Venezuela empieza a renegociar su deuda. Uruguay y Brasil ya están exigiendo pagos

El gobierno de Nicolás Maduro enfrentó ayer la primera jornada del proceso que definirá el futuro financiero de Venezuela. El mandatario había adelantado el domingo que 414 tenedores de bonos, un 91% del total, participarían en la reunión en Caracas para negociar la reestructuración de la deuda del país por US$ 60 mil millones.

Sin embargo, según cálculos de Reuters, fueron unas 100 personas las que se presentaron ayer en el Palacio Blanco. “No hubo ninguna oferta, ni términos, ni estrategia, nada”, dijo uno de los participantes del encuentro, que duró menos de media hora. “Fue una oportunidad perdida”, aseguró otro.

Algunos de los tenedores se vieron complicados por la visita -aunque breve- del presidente de la comisión de renegociación, el vicepresidente del país Tareck El Aissami, y el ministro de Finanzas, Simon Zerpa, sancionados por EEUU.

Sumando impagos

Ad portas del inicio de las negociaciones, Maduro aseguró que Venezuela no caerá en default. “Han jugado a que Venezuela se declare en default. ¡Nunca! Nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda”, afirmó el domingo.

Pero sus declaraciones quedaron en duda inmediatamente, ya que el país está al borde del default desde octubre, cuando empezó a retrasar sus pagos.

Ayer, Zerpa aseguró que el incumplimiento del pago de intereses de US$ 27,6 millones por la estatal Corpoelec la semana pasada fue sólo un retraso -del que culpó a Citigroup- y el problema ya fue “resuelto”. El impago, informado por la fiduciaria Wilmington Trust el viernes, abrió el camino para que los inversionistas reclamen la deuda completa, de US$ 650 millones.

Ayer, el Comité de Determinaciones de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que reúne a quince empresas financieras tenedoras de papeles venezolanos, postergó hasta hoy la decisión de si hubo un evento de no pago por otra deuda atrasada de US$ 1.161 millones, que puso al día la semana pasada.

Los países latinoamericanos también están pidiendo sus pagos. A Uruguay se le sumó Brasil, que, según informó ayer el diario Valor, acusó al gobierno de Maduro del retraso de más de dos meses en el pago de US$ 262 millones a los proveedores brasileños de alimentos.

Sanciones de la UE

Sumándose a la presión internacional, la Unión Europea aprobó ayer sanciones al país sudamericano, las que buscan “favorecer un diálogo creíble y significativo”.

Las medidas impiden a las empresas del bloque vender armas, equipos de vigilancia y material para “represión interna” y crean un marco jurídico “para la prohibición de viajar y la congelación de activos” de funcionarios venezolanos, una lista que por ahora quedó vacía.

Las sanciones “se utilizarán de forma gradual y flexible y pueden ampliarse” a los que “no respeten los principios democráticos o del Estado de Derecho” o estén implicados en “la violación de los derechos humanos”, dice el documento.

Por su parte, los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidieron ayer a Maduro resolver la crisis humanitaria y respetar el Estado de Derecho, liberando a los presos políticos.

Dudas pendientes

Venezuela –cuya deuda se evalúa en más de US$ 150 mil millones- tiene que pagar más de US$ 1.500 millones hasta fines de 2017 y otros US$ 8 mil millones en 2018, año de elecciones presidenciales.

Tras el anuncio de Maduro sobre la reestructuración de la deuda, el Tesoro de EEUU advirtió a los estadounidenses –que junto con los canadienses suman casi un 70% de los tenedores de bonos venezolanos- que enfrentarán “duras penas” si negocian con los funcionarios sancionados, haciendo casi imposible lograr la reestructuración.

Ayer, siguiendo a las principales agencias internacionales, la calificadora china Dragong Global Credit Rating colocó al país en su lista de revisiones negativas por deterioro de la economía y la “sombría” perspectiva de reestructuración de la deuda.

A pesar de que el gobierno niega que se vaya a producir un default, al detener el servicio de la deuda, Maduro quedaría con US$ 1.600 millones para la compra de alimentos y medicamentos para este año. “Un incumplimiento liberaría recursos para financiar importaciones, dándole a Maduro impulso político a corto plazo para buscar la reelección”, aseguraron expertos de Eurasia. Pero por otro lado, el default provocará complicaciones para que el país pueda comprar en el extranjero.