Por Ignacio Gallegos F.
Desde el Palacio de Alvorada, a pocos kilómetros de la sede del gobierno en Brasilia, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, seguía ayer la sesión en que el Senado Federal debatía la apertura de un juicio político en su contra.
Junto a sus asesores más próximos, la mandataria preparaba un discurso en el que reiteraría que es víctima de un golpe de Estado. Hoy firmaría la renuncia de sus ministros, sería notificada del proceso de impeachment y dejaría el gobierno en manos del vicepresidente, Michel Temer.
Hasta anoche, 78 senadores debatían el informe de la comisión que recomendaba someter a la jefa de Estado a un juicio político. Las últimas intervenciones agendadas serían las del relator de esa comisión, Antonio Anastasia, y del jefe de la Abogacía General de la Unión, José Cardozo, principal defensor de Rousseff. Tras ello, se procedería al voto oficial, que se esperaba para esta madrugada.
Derrota judicial
La sesión de ayer partió con horas de retraso y fue de alta tensión. Parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT, al que pertenece Rousseff y que ha gobernado el país por trece años) llamaron a suspender la votación por cuestiones de orden, solicitud que negó el presidente del Senado, Renan Calheiros (del PMDB, al que pertenece el vicepresidente).
Por su parte, la oposición argumentó que existe responsabilidad política de la presidenta, acusada de esconder el déficit presupuestario y violar la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Rousseff también sufrió un revés judicial ayer, cuando la corte suprema decidió negarle un recurso para suspender el proceso de impeachment. El ministro Teori Zavascki determinó que la apertura del juicio político “representa la voluntad de casi 370 diputados”, la cual fue expresada “con votaciones de apoyo numéricamente expresivas”.
Hoy, la mandataria sería notificada de la decisión y abandonaría el Palacio de Planalto rodeada de ministros, colaboradores y líderes sociales y de la mano de su mentor político, el ex presidente Lula da Silva.
Comienza el juicio
La Constitución brasileña estipula que, abierto el juicio político, la mandataria estará apartada de sus funciones por un máximo de 180 días. No obstante, no establece un plazo para la duración del proceso en su contra, por lo que Rousseff podría ser destituida del cargo antes de que transcurran los seis meses.
El director administrativo y jefe de análisis de Brasil de Eurasia, Christopher Garman, dijo a Diario Financiero que “el Senado concluirá el juicio mucho antes. Tomará dos o tres meses, porque todos quieren evitar un juicio de seis meses. El presidente Temer querrá que esto termine lo antes posible y él tiene fuerza en ambas cámaras”.
Una vez iniciado el juicio, la comisión de impugnación del Senado reunirá pruebas, escuchará testimonios y determinará si la presidenta debe ser destituida. La instancia elevará sus conclusiones al pleno. Para terminar definitivamente con el gobierno de Rousseff, se requiere el apoyo de tres cuartos de los senadores.
El eventual fin de su mandato significaría, además, el término de trece años de gobierno del PT. Para Garman, la colectividad “no será relegada a la oscuridad, pero tampoco será el partido dominante en la izquierda, como hasta ahora. Se va a convertir en un partido más pequeño. No tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones en 2018”.
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