Se suspende juicio contra farmacias condenadas por colusión: se negociaría indemnizaciones extrajudicialmente
Sentencia de primera instancia obliga a Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada a pagar más de $ 2.000 millones a los consumidores que se vieron dañados por el cartel de precios entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Por: José Troncoso Ostornol
Publicado: Miércoles 8 de enero de 2020 a las 04:00 hrs.
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Por un plazo de 90 días se suspendió el juicio civil que enfrentan las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Farmacias Ahumada, las que, en un fallo de primera instancia dictado a mediados de diciembre, fueron condenadas a pagar más de $ 2.000 millones a los consumidores que se vieron dañados por la colusión ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

La solicitud de paralizar el juicio, en que se suspende el plazo que tienen las empresas para recurrir a la Corte de Apelaciones e intentar revertir el fallo en su contra, fue hecha el 30 de diciembre por el Sernac (que demandó a las cadenas en 2013), las propias compañías y los representantes de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), que se hizo parte en el proceso.
“Como se pide, y habiéndose solicitado de común acuerdo por todas las partes de este juicio, se suspende le procedimiento por 90 días a contar de la fecha de la presentación”, dice la resolución judicial.
¿Cuál es el objetivo de paralizar el juicio? “Se busca llegar a un acuerdo. Es un espacio para buscar una posible solución sin llegar a un fallo judicial. La idea es que, primero, las farmacias no apelen al fallo de primera instancia y, segundo, que asuman el costo de lo que dice esa resolución y buscar la mejor forma de que paguen”, explicó el presidente de Conadecus, Hernán Calderón.
Mecanismo de pago
El 17 de diciembre, a casi seis años de iniciado el juicio, Guinette López Insinilla, juez suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago, dictó sentencia tras la demanda presentada por el Sernac en contra de las farmacias.
El servicio había interpuesto esta acción judicial colectiva luego de que la Corte Suprema ratificara, en septiembre de 2012, la determinación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que condenó a Cruz Verde y Salcobrand al pago de US$ 20 millones de la época.
En el fallo civil de primera instancia, la jueza señaló que los consumidores que contrataron con las farmacias infractoras, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2008, pagando un mayor precio por sus medicamentos, los perjuicios por daño emergente alcanzaron los $ 1.736.961.314.
Respecto a un segundo grupo de personas, al que pertenecen los consumidores que dejaron de comprar los medicamentos en razón al alza de sus precios, el fallo señaló que los perjuicios a pagar por concepto de lucro cesante alcanzan los $ 284.916.956.
El fallo señaló que los consumidores por cualquier medio posible, pueden dar cuenta que son parte de los afectados, tanto porque compraron, como porque padecían alguna enfermedad que utilizara alguno de los 206 medicamentos.
No obstante, cuando se conoció el fallo, el Sernac dijo que solicitaría al tribunal que se establezcan mecanismos automatizados, utilizando los registros que tengan las empresas de las personas que compraron en el período de colusión, u otras alternativas expeditas que también permite la legislación.
Farmacias Ahumada (filial de la multinacional Walgreens Boots Alliance), Salcobrand (del grupo Yarur) y Cruz Verde (ligada al gigante mexicano Femsa) declinaron realizar comentarios al ser consultadas.
Pero la primera de ellas, una vez conocido el fallo civil de primera instancia, aseveró que ya compensó a los clientes afectados. “Respecto de la sentencia de la demanda colectiva interpuesta en febrero del año 2013 por el Sernac, la compañía confirma la posición que ha sostenido durante todo el proceso: la legítima compensación a los consumidores de Ahumada afectados por el caso colusión de las farmacias tuvo lugar el año 2009, luego de que la empresa, voluntariamente, diseñara e implementara, durante siete meses y a lo largo de todo Chile, un plan de restitución de dinero ascendente a $ 2.500 millones”, dijo la compañía mediante una declaración pública.
Recordó que la demanda indemnizatoria se basó en la sentencia del TDLC en la que no fue condenada, tras alcanzar un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía Económica.
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