La semana que se anticipaba como decisiva para las isapres cumplió plenamente las expectativas. Partió este lunes con la presentación de las bases del proyecto de ley corta para cumplir el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y abordar la crisis de la industria por parte del Minsal junto a senadores y diputados; siguió el martes con un duro rechazo del gremio a la propuesta y culminó ayer con la fijación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), que estableció un tope de 2,6% para los incrementos de los planes base de las aseguradoras con miras al proceso de adecuación 2023-2024.
Esta última noticia abrió otro flanco de conflicto entre las aseguradoras y las autoridades. Luego que la Superintendencia de Salud informó a primera hora de ayer que había fijado en “2,6% el porcentaje máximo que las isapres deberán considerar al momento de decidir el ajuste de los precios base de los planes de salud”, el parámetro establecido y su cálculo fueron rebatidos por la asociación gremial.
“La cifra constata un alza en los costos de la salud, asociado a una mayor demanda de prestaciones y de licencias médicas. Sin embargo, el indicador que calculó la Superintendencia de Salud es inferior al incremento real que mostró el uso del sistema”, afirmó la Asociación de Isapres a través de un comunicado.
A partir de su ponderación de factores como las variaciones de los costos de las prestaciones de salud -así como su frecuencia de uso- y en subsidios por incapacidad laboral del sistema privado, el regulador establece desde 2021 el Icsa que fija el límite máximo para las alzas de los planes base que propongan las isapres.
Fuentes del sector puntualizaron que entre los factores que la Superintendencia describió en su método de cálculo para el Icsa correspondiente al año pasado está el “crecimiento del costo de prestaciones de salud en isapres (8,6%) en 2022 en relación con 2021, explicado por el de la cantidad de prestaciones bonificadas (12,7%) dado que el valor unitario bonificado por éstas disminuyó (3,5%)”.
Víctor Torres, Superintendente de Salud
Si bien desde las aseguradoras no se informó respecto del porcentaje que consideran alineado con la evolución de sus costos en el año pasado, trascendió que las aspiraciones de la industria se situaban en niveles de 4% para ese período.
Sobre los pasos que vienen, la Asociación de Isapres indicó escuetamente ayer que cada aseguradora “revisará internamente su situación y evaluará los pasos a seguir”, en relación a que a partir de ayer tienen un plazo de 15 días corridos para informar al regulador su decisión de ajustar o no los precios de los planes de salud y, en caso de hacerlo, el porcentaje específico que aplicarán.
Debate de exautoridades
“Tengo la impresión de que va a ser un duro golpe para las isapres porque es un porcentaje muy inferior al que estaban esperando. Esta cifra hay que explicarla bien y ahora debe haber un rol de transparentar las razones por las cuales se arribó a ese porcentaje y también de explicar a las personas que significa, ya que la falta de información está jugando muy en contra de lo que se está haciendo”, indicó al respecto el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández.
El tema también fue abordado por asistentes al seminario “El Plan de Fonasa. ¿Hacia un fondo único en salud?” organizado ayer por la Universidad Autónoma de Chile. “La resolución de la Superintendencia es un elemento más que va en contra de resolver el problema del seguro privado. Es una espada de Damocles”, sostuvo Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de esa casa de estudios superiores y exsubsecretario de Redes Asistenciales. Agregó que el tope máximo de 2,6% “es una cifra bastante baja si se toma en cuenta el incremento de los costos de la salud en la parte operacional y prestadora, que es bastante más que eso”. A su juicio, esta determinación del regulador hace que el futuro de las isapres “se vea aún más complicado y sombrío”, ya que sumado a las implicancias del fallo de la Corte Suprema “son elementos que se van juntando y que pueden poner en riesgo real el sector privado de seguro de salud”.
Minsal: “Las isapres son
responsables del escenario que enfrentan”
Una dura reacción a las declaraciones de la Asociación de Isapres en rechazo a la propuesta de ley corta que busca dar salida a la crisis de la industria y cumplir el fallo de la Corte Suprema, formularon ayer el Minsal y la Superintendencia de Salud. “Las isapres son responsables del actual escenario que enfrentan”, señalaron, y enfatizaron que la industria “ha reportado ingresos operacionales de US$ 12.248.910.129 desde 2020 a la fecha”. Esto en referencia al período establecido por el máximo tribunal para determinar las próximas devoluciones a los afiliados de los cobros que las aseguradoras hayan realizado por sobre la tabla de factores vigente desde esa fecha.
Este lunes trascendió que la autoridad estima que las devoluciones ascienden a unos US$ 1.400 millones, ante lo cual el gremio acusó que la propuesta de ley corta “carece de toda factibilidad financiera y sería la lápida del sector”. En respuesta, el Minsal aseveró que “dichos ingresos corresponden a “cobros indebidos” por la inconstitucionalidad de la fórmula que utilizaron (...) algunas personas pagaron más de lo que les correspondía por su plan de salud, y las isapres deben restituir vía excedentes esas diferencia”.
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