US$150 millones es la inversión del proyecto
De un total de 21 servicios y organismos sectoriales que participan de la tramitación ambiental del icónico proyecto de tierras raras de Aclara Resources en Penco, Región del Biobío, 15 se han pronunciado “con observaciones” respecto a la Adenda presentada por la canadiense a fines de marzo.
Lo que más se lee en los oficios es que la compañía listada en la Bolsa de Toronto dio respuestas “insuficientes” a las 394 aclaraciones que solicitaron a la luz de su Estudio de Impacto Ambiental de junio del 2024. Dichas respuestas las explayó en 1.014 páginas y 17 anexos el 28 de marzo pasado.
Así, tras las nuevas observaciones, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) confirmó a DF que este mismo miércoles emitirá el segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) del proyecto, en el que dará a conocer los pronunciamientos recogidos.
“Este oficio se notifica y publica en el expediente público cumpliendo con el plazo legal y en respuesta a la adenda presentada por Aclara, y teniendo en cuenta los informes emitidos por los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) que participan de la evaluación”, explicó la entidad.
La apuesta de la canadiense es que la iniciativa se apruebe este año y que el segundo semestre de 2027 empiece la producción. Sin embargo, la tramitación podría incluso derivar en un tercer Icsara y una tercera adenda, dependiendo de las respuestas que vengan ahora por parte del titular.
Observaciones
La trama de “Módulo Penco” se sigue con especial interés no sólo por el potencial de Chile para convertirse en uno de los Top 10 de países productores de tierras raras fuera de China, sino que también por el polémico traspié de la iniciativa en su primer intento.
En julio de 2023, el SEA del Biobío resolvió poner término anticipado a la tramitación del proyecto -acogiendo la recomendación de Conaf- por no catastrar seis individuos de citronella mucronata (naranjillos). Aclara no apeló y optó por reformular su propuesta.
Pero, el fantasma de los naranjillos, queules, pitaos, monitos del monte y otras especies de la zona mantiene expectante a la compañía, que promete un proyecto de talla mundial en cuanto a su cuidado con el medioambiente y para el cual contrató a 50 especialistas y desembolsó más de US$ 1 millón para su primera Adenda.
Entre las observaciones hechas, la Municipalidad de Concepción tildó de “insuficientes” las respuestas del titular en cuanto a su influencia hidrológica, efectos sobre el régimen de sedimentación del Río Andalién y la evaluación de si el movimiento de tierras de la iniciativa podría hacer de barrera biogeográfica para un corredor biológico entre el área del proyecto y el Parque Nacional Nonguén. Sobre el último punto, Aclara consideró que “no”, porque está a ocho kilómetros del parque y además hay tres rutas de carreteras y la zona urbana de Concepción, sin embargo, la entidad indicó que dicha argumentación no era suficiente.
La Municipalidad de Penco, por otro lado, realizó una serie de cuestionamientos en su oficio de 31 páginas. Respecto al monito del monte, criticó que la empresa no monitoreó la especie en un ciclo anual, sino que solo en verano y primavera. También cuestionó el sistema de trampas con que se midió y el que no se indicara con qué fueron cebadas. Aclara declinó dar declaraciones mientras avanzan en la tramitación del EIA.
“Plazos apretados”
Ante la tramitación, Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, comentó que las observaciones generan incertidumbre respecto a si el proyecto podrá aprobarse este año y que “el plan de producción para 2027 se ve bien apretado”.
Consideró que “debiera existir desde el Gobierno un incentivo político a tratar de aprobar un proyecto de esta naturaleza antes de las elecciones o antes de la salida del Presidente, dado que es un proyecto, en general, positivo para la región”.
El experto estimó que un atraso de un año le podría costar al Biobío -que ya resiente el cierre de Huachipato- sobre US$ 100 millones en ingresos o remuneraciones perdidas”.
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