Horas que parecen semanas. Así describen tanto en Codelco como SQM las maratónicas jornadas en que un centenar de abogados, economistas e ingenieros ultiman el contrato que permitirá a Corfo y SQM, a través de una empresa conjunta, extraer litio del Salar de Atacama.
Y en esas tratativas, un gran ausente ha sido la llamada “cláusula Bitran”: la limitación para que Julio Ponce y su familia, en hasta segundo grado de consanguineidad, participen en el directorio de la minera no metálica.
Aunque en estos días la presión política desde el oficialismo se ha acrecentado para colocar el factor Ponce en el contrato, fuentes ligadas a la negociación afirman que el histórico expresidente de SQM no ha sido mencionado y que él mismo no se ha involucrado, ni directa ni indirectamente, en las tratativas.
Fuentes aclararon que grupo Pampa, Potasios y Global Mining declararon su voluntad de no nominar a Julio Ponce en directorio de SQM.
Profesionales de las compañías involucradas aclararon que la exclusión de los Ponce de SQM se dio en el marco de una conciliación del arbitraje que enfrentaba a Corfo y la minera privada. En ese contexto “el grupo Pampa, Potasios y Global Mining declararon su voluntad de no nominar ni votar por Julio Ponce como director de SQM y se le puso una multa como sanción para el caso de no cumplirlo”. Según las firmas, “eso no está en el contrato o pacto” y la “declaración de voluntad que está vigente hasta el 2030 es parte de la conciliación”.
¿Se podría extender la cláusula en el contrato que va desde 2030 a 2060?
“Es absolutamente inconstitucional que una persona en específico, por su pasado político, el que sea, se le excluya de una actividad económica. Me cuesta encontrar una argumentación jurídica para forzar la interpretación de la ley de que la voluntad de las partes en un contrato pueda permitir esto”, señaló Cristóbal Correa, director de minería y permisos de Lavín Abogados.
“Esto es una amenaza a la libertad de emprendimiento y a la igualdad ante la ley y si se incluye en el contrato, se podría alegar inconstitucionalidad y decretar la nulidad absoluta de éste”, añadió.
“Este es argumento ad homined, hoy es Julio Ponce, pero podría ser después Garretón o cualquiera por sus ideas políticas”, aseveró. “Sería como la ‘Lista de Schindler’”, acotó un profesional que sabe del proceso.
Juan Francisco Sánchez, del estudio Valdivia Legal, señaló que una restricción de esta naturaleza podría incluirse en el pacto de accionistas, aunque no en el contrato. Y explicó que en el marco del arbitraje, la exclusión de la familia Ponce de SQM fue de carácter voluntario. Pese a ello, afirmó que “sería naif pensar que Julio Ponce no ha tenido injerencia en SQM, pero la ha concretado por otras vías, como directores de su confianza”.
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