La actividad minera recibió un duro golpe en El Salvador, luego de que el congreso de ese país aprobara una ley que prohíbe por completo cualquier proyecto de minería metálica, con el propósito de proteger la biodiversidad y los recursos naturales de la nación centroamericana.
La normativa, que fue avalada por 70 de los 84 diputados de todos los partidos políticos, impide las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio.
“Ninguna institución, norma, acto administrativo o resolución podrá autorizar la exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en El Salvador, u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines”, según describe la ley.
De esta manera, se dejan sin efecto todos los procesos que hasta el momento se encuentran abiertos para la obtención de licencias mineras, y da un plazo de dos años –contados a partir de la entrada en vigencia del decreto– a los trabajadores artesanales, de “pequeña escala” y “subsistencia familiar” para “reconvertir” sus actividades a otras que contarán con el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica y financiera del Estado.
De la normativa, solo queda excluido el trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos.
El Congreso también ordenó al Ministerio de Economía proceder “al cierre de minas metálicas” y coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente la reparación de “los daños causados” por los yacimientos para “devolver a la población las condiciones de un ambiente sano”.
Ofensiva en contra de la minería
Desde 2005, al menos seis iniciativas fueron presentadas para vetar la actividad minera en el país, sin embargo ninguna logró avanzar.
La discusión se retomó en febrero de este año cuando miembros de la Iglesia Católica y defensores del medio ambiente emprendieron una férrea campaña para presionar a los legisladores, apoyándose en la necesidad de evitar daños ambientales y proteger la salud de los ciudadanos.
Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el impacto fiscal que tendrá la medida será “poco significativo” debido a que el aporte de este sector al Producto Interno Bruto (PIB) entre 2010 y 2015 ascendió apenas al 0,3%.
Y es que la industria había quedado prácticamente reducida a cero luego de que en 2008 el entonces presidente Elías Antonio Saca estableciera que no se concederían permisos a las empresas interesadas en el país si previamente no se realizaba un diagnóstico sobre los efectos medioambientales de la actividad y si no se promulgaba una ley que regulara al sector.
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