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Publicado: Martes 29 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
El Kremlin se vio sometido a una fuerte presión ayer después de que un tribunal internacional ordenara a Rusia pagar US$ 50 mil millones en daños a los ex accionistas de la compañía petrolera Yukos, en un momento en que la Unión Europea y Estados Unidos preparan nuevas sanciones contra Moscú por su papel en la crisis de Ucrania.
Un panel en La Haya concretó la mayor compensación concedida en un caso de arbitraje al dictar que hace una década las autoridades rusas llevaron a cabo una serie de ataques “políticamente motivados” contra Yukos y que buscaban destruir a la compañía y mandar a su principal accionista, Mikhail Khodorkovsky, a la cárcel.
Los antiguos activos de Yukos forman hoy parte de la estatal Rosneft, el mayor productor de petróleo del mundo.
Los líderes de las cuatro mayores economías de la UE -Alemania, Gran Bretaña, Francia y Italia- mantuvieron una conferencia telefónica con Barack Obama, en la que el presidente de Estados Unidos afirmó que estaba dispuesto a unirse a la UE en la ampliación del régimen de sanciones.
“A pesar de los numerosos llamados dirigidos al presidente Putin, Rusia no ha presionado realmente a los separatistas para que negocien o tomado las medidas concretas previstas para asegurar el control de la frontera entre Rusia y Ucrania”, dijo el Palacio del Elíseo en un comunicado. “Los cinco (líderes) confirmaron, en estas condiciones, su intención de adoptar nuevas medidas”.
Según un borrador de la legislación de sanciones de la UE, que será discutido hoy en Bruselas, las medidas prohibirían a cualquier europeo invertir o aconsejar sobre una nueva deuda u oferta de acciones de cualquier banco ruso que tenga más del 50% de propiedad estatal.
Además, incluyen sanciones energéticas que prohíben la exportación de tecnologías altamente sofisticadas necesarias en la perforación en aguas profundas, la exploración del Ártico y proyectos de petróleo, así como el embargo de armas.
Corte Suprema respaldó el actuar de la alcaldía, pero el privado busca una millonaria indemnización, lo que ya fue rechazado por la justicia en primera instancia.
El anuncio, que la secretaria de Estado realizó durante la cuenta pública desde la Universidad de O´Higgins en Rancagua, refleja una leve alza respecto de la última medición de 2022 que lo situó en 0,38%.