Se estima que en 2040 las personas mayores de 60 años superarán a los menores de 14 en la región. En 2065, habrá 196 millones de personas de tercera edad, cuatro veces más que en 2015. Estas cifras son parte del informe “Panorama Social de América Latina 2017” que presentó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“América Latina envejece rápidamente y la presión demográfica determinará que la cobertura de los sistemas de pensiones se convierta en uno de los principales ejes de las políticas públicas de las próximas décadas”, afirma el informe.
Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, “el 2020 será el año de menor relación de dependencia en la región. Deberíamos haberlo aprovechado mejor, porque a partir de 2020, va a crecer”.
A pesar de que en la última década se ha logrado aumentar tanto la cobertura (de 53,6% en 2002 a 70,8% de la tercera edad en 2015) como el monto (a un 2,1% anual) de las pensiones, todavía faltan temas por resolver, como las disparidades de género y sustentabilidad financiera de los sistemas existentes, sentencia la Cepal.
Chile de ejemplo
La organización analizó las reformas a las pensiones que se han aplicado en América Latina desde los años ‘80. Resulta que Chile protagonizó tanto el cambio desde un sistema de reparto a la capitalización individual en los años ‘80 (su ejemplo fue seguido por cuatro países) como la tendencia de volver hacia una mayor participación del Estado. Esta última se inició con la reforma en 2008 hacia un sistema integrado (financiamiento público e individual), que se busca profundizar con el sistema solidario que se está discutiendo ahora en el Congreso.
El nuevo sistema ofrece la creación de un sistema de ahorro colectivo con un 5% adicional de cotización patronal, dividido en un 3% que se va a la cuenta personal y un 2% al fondo de ahorro colectivo.
“Nosotros vemos con muy buenos ojos lo que está pasando en Chile, el país está haciendo preguntas correctas, se están creando comités para hacer un análisis profundo. Creo que el proyecto que se presentó avanza hacia un sistema integrado, de administración tanto pública como privada, de pensiones tanto contributivas como no contributivas, que entregan beneficios sin considerar la historia laboral”, señaló Bárcena.
Reformas en la mira
La experta subrayó que la mayor participación estatal ha sido una tendencia en toda la región. En la última década, catorce países han introducido reformas que “reflejan avances en el sistema integral de protección social con un enfoque de derechos y en la construcción de esquemas solidarios con mayor participación pública y medidas de promoción de la igualdad de género”.
“El mercado por sí mismo no va a generar igualdad de género y trato uniforme”, explicó Bárcenas.
Así, la Cepal detalla que Uruguay en 2008 disminuyó los requisitos para acceder a los beneficios del sistema público. Argentina eliminó en 2008 el sistema de capitalización individual para volver al modelo público de reparto, pero recién esta semana modificó la fórmula de ajuste para las pensiones.
En 2010, Bolivia estatizó el sistema de capitalización individual. Nicaragua en 2013 aumentó la tasa de cotización patronal y mejoró los beneficios para los más vulnerables. En El Salvador recién este año se agregó un fondo de ahorro colectivo al sistema de capitalización individual.
Sin embargo, hay otros que prefirieron priorizar la sostenibilidad fiscal de sus sistemas. Brasil aumentó los requisitos para acceder a los beneficios en 2015 y ahora busca aumentar la edad de jubilación para disminuir el déficit fiscal, aunque ha mantenido el sistema de reparto.
En 2015 también, Ecuador vinculó el reajuste de los beneficios a la inflación. Guatemala y Paraguay en 2010 y Honduras en 2014 aumentaron los años de cotización, y la primera junto con Honduras y Costa Rica (en 2015) también subieron la edad de jubilación.
“Las características del mercado laboral (como informalidad, bajos ingresos, desigualdades de género), los déficits del sistema de pensiones (cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera) y la enorme desigualdad generan condiciones para que se avance en un nuevo pacto social previsional, que ponga los esquemas de solidaridad en el centro del debate”, concluye la Cepal, recomendando que las nuevas reformas amplíen la cobertura, mejoren la solidaridad, integren los esquemas contributivos y no contributivos y garanticen la sostenibilidad financiera.
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