Al fin, tras varias semanas de espera, Google respondió a la demanda que interpuso Copesa contra la tecnológica. En marzo, la firma controlada por el empresario Álvaro Saieh acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que Alphabet Inc abusa de su posición dominante en el mercado de búsquedas y de publicidad nacional, obstruyendo el paso de recursos a los medios de comunicación, entre ellos, La Tercera, el grupo de radios, entre otros.
Recién a fines de abril, se dio a conocer que Google Chile fichó al socio de litigios de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Raimundo Moreno, para llevar adelante su defensa. La multinacional respondió a la demanda que interpuso la abogada Ximena Rojas Pacini con una acción por nulidad de notificación.
En palabras simples, Google alegó que dado que la notificación fue realizada a su filial en Chile y en español no procede. "La demanda debe ser notificada personalmente a los demandados o, bajo ciertas condiciones, conforme al artículo 44 del CPC. Esta es una garantía esencial del debido proceso, poder conocer la demanda y tener el tiempo de presentar una defensa", se desprende del escrito.
“Evidentemente el idioma de la documentación no es simplemente un requisito legal, sino que es parte integrante de la garantía del debido proceso”.
¿En Chile o Estados Unidos?
Bajo la mirada de la multinacional que opera a nivel mundial es "indudable" que las personas a ser notificadas y emplazadas son "Google LLC y Alphabet, Inc" no Google Chile Limitada. "Entender lo contrario implicaría permitir la continuación de un juicio sin el debido emplazamiento y con la consecuente nulidad del proceso", sostuvo la defensa.
Según la tecnológica son Google LLC y Alphabet, Inc. las partes a notificar, cuya personalidad jurídica está domiciliadas en el extranjero, por lo tanto, deben cumplirse los requisitos legales exigidos para la notificación de ambas sociedades, en este caso, en Estados Unidos. "Es una norma excepcionalísima que solo dispone que la notificación puede hacerse a través de otra entidad, esto es, a través de la filial o agencia constituida en Chile, pero no significa una dispensa a las normas aplicables al emplazamiento de un demandado domiciliado fuera de Chile", apuntan.
De acuerdo a Google Chile la forma correcta de notificación es bajo la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, el cual exige como requisito un exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado.
Por ello, Raimundo Moreno expresó que la demanda deberá ser elaborada en inglés y no en español como ejecutó Copesa. "Ese requisito fundamental no fue cumplido en el caso de autos, habiéndose dejado exclusivamente copias en español, siendo que el idioma oficial de los Estados Unidos de América es el inglés. Evidentemente el idioma de la documentación no es simplemente un requisito legal, sino que es parte integrante de la garantía del debido proceso: conocer los hechos que se imputan en el idioma propio del demandado", aseveró.
Google Chile criticó que se le impone cargas que "no le corresponden". Por ejemplo, menciona que se le obliga a realizar la traducción de la demanda y se le carga de "hacerse responsable" de eventuales errores o disparidades entre la traducción y la demanda. "Tener una traducción oficial o que al menos emane de la propia demandante es fundamental para el derecho a defensa", apuntó.
Durante la tarde, el TDLC rechazó los argumentos de Google. A su parecer, "la presentación (de Copesa) no niega la calidad de la filial o agencia de las demandadas".
En concreto, Copesa los demandó porque la publicidad digital experimentó un crecimiento sobre el 600% desde el 2014 hasta el 2023, alcanzando los $ 498.230 millones. Sin embargo, a pesar de la oportunidad de los medios de obtener mayores ingresos por esta vía, en la realidad los medios están siendo privados de ingresos vitales, mientras que Google se lleva la tajada más grande de la torta.
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Magdalena Espinosa
