Quizás no hay una industria más pendiente de la más mínima señal de su regulador que las isapres respecto del Superintendente de Salud, Víctor Torres.
Así ha sido desde el inicio de la gestión de este médico y exdiputado DC como integrante de un Gobierno que comprometió una profunda reforma a la salud con el fin del actual sistema asegurador privado y su reemplazo por un sistema universal. Pero más allá de esta anunciada transformación que hasta ahora se mantiene en un profundo suspenso, Torres ha debido enfrentar este año dos frentes que marcarán su desempeño en 2023: una crisis financiera histórica de las isapres y los pronunciamientos de la Corte Suprema en temas claves para el sistema privado a través de fallos con un fuerte impacto en su normativa.
En agosto pasado, la Tercera Sala del máximo tribunal se pronunció sobre el alza de los planes base de salud –que sumaban del orden de 300 mil causas- dejando sin efecto la adecuación en curso y ordenó un nuevo proceso para el período 2022-2023 con instrucciones precisas de implementación para el regulador.
Y ahora el sistema enfrenta las consecuencias del segundo “supremazo”a inicios del mes pasado por la aplicación de las tablas de factores, índice que determina otro porcentaje relevante del precio final que pagan los afiliados. Si bien valoran que la corte mantuvo vigente este mecanismo -que pondera variables como la edad y el número de beneficiarios- e introdujo mayor certeza y transparencia, las isapres se mantienen en vilo frente a su implementación por parte de la Superintendencia de Salud. Esto, luego de que su titular declaró que su tarea era “disponer las medidas administrativas para que, si hubo cotizantes que pagaron más que lo que correspondía y cuyo cobro no esté prescrito, esos dineros sean restituidos como excedentes”.
Este viernes 30 de diciembre se cumple un mes del fallo sin que las aseguradoras sepan cuál es la fórmula que aplicará la autoridad. Aunque la Suprema estableció un plazo máximo de seis meses para concluir el proceso, las isapres son enfáticas en pedir la mayor celeridad ad portas del cierre del presente ejercicio donde deben reflejar en sus estados financieros un pasivo financiero cuya magnitud aún desconocen, salvo el efecto por unos $ 40 mil millones anuales menos de ingresos dada la exención del cobro a los menores de dos años.
Si bien Torres aseguró que en la aplicación del fallo seguirá criterios “con connotaciones de racionalidad y de prudencia fundamentales para evitar un efecto económico” ante la comisión de Salud del Senado el 13 de diciembre pasado, los privados están lejos de tener certezas. “El superintendente tiene en sus manos el futuro del sistema privado de salud, dependiendo de lo que haga en relación al fallo. Y a casi un mes aún no se conocen ni ideas generales de lo que viene hacia adelante, ni una declaración en cuanto a que efectivamente se lo va a poner en práctica con todas las medidas para que el sistema siga operando adecuadamente, dando plena tranquilidad a las isapres, sus tres millones de beneficiarios y a las entidades financieras”, indica un ejecutivo del sector, quien sentencia: “si el resultado significa el cierre de isapres, eso no tendría que ver con la Corte Suprema, sino exclusivamente con la decisión que tomó la Superintendencia respecto de cómo implementar el fallo”.
Los próximos retos
En este tiempo en el cargo, Víctor Torres ha cambiado su rutina de viajes entre Santiago y Valparaíso –donde reside y hace clases ad honorem en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso- para instalarse en la capital durante los días de semana dada la contingencia.
Si bien entre sus prioridades de 2023 destaca el fortalecimiento de la Intendencia de Prestadores “con mayores atribuciones en fiscalización para mejorar el acceso de las personas” y de instrumentos como “el observatorio de precios de exámenes que aumentará sus procedimientos comparados”, entre los privados existe consenso en cuanto a que su gestión seguirá marcada por su rol en la implementación de los “supremazos”.
Es que junto a la definición pendiente sobre las tablas de factores, el sector tiene por delante otros dos hitos clave que determinarán los precios del sistema: el esperado veredicto de la Corte Suprema sobre los reclamos contra las primas GES informadas por las isapres en octubre, y el próximo proceso de ajuste de los precios base de los planes de salud, cuyos criterios se formularán en marzo con miras al periodo 2023-2024.
Una señal de lo que viene en materia de GES tuvo lugar el mes pasado en la propia Superintendencia de Salud con una histórica recepción de 138 mil reclamos por la vía administrativa. “Las isapres aplicaron un nivel de reajuste de sus primas GES más allá de la incorporación de las nuevas patologías, exponiendo aún más al sistema. Y lo más probable es que eso va a repercutir cuando la Suprema falle al respecto, y de nuevo estaremos discutiendo sobre devoluciones por reajustes mal aplicados”, advirtió un experto.
En paralelo, muchos en la industria creen que el futuro de las isapres se jugará en la próxima adecuación de los planes base 2023-2024, cuyo mecanismo de ajuste es visto como la principal solución para compensar los efectos de los fallos judiciales. “Dar estabilidad a las isapres debe considerar el incremento de costos, como el de los prestadores que por IPC deben aplicarse en el primer trimestre 2023”, advierte una fuente sobre las decisiones más urgentes.
Un directivo resume así los desafíos que Torres tiene por delante:“además de implementar el fallo por tabla de factores, tiene en sus manos varias definiciones regulatorias críticas para la gestión de las isapres, como las condiciones para implementar el futuro ajuste de precios base, su postura sobre el ajuste GES, la relación con los prestadores y los modelos de constitución de garantías”.
Para los actores de la salud privada el tiempo apremia, no soló para las isapres, sino que para toda la cadena. “Luego de unos meses de calma aparente, el sistema nuevamente empieza a crujir, y eso repercute en las condiciones que están aplicando los bancos. Actualmente, todas las decisiones de inversión se están postergando, ya que resulta imposible pensar en el largo plazo”, indica un gerente de una clínica.
En opinión de varias fuentes consultadas, la prioridad es: “el superintendente y el Gobierno deben dar una señal estructural concreta, no podemos seguir con soluciones a medias”.
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