La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) concluyó el procedimiento sancionatorio contra la salmonera canadiense Cooke Aquaculture, determinando la existencia de ocho infracciones ambientales en la ejecución de tres centros de engorda de salmones (CES) -denominados Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3- ubicados en la Región de Aysén.
De acuerdo a la entidad, dos de ellos están emplazados dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Laguna San Rafael, lo cual es discutido por la compañía.
Respecto de Punta Garrao, la SMA sostuvo que el titular superó la producción máxima autorizada entre septiembre de 2017 y febrero de 2019 en un 22,72%. "Junto con lo anterior, la Superintendencia confirmó que el titular emplazó estructuras asociadas a la explotación del CES fuera del área de concesión; y que no contaba -al momento de la fiscalización- con un plan de contingencias asociado al derrame de hidrocarburos, ni con un plan de contingencias para la especie huillín en su interacción con el centro de cultivo", dijo la entidad.
En tanto, en cuando a Huillines 2 y 3, la SMA señaló que el titular "modificó de forma sustantiva sus proyectos sin haberse sometido a evaluación ambiental, tal como lo dispone la ley, tras haber aumentado la producción de recursos hidrobiológicos de salmones mediante un sistema de producción intensivo en más de 35 toneladas, sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) exigida para ello".
Adicionalmente, el ente fiscalizador dijo que en Huillines 2 se ubicaron estructuras del CES fuera del área de concesión y que se constató la existencia de residuos de orígen acuícola a orillas del borde costero aledaño.
Con todo lo anterior, la SMA ordenó la clausura total de los CES Huillines 2 y Huillines 3, "producto de las modificaciones sustantivas sin RCA introducidas en ellos". Vale decir que la Superintendencia elevará esta sanción al Tribunal Ambiental para ser ratificada. Asimismo, solicitó una multa de 1.660,6 UTA, lo que equivale a unos US$ 1,4 millones.
La historia
Para hacer memoria, Cooke lleva más de tres años en una disputa con la SMA, que ya había ordenado detenciones parciales de los centros Huillines.
En 2021, la entidad estatal formuló cargos contra Cooke acusando sobreproducción y que algunas de sus concesiones estaban ubicadas al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. La salmonera ha argumentado que lo que ocurre es que sus concesiones son de los años 90’, previas a la existencia de las RCA, y que hoy se les están cambiando los criterios arbitrariamente.
El caso ha pasado por tribunales ambientales y por la justicia ordinaria, sin haber llegado a resolverse finalmente. De hecho, en su calidad de inversionista extranjero, Cooke ha sostenido estar evaluando alternativas para demandar al Estado en mecanismos de resolución de controversias internacional.
La respuesta de Cooke
La resolución confirma "la actuación sesgada, anti empresarial y al margen del espíritu y la letra de la legislación vigente que ha mantenido la SMA en contra de la industria salmonera en general y de Cooke en particular. No sorprende su contenido, ya que en esta etapa la SMA es juez y parte al mismo tiempo", acusó la canadiense en una declaración.
Argumentó que los centros cuentan con todas las autorizaciones sectoriales y que sus procedimientos de autorización de siembras han seguido protocolos existentes por más de una década. Con eso, acusó "un cambio de criterio intempestivo por parte de la SMA".
La entidad "ha adoptado una posición extrema en contra de la actividad acuícola, pretendería su desaparición mediante el acoso administrativo. Lo anterior, a pesar de que el recién designado ministro de Hacienda, Nicolás Grau, firmó un protocolo de relocalización voluntario que garantiza el respeto a los derechos adquiridos de las empresas mientras se realiza la relocalización que voluntariamente éstas han aceptado realizar, realizando inversiones relevantes", dijo Cooke.
Y adelantó que "ejercerá todos los recursos que la institucionalidad le otorga para afrontar esta resolución que estimamos expropiatoria, ilegal, arbitraria y discriminatoria, incumpliendo, además, el Tratado de Libre Comercio suscrito con Canadá".
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Martín Baeza
