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Publicado: Jueves 8 de noviembre de 2018 a las 04:00 hrs.
Diez días le dio Codelco a una empresa contratista que le brindaba servicios de movimiento de tierra en El Salvador, tras detectar en una auditoría anomalías de diversa índole, como servicios no prestados.
A inicios de este año, la corporación terminó una revisión interna que concluyó con la desvinculación de cinco ejecutivos a raíz de ciertas desviaciones que se detectaron en el contrato que manejaba la empresa Santa Elvira, de propiedad del Grupo Prado, y que obligaron a la minera a no extender el contrato y lanzar un nuevo concurso, el que hoy además está en miras de la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios se están centrando en investigar el nuevo concurso -que fue adjudicado a Trepsa Cerro Alto-, dado que su costo sería mayor al que originalmente tenía Santa Elvira.
De este modo, ayer por 71 votos a favor y siete en contra, la Cámara de Diputados dio luz verde a la creación de una comisión investigadora, buscando antecedentes “que pudieran configurar una grave afectación al principio de probidad o eventuales errores, vicios u omisiones en la fiscalización de estas operaciones”, informó la Cámara.
Respecto al acuerdo con Santa Elvira, en la auditoría interna se detectaron -según consta en documentos internos de la corporación- cobros excesivos, duplicidad de cobros por igual concepto, debilidades en los respaldos, trabajos realizados que no obedecerían a un encargo de la División, entre otros aspectos.
Al interior de la corporación, además, no descartan llegar a la justicia en caso de tener antecedentes de actos constitutivos de delitos.
La firma fundada por dos exejecutivos de PedidosYa en menos de un año pasó de cuatro a 200 usuarios de su solución y acaba de cerrar su primer cliente corporativo en México, país donde abrirá una operación local en 2026.
Al abrir la segunda jornada del Alternatives Summit en Ciudad de México, Trivelli destacó la incursión de la firma en ese enorme mercado en medio de la expansión de los fondos de pensiones locales.
La iniciativa, que busca ampliar los bonos a operadores de taxis, transporte escolar y pequeñas embarcaciones pesqueras y prolongar el plazo de aporte al Fogape, fue remitida este miércoles al Ejecutivo para su promulgación.