Por Ignacio Gallegos F.
“Vuelvo a esta casa con el alma llena de alegría, de responsabilidad y de esperanza. Siento alegría por haber vencido los desafíos y honrado el nombre de la mujer brasileña, de millones de mujeres guerreras, mujeres anónimas que vuelven a ocupar, encarnadas en mi figura, el puesto más alto de nuestra gran nación”. Con esas palabras, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, iniciaba su segundo mandato, el 1 de enero de 2015, tras haber logrado 51,64% de los votos.
Pero después de 17 meses de agitación, cuando todavía no llega a la mitad de su período, la mandataria afronta esta semana una etapa clave en la solicitud de impeachment que podría terminar con su gobierno por, presuntamente, manipular las cuentas fiscales a través de financiamiento ilegal, con el objetivo de esconder el déficit durante la campaña electoral de 2014, cuando resultó reelecta.
El miércoles, el Senado somete a votación una moción para abrir el proceso. Si una mayoría simple de los 81 senadores apoya la iniciativa (en una sesión que se espera dure hasta el jueves), la mandataria sería suspendida de sus funciones por un máximo de 180 días, mientras se le somete a juicio político. El plazo comenzaría a correr este viernes, una vez que ella sea oficialmente notificada.
Posteriormente, una comisión de la cámara alta sería la encargada de verificar la denuncia, oír a los acusadores y a la defensa, y reunir pruebas. Tras ello, formularía un pronunciamiento y lo sometería a votación, para pasarlo al pleno del Senado.
En noviembre, si tres cuartos de los senadores apoyan la destitución, llegaría a su fin al gobierno de Rousseff. Ello marcaría, a la vez, el término de trece años de reinado del Partido de los Trabajadores, actualmente en su cuarto período presidencial, y que ella misma, en su discurso inaugural de enero de 2015, describía como “el proyecto de nación que ha recibido el más profundo y duradero apoyo popular en nuestra historia democrática”.
La jefa de Estado ha dicho que, de ser destituida, acudirá al Supremo Tribunal Federal (STF) para pedir la nulidad del proceso. Es difícil determinar sus posiblidades de éxito en esa instancia, pero la justicia ya desestimó su primera presentación, en la que su defensa argumentada que la petición de impeachment estaba “viciada”.
Aislamiento político
Las encuestas realizadas por los diarios nacionales dan por hecho que este viernes la mandataria terminará siendo apartada de sus funciones, algo que también parece estar asumido en el Palacio de Planalto.
El viernes pasado, una comisión compuesta del Senado aprobó el impeachment por quince votos contra cinco. Sólo los miembros del PT, el PDT y el Partido Comunista de Brasil la respaldaron. En el pleno, estas agrupaciones suman apenas quince votos, 24 menos que los necesarios para evitar que se abra el proceso y trece menos que los requeridos para que la presidenta se salve de la destitución.
Sin embargo, los sondeos aún no son lapidarios para el final del juicio político. El más reciente de Folha de Sao Paulo muestra que la oposición aún no cuenta con los 54 apoyos necesarios para asegurar la destitución de la mandataria.
La asunción de Temer
Rousseff y el PT iniciaron su actual mandato bajo una alianza con el partido más poderoso de Brasil: el PMDB, que tiene más diputados y senadores que cualquier otra colectividad.
Esa misma agrupación es, ahora, opositora a Rousseff y uno de sus principales líderes, el vicepresidente Michel Temer, es quien asumirá el mando si la jefa de Estado es suspendida y, finalmente, destituida.
Por esa razón, el viernes la mandataria se refirió a Temer como un “usurpador del poder” y lo acusó de ser cómplice de un golpe de Estado “disfrazado de impeachment”.
Alejado de las cámaras, el vicepresidente de línea a su equipo político y su plan de gobierno. Entre las medidas más esperadas, están los recortes del gasto fiscal, en medio de un grave déficit y la peor recesión en la historia del país. Para ello, Temer ha manifestado que eliminaría ministerios; entre ellos estaba el de Industria y Comercio Exterior, que, según medios brasileños, finalmente sobrevivirá ante presiones de la Confederación Nacional de la Industria (CNI).
Su ya nominado ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, defendió la adopción de metas fiscales “realistas”, para devolver la confianza en la economía. El ex presidente del banco central dijo que es necesario “mostrar que las medidas harán que la trayectoria de la deuda pública es sostenible”.
Al igual que Roussef y el PT, Temer y su equipo entran esta semana en una fase crucial para sus aspiraciones al poder.
Paul Christopher: "En estos seis meses de juicio político, el gobierno perderá impulso en políticas públicas"
- ¿Qué consecuencias tendría la apertura de un juicio político contra Rousseff en materia económica?
- En el corto plazo, tiene un efecto negativo en la economía. No sé qué pasará en el largo plazo, pero por lo pronto, tenemos una votación este 11 de mayo, para ver si se abre el juicio. Si se vota que sí, y me parece probable, tiene que dejar sus funciones por máximo 180 días. En ese tiempo, ¿qué podrá hacer Temer?
- ¿No cree que pueda hacer cambios significativos?
- Creo que en ese período de seis meses, el gobierno de Brasil pierde impulso en materia de políticas públicas y, al mismo tiempo, se somete a los procedimientos diarios de un juicio político, que creo, harán que continúe la incertidumbre por 180 días.
- ¿Sería mejor que Rousseff se quedara?
- Si se quedara, ¿sería posible que la cámara baja le permita lograr muchas reformas? ¿O es que su credibilidad ya fue enjuiciada? Yo creo que ya lo fue. La esperanza que podemos tener es que Brasil muestre un sentimiento popular de mayor pureza y control de la corrupción en los niveles más altos.
- ¿Cuál es el problema más urgente que enfrenta Brasil?
- Brasil tiene una ineficiencia estructural: no ha encontrado una manera de protegerse de los vaivenes de las materias primas. Cuando suben los precios, también lo hacen los sueldos y se fortalece el tipo de cambio. Esa combinación es muy dañina para el sector manufacturero. Brasil ha fallado en la diversificación de su economía. No sé cuánto tiempo tome, pero claramente será más que el juicio político.
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