Los movimientos separatistas de Cataluña lograron una mayoría escueta en las elecciones autonómicas celebradas ayer, lo cual les permitirá continuar gobernando la zona e impulsando sus planes de independizarse del resto de España.
Con un 97,47% de escrutinio, el secesionismo lograba 70 de los 135 escaños del Parlament, menos que los obtenidos en 2015, cuando controlaban 72 escaños.
Con ello, se abría el escenario de que la Generalitat volviera a ser gobernada por el expresidente Carles Puigdemont, requerido por la justicia española por declarar unilateralmente la independencia tras celebrar un referendo ilegal en octubre, y quien siguió los resultados desde Bélgica. Su partido, que pasó de competir como Junts pel Sí (JxS) a Junts per Catalunya (JxC), bajó de los 62 escaños que logró en 2015 a sólo 34, pero se erguía como el más votado dentro del separatismo.
A JxC lo seguía la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que lograba 32 cargos parlamentarios y cuyo líder, Oriol Junqueras, se encuentra en la cárcel por su participación en la declaración separatista.
El partido más radical del separatismo, la CUP, bajaba de los diez diputados que logró en las elecciones anteriores a apenas cuatro en esta ocasión.
El gran ganador de la jornada fue Ciudadanos (C’s), aliado del gobierno de Mariano Rajoy y contrario a la secesión, que se convertía en el partido con mayor representación parlamentaria: tras lograr más del 25% de los votos, se hizo con 36 escaños, nueve más de los obtenidos hace dos años. Se trata de la primera vez que un partido no independentista se convierte en el más votado en las elecciones autonómicas.
Con los resultados, se abre un espacio de negociación en el que el independentismo tiene ventaja para volver a gobernar. No obstante, dado que Madrid suspendió la autonomía catalana, deberá ser Rajoy el que convoque a la investidura, la que debe ocurrir, a más tardar, el 6 de febrero. De no haber acuerdo hasta entonces, la región tendría que repetir las elecciones.
El desafío separatista
El recuerdo aún fresco del referendo independentista del 1 de octubre, en que Madrid dispuso que la Guardia Civil evitara la votación, creó un ambiente de polarización que ayudó a que la participación llegara a un récord de casi 82%, muy por sobre las elecciones de 2015, cuando 77% de los habilitados para votar acudió a las urnas.
La alta participación contribuiría a dar legitimidad a los resultados de una elección que fue convocada por Madrid, luego de que se cesara de sus funciones a Puigdemont y sus aliados.
Desde temprano, Madrid buscaba dar por superado el conflicto con el independentismo catalán. El portavoz del Partido Popular de Rajoy, Pablo Casado, dijo a Financial Times que “si lo intentan y lanzan otra ofensiva a favor de la independencia, afrontarán las mismas consecuencias”. Agregó que las nuevas autoridades sabrán “que tienen que trabajar dentro de la ley y de la Constitución”.
En tanto, desde Bruselas, el exconseller de Puigdemont y aliado de Junqueras, Antoni Comín,manifestó que “la democracia enseñará a Cataluña, Europa y el mundo la voluntad de los catalanes”.
Dilema económico
La crisis catalana golpeó fuerte a la bolsa durante el último trimestre del año, pero también remeció a la economía de la región. Hasta ayer, unas 3.120 empresas habían trasladado su sede a otros lugares de España, según datos del Colegio de Registradores recogidos por el diario Expansión. Asimismo, la Agencia Tributaria (AEAT) reportaba que unas 1.000 compañías habían cambiado el domicilio fiscal, con lo que dejarían de tributar en Cataluña.
El impacto de estas acciones, según el mismo diario, es considerable. Las 62 mayores compañías mueven un total de 11.540 millones de euros, lo que representa un 5,4% de la economía catalana y un 1% de la nacional.
Pese a ello, en un informe publicado antes de los resultados, el banco británico Barclays manifestó que “los riesgos políticos y soberanos de España van a continuar mejorando”, a medida que se abre una vía negociadora con el gobierno nacional.
Ello, agregó, podría allanar el camino para una mejora en la calificación soberana de España. “No descartamos que las agencias de calificación de crédito, que previamente habían situado a España en el camino hacia un ascenso a A (antes de los acontecimientos del 1 de octubre), podrían reconsiderar una mejora en 2018”, sostuvo.
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