como ralentizar procesos o la práctica ‘ruedas cuadradas’. Además no podemos considerar como ‘mecanismo de negociación’ aspectos que albergan conceptos relacionados con preservar y garantizar la seguridad de todos y cada uno de los colaboradores”, explicó Puerto Coronel. Agregó que “nuestra política en relación con el consumo de alcohol y drogas es innegociable”.
La “nombrada”
Según el dirigente sindical, más que este problema de drogas y alcohol, lo que distancia a los trabajadores de la empresa es la política de aumento de productividad y recorte de turnos que está impulsando la nueva administración, que llegó en noviembre de 2023 y encabeza el gerente general Patricio Román.
Uno de los aspectos que el máximo ejecutivo busca cambiar es el sistema de “nombrada”, que para los trabajadores es un “derecho de administrar el personal de los sindicatos de trabajadores eventuales”, señaló Jaque, y para la empresa es un abuso y una ilegalidad dado que colisiona con la libertad de trabajo.
El sistema de “nombrada”, explicó el presidente de la Cámara Marítimo Portuaria, Daniel Fernández, es que los sindicatos designen a los trabajadores eventuales que realizan los turnos, sistema que se presta para diversas prebendas (ver nota relacionada).
Para comprender mejor el sistema de “nombrada” hay que indicar que los trabajadores portuarios eventuales se dividen en dos tipos. El primero son trabajadores con contrato provisional, que además de los turnos tienen garantizado un sueldo mínimo.
Los llamados eventuales “puros” solo reciben pagos por los turnos que hacen. Quién hace los turnos es definido por los sindicatos, que elaboran las listas de acuerdo a los perfiles laborales, años de experiencia, entre otros factores. Según los ejecutivos de las empresas exportadoras, el sistema, además de ser anacrónico, se presta para todo tipo de tráfico de favores, impide la renovación y la incorporación de nuevos talentos y merma la productividad al no haber incentivos para trabajar mejor.
Daños
Puerto Coronel es un terminal multipropósito con instalaciones de clase mundial en tres áreas de negocios: contenedores, carga general y graneles. La empresa ha perdido más de US$ 5 millones al mes, es decir, en los casi 45 días el saldo en rojo llegaría a US$ 7,5 millones, señaló la firma. Pero en términos generales, el daño económico supera los US$ 75 millones, estimó el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda.
Es una empresa clave en el ecosistema de negocios de la zona sur: por ahí salen los embarques de Arauco, del grupo Angelini; Orizon; las salmoneras, embarques de carbón, entre otros.
Impactos
“Hay carga que no se ha podido mover debido a la paralización; hay naves que han ido a otros puertos y eso ha generado atochamiento en otros terminales, en especial en la V Región; empresas como Arauco ha tenido atrasos en entregas, con el consiguiente daño reputacional”, enumeró el gerente corporativo personas y sustentabilidad de Arauco, Charles Kimber. “Los daños son millonarios, pero hay perjuicios que son más difíciles de cuantificar y muchos de los efectos se verán después, como la relación con los clientes”, afirmó.
Según cifras del Puerto Coronel, la carga perdida asciende a casi 1 millón de toneladas de diversas especies e involucra a 27 naves, de las cuales 18 son contenedores, tres de carga general y seis buques graneleros.
El presidente de la Asociación de Exportadores, Iván Marambio, explicó que hay embarques de peras y manzanas de Argentina varados en el terminal, aunque muy poca fruta chilena, dado que la temporada ya pasó y el 80% sale por puertos de la zona central o el norte chico.
Sin embargo, el dirigente señaló que la paralización de Coronel provocó una serie de disturbios en la cadena logística que a la larga encarecen los fletes marítimos. Indicó que los barcos tienen menor carga debido al paro del puerto penquista, lo que vuelve más costosa la ruta. Por eso, algunas navieras van, derechamente, a eliminar ciertas rutas. Y una de las que corre peligro es la ruta a Europa, indicó Marambio.
