Un documento de 52 páginas ingresó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ante el Servicio Electoral (Servel), en el que oficializa las bases programáticas de cara a la campaña de primera vuelta.
Con un marcado acento en materias económicas, la exalcaldesa de Providencia entrega algunas definiciones, como por ejemplo una meta de crear 1 millón de empleos durante su eventual administración, así como llegar a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4% en el último año de gestión.
El documento de la carta de Chile Vamos también propone que el litio se pueda concesionar; un plan de incentivo para construir 400 mil nuevas viviendas; expandir la sala cuna para apoyar el empleo femenino; y un plan de invariabilidad tributaria por 20 años para grandes inversiones.
"Chile no puede conformarse con un crecimiento mediocre de apenas 2% anual, que reduce las oportunidades, mantiene bajos salarios y asfixia a los emprendedores con burocracia. En el pasado, fuimos un país admirado por nuestra capacidad de crecer, crear empleos y reducir la pobreza. Para volver a serlo, se requiere un plan serio", parte señalando la presidenciable opositora.
Así, refuerza ideas que ya eran parte de su preprograma dado a conocer en abril pasado, como una reducción "inmediata" del impuesto de Primera Categoría -que grava las utilidades de las empresas- de un 27% a un 23%, para luego transitar hacia una tasa de 18% al cabo de una década.
Asimismo, se plantea rebajar a un 10% la tasa que grava a las pequeñas y medianas empresas (PYME). También, la candidatura propone reintegrar el sistema tributario, lo que significa que los socios de las compañías podrán utilizar como crédito en su tributo personal lo que ya tributó la respectiva empresa. Esto, eso sí, estará sujeto a la "sostenibilidad fiscal", dice el documento programático.
La propuesta también reitera la idea de firmar contratos de invariabilidad tributaria entre el Estado de Chile y las empresas por hasta 20 años para grandes proyectos de inversión.
Agresivo plan de ajuste fiscal
¿Cómo se financiará aquello? El documento aborda la necesidad de ajustar las finanzas públicas, con la eliminación de lo que se consideran gastos "mal asignados".
Así, se propone recortar el gasto en US$ 8.000 millones en un lapso de cuatro años, a través de tres vías: se retomará el Presupuesto Base Cero para justificar cada gasto y reasignar recursos a urgencias sociales, priorizando la eficiencia, especialmente en el sector salud; se aplicarán medidas de austeridad, como el crecimiento cero del empleo público, una reducción del 50% en los cargos de confianza y una disminución de los costos operacionales, incluyendo horas extras y viáticos; y se revisarán los 700 programas del Estado para eliminar duplicaciones y aquellos con baja ejecución, "asegurando que los recursos lleguen de manera más efectiva a quienes los necesitan".
Tal como se había comprometido en la precampaña, Matthei propone reducir la cantidad de ministerios en el aparato estatal.
"La creación del Ministerio de Seguridad elevó de 18 (en 1990) a 25 el número de carteras, quedando muy por sobre el promedio OCDE de países unitarios (19 ministerios). Este aumento no ha ido acompañado de una verdadera modernización estatal ni de una mejor coordinación interministerial, lo que genera solapamientos, ineficiencia y más gasto burocrático sin asegurar mejores resultados", dice el documento, por lo que propone que el Presidente de la República, en un plazo de tres meses, entregue una propuesta de reducción de ministerios con la meta de llegar al menos al promedio de la OCDE.
Revisión total del sistema de permisos
También, Matthei aborda la necesidad de una reducción "drástica" de los permisos que "hoy paralizan proyectos".
En este punto, se propone una revisión completa de todo el sistema de permisos sectoriales para inversiones, con la idea de "racionalizarlo".
"Dejaremos sin efecto todas aquellas normas que no cumplan con el examen de legalidad, razonabilidad y sustento técnico. Y se creará un marco de invariabilidad regulatoria para dar certeza a los proyectos ya ingresados", expone Matthei.
Otras medidas en esta línea son instalar en la Presidencia de la República una unidad que estará a cargo de establecer vías rápidas o fast tracks para proyectos de gran envergadura (US$ 100 millones o más), con el fin de "destrabar los cuellos de botella regulatorios" en entidades clave. Además, comenzará con una cartera priorizada de 30 proyectos de infraestructura, considerando su relevancia para la comunidad local y el impacto al desarrollo y empleo regional.
Asimismo, la candidata postula fortalecer la institucionalidad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dotándolo de "autonomía y rigor técnico". Se simplificarán los procesos. Se agilizará la justicia ambiental y se exigirá más transparencia a las ONGs. Además, se buscará reformular el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para simplificar y acelerar los permisos.
Empleo con foco en grupos vulnerables
"La creación de empleo tendrá un enfoque especial en mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Habrá subsidios directos para la contratación femenina, impulso a la sala cuna universal, capacitación en sectores de alta demanda y reformas para que el empleo formal sea siempre más conveniente que la informalidad", complementa la propuesta.
