El sistema judicial colombiano, tradicionalmente lastrado por la ineficiencia, falta de recursos, protestas y denuncias de corrupción, enfrenta desde principios de octubre el peor paro en casi dos años. Los manifestantes demandan mayores salarios, estabilidad laboral y la participación en la discusión de las reformas del sistema.
El paro empezó el 9 de octubre tras las quejas de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) de que el gobierno violó los acuerdos alcanzados al final de huelga anterior en 2012.
En particular, demandan mayores fondos para contratar de forma permanente a miles de trabajadores que llevan varios años con contrato temporal y que expiran a fines de diciembre. Asonal también insiste que los fondos adicionales incluyan compensaciones durante el periodo de "vacaciones judiciales", desde mediados de diciembre a mediados de enero.
También demandan que la subida salarial que se realizará gradualmente en tres años se implemente en 2015, para cerrar la brecha entre los salarios de los trabajadores en los altos tribunales y los de los niveles más bajos.
Asimismo, piden participar en la reforma judicial que se discute en el Congreso, y que los recientes cambios en la estructura de sueldos de la oficina del fiscal general se reviertan ya que sólo incrementan la burocracia y contribuyen a la ineficiencia del sistema.
El paro ha afectado a miles de audiencias y otros procedimientos. Esto ha tenido un impacto particularmente negativo en el sistema de salud, el cual, debido a sus deficiencias estructurales, normalmente atiende a los pacientes más rápido siguiendo órdenes judiciales. La situación también amenaza con llevar a la liberación de varias personas actualmente en prisión preventiva, acusadas en importantes casos de corrupción.
El paro probablemente terminará cuando el gobierno ceda a las peticiones, como ha pasado en huelgas similares recientes. Mientras tanto, sin embargo, las protestas empeorarán, ampliándose con la participación de otros sindicatos, incluyendo el que representa a los trabajadores del sistema penitenciario.
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