En una carta a “El Mercurio”, el gerente general de MSC Mediterranean Shipping, Ricardo Klepau, reclamó que la movilización lo obligó a desviar 16 naves, privó al puerto de embarcar 320 mil toneladas de carga 0 12 mil contenedores. “Sin la operación de Coronel, la región no funciona, dijo el ejecutivo.
Daniel Fernández: “Se está produciendo un delito flagrante y la autoridad tiene que intervenir”
“Llevamos más de 40 días de un paro que no está en el marco de una negociación colectiva y por ello, se encuentra absolutamente fuera de la legalidad”. Así describió el conflicto de Puerto Coronel el presidente del directorio de la Cámara Marítimo Portuaria, Daniel Fernández, quien alertó que “la autoridad no ha hecho su labor de establecer el orden público y garantizar la libertad de la empresa”.
El exmáximo ejecutivo de Metro, TVN e Hidroaysén, agregó que en la zona “se está produciendo un delito flagrante y la autoridad tiene que intervenir, es su obligación hacerlo; es como si un carabinero ve un ataque en una casa, interviene, no hay dudas en ello. Aquí es lo mismo”. Con el agravante, agregó, que “los puertos son infraestructura crítica para el país”.
Insistió en que “las autoridades han abandonado sus obligaciones e incluso se ha dado la situación absurda a todas luces, de que la empresa ha sido sancionada por la Dirección del Trabajo por no cumplir con ofrecer los turnos a los trabajadores, cuando el propio Estado no ha sido capaz de entregar las condiciones para la empresa pueda funcionar”.
Respecto de la práctica de la “nombrada”, Fernández explicó que “suponía” que este sistema ya no se usaba en Chile porque se fue desmantelando paulatinamente tras las concesiones portuarias en los ‘90. Detalló que la última gran negociación en que se terminó este mecanismo fue la que tuvo como protagonista al puerto de San Antonio (grupo Matte) y se produjo en 2014.
Sobre las consecuencias de la movilización, el dirigente hizo ver que además de los daños al sector exportador que opera en la zona, como la industria forestal, salmonera y pesquera, y al sector naviero, este paro tiene implicancias en la inversión en el sector portuario e incluso efectos geopolíticos.
Esto, porque hay una gran competencia de los puertos del Pacífico en general y de Chancay de Perú en particular, por aumentar la carga.
“Es un tema al que las autoridades no le han tomado el peso que tiene”, concluyó Daniel Fernández.
EDUARDO HARTWIG, EX PRESIDENTE PUERTO CORONEL
Puerto Coronel se querella contra expresidente y exgerente general
El 2 de noviembre de 2023, Patricio Román asumió como gerente general de Puerto Coronel. Su antecesora en carácter interina, Michelle Prater Holger, le comunicó la existencia de “ciertas prácticas irregulares dentro de la compañía”, según se lee en una querella presentada meses después. En ese momento, el nuevo ejecutivo procedió a hacer una autodenuncia ante la Fiscalía Regional del Biobío “por distintas irregularidades ocurridas con anterioridad al inicio de su gestión”.
Y el pasado 18 de marzo, Román, en representación de la firma portuaria, interpuso una querella criminal en contra de Eduardo Hartwig Iturriaga, fundador de la empresa y expresidente del directorio, así como contra el exgerente general Javier Anwandter Hammersley y los empresarios Víctor Olivares Matamala y Hernán Romero Sáez, por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal. Según esta acción penal, “Eduardo Hartwig y/o Javier Anwandter organizaban, coordinaban e instruían la emisión y el pago de facturas por servicios no prestados (en parte o en su totalidad), generadas por sociedades relacionadas a los imputados Olivares y Romero, como también el pago por montos improcedentes a favor del expresidente”.
En la querella se informan de pagos de Hartwig a dirigentes sindicales.
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