Las isapres cerraron la semana pasada con hitos decisivos para su futuro. El lunes pasado, el Ministerio de Salud presentó las bases del proyecto de ley corta que dará cumplimiento al fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y buscando dar salida a la crisis de la industria; y este jueves la Superintendencia dio a conocer el indicador de costos del sector (ICSA), que estableció un tope de 2,6% para el próximo incremento de los planes base de las aseguradoras del proceso de adecuación 2023-2024.
Pero los anuncios estuvieron lejos de entregar las señales que espera la industria, que sufre la peor crisis de su historia. El martes su gremio formuló un duro rechazo a la propuesta del Gobierno calificándola como una “lápida para el sector”. Y horas antes, en la Comisión de Salud del Senado, los mismos parlamentarios que apoyaron la iniciativa manifestaron dudas sobre datos clave del diseño de la ley corta y, en definitiva, la viabilidad financiera de este proyecto que se diseña a contrarreloj, ya que hasta ahora el objetivo es enviarlo al Congreso a fines de este mes.
La principal interrogante fue la magnitud de las devoluciones por tablas de factores que instruyó el máximo tribunal -que obligó a las aseguradoras a devolver aquellos recursos captados por encima del parámetro oficial vigente desde abril de 2020-, las cuales se estimaron en $ 1,1 billón o US$ 1.400 millones.
La industria acusa que pagar ese monto –que estiman equivalente a la utilidad total del sistema en 33 años y cuatro veces mayor a su patrimonio- en devoluciones a los afiliados “no da viabilidad a las isapres y como proyecto carece de toda factibilidad financiera”.
Pese a que la autoridades relativizaron la cifra como parte de uno de los escenarios estimados, tanto entre los privados como en exreguladores de salud –que el viernes antepasado se sumaron a la búsqueda de soluciones en una reunión con el Minsal- existe claridad en que ese es el monto de las devoluciones por tabla de factores, punto desde el cual delinean el momento cítico que enfrenta el sector.
El dilema del Gobierno
“Podríamos decir que la cifra es de la magnitud de US$ 1.400 millones, y eso hay que explicarlo rápidamente, porque se trata de una industria que está con un nivel de pérdidas altísimo”, señala el exsuperintendente de Salud Patricio Fernández. Y subraya que a esto “hay que sumar el porcentaje de reajuste de los precios base de los planes (cuyo máximo será de 2,6%) y hay que estar atentos a lo que va a resolver la Corte Suprema en materia de precios GES, y nuevamente a la judicialización. Entonces, las interrogantes son demasiadas y todo tiene que ser analizado para que se valide y precise, para así iniciar un proyecto de ley que vaya encaminado a dar estabilidad financiera al sistema”.
Fernández indica que si bien el Minsal y la Superintendencia han tenido tiempo suficente para realizar un diagnóstico profundo, a estas alturas queda claro que “hay que afinar mucho más el diagnóstico, porque si no las interrogantes son demasiadas y pareciera ser que, en el fondo, no se tiene nada claro. Las autoridades de salud requieren un plazo para que se ordenen, determinen cuál es el monto global, y a partir de eso comenzar el desglose por isapre para determinar cuál está en mayor riesgo, y después ver las alternativas que habría de otorgar plazos para esta devolución”.
Asimismo, ve indispensable que el Parlamento cuente con “apoyo técnico y certeza de que los números que se le entregan sean reales y bien calculados, ya que en sus manos está la responsabilidad de una ley que puede dar un respiro a las isapres o costar el término del sistema, con consecuencias sanitarias, macroeconómicas y políticas gravísimas”.
- ¿Qué pasos debería dar la Superintendencia de Salud?
- Primero, crear una comisión técnica potente constituida por la Superintendencia, por el Ministerio de Hacienda, y apoyar al Parlamento con otros profesionales técnicos que pueden llegar rápidamente a una cifra exacta respecto a los montos que tienen que devolver la isapres.
