La corrupción en el sector público le cuesta entre
US$ 1,5 billón y US$ 2 billones al año a la economía mundial y genera costos muchísimo más altos al contener el crecimiento global, impedir una mayor recaudación pública y limitar la caída de los niveles de pobreza, reveló una investigación difundida ayer por el Fondo Monetario Internacional.
“Si bien los costos directos de la corrupción en la economía son bien conocidos, los costos indirectos podrían ser más sustanciales y debilitadores”, escribió la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. “La corrupción también tiene un efecto corrosivo en la sociedad. Afecta la confianza en un gobierno y erosiona los estándares éticos de los ciudadanos”, agregó.
El estudio “Corrupción: Costos y estrategias para mitigarlos” no apuntó a ningún país en particular, pero destacó que la dependencia en recursos naturales no renovables puede alentar la corrupción y conflictos sobre el control de la materias primas.
El organismo sostuvo que atacar la corrupción es vital para lograr la estabilidad macroeconómica y afirmó que las estrategias para luchar contra ella requieren transparencia, un marco legal claro y voluntad para desregular la economía. El FMI sostuvo que se necesitan leyes anticorrupción más duras y una mayor capacidad de la justicia para perseguir estos delitos.