En detalle, se entregará un subsidio monetario, en la lógica del subsidio Protege, para que sea la mujer quien decida dónde cuidar a su hijo mientras trabaja.
Asimismo, se entregará un subsidio de $ 200.000 por seis meses a las mujeres que consigan un empleo formal, incentivando su incorporación al mercado laboral.
El programa también contempla un impuesto negativo al ingreso, mediante transferencias directas a personas de bajos ingresos y con un empleo formal.
"Proponemos el pago directo, automático y sin intermediarios de un complemento al ingreso de personas de menores ingresos y solo en la medida que esas personas estén formalizadas", dice la propuesta.
Litio concesible
En materia de minería, Matthei apunta a una estrategia de potenciar el sector como un motor de desarrollo, para lo cual propone una Estrategia Nacional de Minerales Críticos centrada en el cobre y el litio.
Así, se considera establecer al litio como un mineral "concesible", así como habilitar licitaciones "simples y eficientes", aumentar cuotas en contratos existentes y ampliar la entrega de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOLs) para su desarrollo.
Sobre la mesa también está crear una Oficina de Proyectos Estratégicos con permisos más ágiles y certezas tributarias, además de un mega barrio industrial ecológico para procesar minerales y generar infraestructura que aumente el valor en la cadena productiva.
400.000 nuevas viviendas
En materia habitacional, la candidatura apuesta a la construcción de 400.000 nuevas viviendas para reducir el déficit persistente en el país, además del mejoramiento de otras 400.000 unidades.
Así, se apunta a 400.000 nuevos accesos a viviendas, ampliando el alcance de la política habitacional, incorporando a los sectores medios que hoy no tienen pie a subsidios ni créditos.
"Vamos a redefinir la vivienda de interés público hasta los 4.500 UF. Desarrollaremos un gran paquete de medidas: concretar más soluciones en los programas actuales de construcción, compra y arriendo, mejorar el acceso del crédito hipotecario, crear incentivos tributarios, aumentar la capacidad actual de construcción vía esquema de concesiones, entre otros, todo esto considerando la escasez de recursos públicos", dice el documento.
Adicionalmente, se crearán créditos con "pie cero" para que familias jóvenes puedan acceder a su primera vivienda; se implementará una garantía estatal tipo Fogape para que beneficiarios de subsidio y jóvenes accedan a crédito hipotecario, otorgando a los bancos doble garantía: propiedad y aval del Estado; se ampliarán los beneficios tributarios para créditos hipotecarios; y se eximirá transitoriamente el IVA en primeras viviendas, con beneficios e incentivos al primer comprador.
Para las 400.000 viviendas ya existentes, se retomará el programa de mejoramiento de viviendas y espacios comunes de conjuntos y barrios rezagados, entregando 100.000 soluciones por año.
En cuanto al uso de suelo, se establecerá que todo terreno público en desuso se priorizará para proyectos habitacionales y urbanos, mediante un registro público de suelos estatales y la compra estratégica de terrenos.
"Se eliminarán restricciones al uso de suelo en zonas centrales o con alta inversión urbana para evitar alzas de precios. Además, se intervendrán zonas condicionadas sin avances en vivienda social, habilitando terrenos con inversión pública, ajustes normativos y coordinación entre ministerios, municipios y empresas de servicios", complementa el texto programático.
Seguridad: más inversión y nuevas cárceles
Además de las materias económicas, la propuesta de la exministra también pone acento en la seguridad pública, apostando a una mayor coordinación entre las agencias estatales y también una fuerte inversión en infraestructura.
"Nuestra Estrategia Integral de Seguridad coordinará con inteligencia funcional a todas las instituciones del Estado -policías, Fuerzas Armadas (FFAA), Gendarmería, Aduanas, Sistema de Impuestos Internos (SII), Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Ministerio Público y ministerios sectoriales- para actuar de forma conjunta y rápida", parte señalando la candidatura.
Así, propone inventir US$ 2.500 millones en más dotación policial, mejor equipamiento, tecnología de punta y programas de prevención y reinserción.
"Recuperar las calles implica también controlar las fronteras, modernizar el sistema de inteligencia, cerrar la operación del crimen organizado en las cárceles y reforzar la justicia penal. Aumentaremos en 10.000 la dotación de carabineros, instalaremos cámaras inteligentes, drones y pórticos de reconocimiento, y construiremos cinco nuevas cárceles de alta seguridad en corto tiempo, con protocolos estrictos para aislar a líderes criminales", complementa.
Esto último se complementa con 32.000 nuevas plazas en recintos existentes, así como la expulsión de 3.000 extranjeros condenados, "liberando el equivalente a una cárcel completa", reza el documento.
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Sebastian Valdenegro
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