En segundo lugar, dar certeza respecto a qué va a significar este 2,6% de reajuste del precio base en los ingresos que van a percibir la Isapre de junio en adelante y hacer una proyección, estamos hablando de 24 meses incluyendo también el año siguiente, y dar garantías de qué va a pasar con los eventuales reclamos por ese motivo. Tercero, que de una pauta técnica respecto a cómo resolver los reclamos por precios GES, y si no, que lo resuelva pronto para poder hacer también los cálculo sobre la base de eso.
La real magnitud de las deudas
“De no resolverse las interrogantes, se entiende que la reacción de la industria sea declarar que el sistema no tiene ninguna viabilidad, ya que implica desembolsar recursos a cuenta de algo que va a seguir desfondándose. Distinto es si se hubiese dicho: no hay ninguna manera de no pagar la deuda de los US$ 1.400 millones, pero se les permite compensar el precio base para cerrar el desfinanciamiento en adelante”, recalca el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza.
En efecto, Inostroza subraya que a las cifras en la mesa se deben sumar otros desembolsos adicionales a partir de la fórmula propuesta, que estima del orden de US$ 915 millones. Indica que mientras para la deuda de US$ 1.400 millones se está pensando en plazos de pago en torno a 24 meses, “otro acápite de la propuesta dice que se suspende la aplicación de la nueva tabla de factores –dictada por la Superintendencia en 2020 y reconocida por la Corte Suprema– y se da un plazo a las isapres en el que puedan seguir cobrando el precio final con las tablas antiguas”.
La consecuencia, explica, es que “se va a volver a generar una deuda durante todo el tiempo en que sea inaplicable la nueva tabla, porque la interpretación del fallo es que a nadie le pueden cobrar sobre la base de una tabla que es inconstitucional o ilegal, según su dictamen”.
Inostroza menciona que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “en ninguna parte ha dicho que, una vez que empiece a aplicarse la nueva tabla, se va a compensar esta rebaja por la vía del aumento del precio base de los planes de las isapres, lo cual sería una manera de que la deuda quedara en cero”.
De esta conjunción de factores, advierte que “se está dejando consagrado un déficit operacional del 10% de manera crónica, y nunca se van a tener utilidades de aquí a los próximos 15 o 20 años, porque sólo se va a estar pagando deuda permanentemente. Entonces, ¿qué inversionista está dispuesto a ponerse la mano al bolsillo? Absolutamente nadie”.
-La Superintendencia de Salud ha señalado que el tema de los precios base de los planes no está incluido en el diseño de la ley corta ¿es la forma correcta de enfrentar el problema?
-Es un error, porque nadie está diciendo que había que intervenir la ley que permite cada año modificar los precios, sino que dentro de un proyecto de ley corta especial, para que por una única vez se permita que la rebaja en el precio final por la aplicación de la nueva tabla sea compensada en un mayor precio base pensado para reequilibrar el efecto de la rebaja de ingresos, en un porcentaje a definir que sea técnicamente viable .
La Corte Suprema habla en relación al precio final, que en la mezcla entre tabla de factores y precio base, se puede permitir un cambio entre la rebaja de la tabla y el incremento de precios base manteniendo los precios finales. Pero se cierran a ese canal técnico por razones políticas. El Minsal no se ha abierto a esta solución no se está logrando el cerrar el círculo con la batería de propuestas técnicas que está elaborando.
-¿Ve alguna posibilidad de que la ley corta tal como se ha dado a conocer posibilte una solución a la crisis?
-Yo creo que una solución como la propuesta es inviable y va a llevar a la caída del sistema, porque no hay ningún incentivo a pagar la deuda. Además, nada se dice de la deuda nueva que se puede generar en los próximos dos años y tampoco de la resolución del hoyo financiero de largo plazo de flujo que va a seguir permanentemente, porque no se permite equilibrar el precio base con la baja de la tabla. Entonces, no hay ningún incentivo para restablecer el sistema.
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